Mientras a Ernesto Ruffo lo trasladaron al Altiplano en cuestión de días por tener 30% de las acciones de una empresa importadora, cuatro gobernadores emanados de Morena —Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Baja California— llevan meses señalados formalmente por el gobierno de Estados Unidos de sostener vínculos con el crimen organizado, y ninguno ha pisado una celda o al menos está siendo investigado. La diferencia no está en las pruebas: está en a quién protege el aparato de justicia mexicano. Y ese aparato —el Poder Judicial que se rediseñó el año pasado a marchas forzadas, con jueces electos por primera vez en las urnas— es hoy, más que un contrapeso, una coartada.
Llamar a esto un narco Estado no es un exceso retórico ni una metáfora, es la conclusión que se desprende de sumar, uno por uno, expedientes que ya existen y son públicos. Un gobernador acusado formalmente de narcoterrorismo por una fiscalía extranjera. Un secretario de seguridad estatal señalado como jefe de una célula criminal. Funcionarios morenistas que se ofrecen como informantes a un gobierno extranjero antes de que los alcance el suyo. Y una reforma judicial que, en nombre de la democracia, dejó más débil justo al poder que debía investigar todo lo anterior. Estos son los hechos que sostienen esa conclusión:
- Un gobernador acusado de narcoterrorismo que sigue de gobernador. El 29 de abril de 2026 la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, junto con otros nueve funcionarios, de asociarse con “Los Chapitos” para garantizarles impunidad operativa a cambio de apoyo político y financiero. Rocha Moya pidió licencia apenas para librar el fuero, no para responder ante ningún juez; hoy se especula abiertamente sobre su regreso a Culiacán. Que sea una fiscalía de Nueva York, y no la mexicana, la que documente la asociación de un gobernador con el Cártel de Sinaloa dice más del Estado mexicano que del propio Rocha Moya… ahhh y no es uno, al menos son cuatro gobernadores de Morena y eso sin sumar Tabasco que podría estar en la lista con el ex gobernador, hoy senador.
- Hasta los propios funcionarios de Morena están cambiando de bando. Según una investigación de The New York Times, al menos diez funcionarios públicos mexicanos —entre ellos gobernadores y legisladores cercanos a López Obrador— se han ofrecido como informantes ante autoridades de Estados Unidos, entregando información sobre otros políticos vinculados al narcotráfico antes de que la acusación los alcance primero a ellos. Dicen que por eso no se va Rocha Moya, porque el gobierno no lo deja por todo lo que sabe y ha hecho… ¿pudiera ser que hasta la legitimidad de Claudia Sheinbaum esté en entredicho? ¿Su campaña fue pagada por el crimen organizado?
- El 1 de noviembre de 2025 asesinaron a balazos al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en el funeral, la gente le gritó “asesino” al gobernador y lo corrió a empujones. Uno creería que es un hecho aislado pero se suma a una larga lista de alcaldes asesinados y aunque no todos responden a los mismos motivos, es de llamar la atención que de entonces a la fecha se suman dos alcaldes más de Michoacán, cuatro de Oaxaca, al menos uno en Morelos, otro en el Estado de México, otro en Hidalgo y otro en Guerrero.
- El único poder que podía frenar todo esto se debilitó justo a tiempo. La reforma judicial de 2024-2025 llevó a las urnas, por primera vez, la elección de jueces y ministros, con un diseño apresurado, presupuesto insuficiente y criterios de evaluación tan laxos que hasta la elegibilidad de algunas juzgadoras terminó impugnada. Human Rights Watch documentó que el proceso socavó la independencia judicial; observadores internacionales señalaron irregularidades desde la etapa de postulación de candidaturas. No es casualidad que, mientras a gobernadores acusados de narcotráfico no los toque ni la sombra de un juez, a un accionista minoritario sin cargo público sí le haya alcanzado, en 21 días, una jueza de guardia con su propia elegibilidad impugnada.
- El fuero y la “licencia” como escudo, nunca como puerta a la justicia. Ningún gobernador señalado ha enfrentado en México una sola diligencia real: Rocha Moya se protegió con una licencia, Marina del Pilar sigue gobernando pese al audio en el que ella misma pregunta si la van a extraditar, y Villarreal y Bedolla ni siquiera han tenido que explicarse ante un fiscal local. La misma fiscalía que sí tuvo tiempo para armar en 21 días un expediente contra un opositor de 74 años no ha tenido, en meses, uno solo contra sus propios gobernadores. Esa asimetría es la prueba, no una sospecha.
Ninguno de estos cinco puntos es una teoría de conspiración: son expedientes, acusaciones formales, fiscalías —mexicanas y extranjeras— y hechos ya documentados públicamente. Sumados, describen algo más grave que la corrupción de un funcionario o de un partido: describen un Estado en el que el crimen organizado ya no necesita comprar voluntades sueltas, porque tiene al mismo tiempo gobernadores, secretarios de seguridad y un Poder Judicial recién debilitado que no puede —o no quiere— tocarlos.
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Ese es el estándar real con el que hay que medir todo lo demás: si hace falta que un fiscal de Nueva York, y no uno mexicano, acuse a un gobernador de narcoterrorismo; si el propio partido en el poder prefiere delatarse ante Washington antes que confiar en su fiscalía; y si la única persona que terminó en el Altiplano es un opositor sin pruebas sólidas en su contra, entonces no hace falta un expediente más para dictar la sentencia: el Estado mexicano, tal y como opera hoy, es corrupto al cien por ciento. Lo insólito ya no es decirlo. Lo insólito sería seguir fingiendo que no se ve.