Hace 37 años Ernesto Ruffo Appel se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia de México: derrotó al PRI en Baja California en 1989, cuando ganarle una elección al partido oficial todavía parecía imposible. Esa victoria abrió la puerta a la alternancia, a la credencial para votar con fotografía y a las instituciones electorales que hoy damos por sentadas. El 16 de julio de 2026, a los 74 años, fue detenido en Ensenada —la misma ciudad donde empezó su carrera política como alcalde y en donde sigue viviendo— acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible. Tres días después, una jueza le dictó prisión preventiva oficiosa y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.
El caso, según la Fiscalía, gira en torno a “Ingemar”, una empresa con permisos para importar combustible que habría metido más litros de los declarados en 129 pipas de ferrocarril. Ruffo es accionista minoritario, con 30% de las acciones, según su propio abogado. No es poca cosa acusar de huachicol fiscal al hombre que rompió 60 años de hegemonía priista. Pero antes de aceptar el expediente como verdad revelada, vale la pena mirar los hechos y, sobre todo, el contexto en el que ocurren. Estos son los puntos que sostienen su defensa:
- Un accionista minoritario, no un operador. Fernando Gómez Mont, gran abogado que asumió la defensa de Ruffo, ha sido claro: su cliente tiene 30% de Ingemar, pero no interviene en la logística ni en el transporte del combustible. La empresa, dice, contrató a una transportista para introducir lo que tenía autorizado importar; si hubo un ingreso adicional de hidrocarburo, la responsabilidad sería de esa transportista, no de un accionista sin control operativo. Gómez Mont fue todavía más contundente: "no hay un documento que sostenga seriamente esa teoría del caso." Casi cuarenta horas de audiencias y, según la defensa, ningún elemento sólido que ligue a Ruffo con el crimen organizado.
- El doble rasero que nadie en Morena quiere explicar. Mientras a Ruffo se le dictó prisión preventiva en cuestión de días, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sigue en su cargo pese a que autoridades estadounidenses cancelaron su visa y la de su expareja por presuntos vínculos con una célula del Cártel de Sinaloa, y pese a un audio en el que ella misma pregunta si la quieren "llevar de extradición". El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado formalmente de narcoterrorismo por fiscales de Nueva York, únicamente "pidió licencia" y hoy se habla de su eventual regreso al gobierno Culiacán. Ninguno de los dos ha pisado una celda. Al único que sí metieron a la cárcel fue al opositor sin cargo público y que es evidentemente inocente.
- Ni siquiera es un caso limpio para acusar. El propio exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, reconoció que había funcionarios ligados al contrabando de huachicol durante el tiempo en que él estaba a cargo de vigilar las aduanas, y aun así centró su declaración en responsabilizar a Ruffo. Es la aduana —controlada por el gobierno federal— la que autoriza, sella y revisa lo que entra al país. Si 129 pipas cruzaron con litros de más, la pregunta obligada es quién las dejó pasar, no solo quién tenía acciones en la empresa dueña del permiso.
- Voces que no son precisamente activismo panista. No solo Kenia López Rabadán o Vicente Fox han cuestionado el proceso. No es un tema del PAN ni de “Somos México”. ¡Es sentido común! Se necesita al gobierno y a las Aduanas para permitir que el huachicol pase y Ruffo no tiene influencia alguna en ninguno de ellos. Cuando la duda cruza líneas partidistas, deja de ser una defensa gremial y empieza a ser una alerta legítima sobre el uso político de la justicia. Una persecución política.
- Lo que Ruffo representa, y por eso incomoda. Ruffo no es un detenido cualquiera: es el hombre que le demostró al país que la democracia es posible. Encarcelarlo sin pruebas sólidas —o con pruebas que claramente no existen— envía un mensaje que trasciende su caso individual: que ni el símbolo más antiguo de la alternancia democrática está a salvo de un expediente armado a modo cuando conviene distraer la conversación pública.
- Hay otro dato que vale la pena pensar, a Ruffo, lo acusa la Fiscalía por supuestamente recibir transferencias por 18 millones de pesos… el delito de Huachicol está calculado en 180 mil millones de pesos anuales… o sea el tema de Ruffo representaría el 0.01% del problema de un año (de ocho que lleva pasando)… o sea si fuera cierto (que claramente no lo es) atrapar a Ruffo representaría el 0.00125% de la solución. Realmente risible.
Nada de esto significa que Ruffo deba quedar exento de rendir cuentas si existen pruebas reales en su contra; faltaría exactamente a lo que él mismo ayudó a construir. Pero no existen y estamos ante una clara cortina de humo. Lo mínimo es exigir el mismo rigor para todos —incluidos los gobernadores de Morena bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado que hoy despachan tranquilamente— no es pedir un privilegio, es exigir el estándar mínimo de cualquier Estado de derecho.
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He tenido la dicha de contar muchos años con la amistad de Ernesto Ruffo y es un hombre íntegro y transparente. Es una persona sin dobles intenciones y sin inteligencia perversa, ni siquiera lo considero capaz de orquestar una trama con la sofisticación que se necesita para lograr un ilícito como del que lo responsabilizan. Empieza la persecución política y con ella el autoritarismo.