Los gobiernos empiezan a deteriorarse mucho antes de que la sociedad alcance a percibirlo. Primero dejan de escuchar. Después pierden la capacidad de entender los problemas. Al final terminan ocupados en resolver sus propias crisis mientras millones de ciudadanos siguen esperando que alguien resuelva las suyas. Baja California parece vivir exactamente ese momento.
El segundo audio difundido por Héctor de Mauleón volvió a colocar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila en el centro de la discusión nacional. Ella misma reconoció que aquella reunión existió. El debate gira ahora alrededor de la verdadera identidad de sus interlocutores. Mientras eso ocurre, los indicadores del estado cuentan una historia mucho más preocupante.
Baja California no es cualquier entidad. Comparte frontera con la economía más poderosa del mundo, concentra una de las plataformas industriales más importantes del país y posee una sociedad acostumbrada a competir. Con esas ventajas, tendría que ser referente nacional en desarrollo y calidad de vida.
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Los números muestran otra realidad. Baja California continúa entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos del país. En Mexicali, siete de cada diez habitantes dicen sentirse inseguros; en Tijuana, prácticamente dos de cada tres. Son cifras oficiales, no percepciones políticas.
Sería injusto negar la reducción reciente en homicidios reportada por el Gobierno Federal. Toda disminución merece reconocerse. Pero los buenos resultados no se sostienen únicamente con operativos. Se sostienen con policías confiables, ministerios públicos capaces de investigar, inteligencia, prevención e instituciones fuertes. Ahí sigue estando la principal deuda.
La economía refleja la misma contradicción. La fortaleza de su industria y de su dinámica fronteriza mantiene indicadores laborales superiores al promedio nacional. Sin embargo, las señales de incertidumbre para la inversión comienzan a multiplicarse. El anuncio del traslado de parte de la producción de la Tacoma de Toyota hacia Texas es un recordatorio de que la competitividad nunca está garantizada.
Baja California nunca ha sido un estado sencillo de gobernar. Su condición fronteriza, la presión migratoria, la disputa entre organizaciones criminales y la integración económica con California exigen experiencia, equipos altamente especializados y capacidad para anticipar escenarios. Gobernar Baja California siempre ha sido un desafío para estadistas, no para improvisados.
Cuando una elección deja de premiar los buenos gobiernos y castigar los malos, algo empieza a romperse. La experiencia cede espacio a la improvisación. La capacidad técnica deja de ser indispensable. Poco a poco, gobernar deja de ser una responsabilidad para convertirse en la simple administración del poder.
Quienes conocemos Baja California desde hace décadas sabemos de la enorme capacidad de su gente para salir adelante. Este estado ha superado crisis económicas, violencia, desastres naturales y enormes retos migratorios. Nunca le ha faltado carácter. Lo que hoy comienza a extrañarse es un gobierno con la misma capacidad para enfrentar desafíos de esa dimensión.
Los audios dejarán de ocupar los encabezados. También cambiarán los nombres de quienes hoy ejercen el poder. Las instituciones deberían permanecer. Ahí se conoce la verdadera dimensión de un gobernante.
Baja California sigue siendo un gran estado. Lo preocupante es que hace tiempo dejó de tener un gobierno de la misma dimensión.