Llevo semanas releyendo a Margaret Atwood. No solo por la precisión de su prosa, sino por una virtud particular: la capacidad de mostrar lo que ya estaba ahí, oculto a plena luz, y que, sin embargo, no veíamos. Sus historias no adivinan el futuro, explican cómo se transforman las sociedades sin que nadie note el instante exacto en que dejaron de ser las mismas.
Pensé en ella el domingo, cuando Daniel Ortega anunció que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones". La noticia se leyó como un quiebre. La ruptura real había ocurrido mucho antes, cuando todavía era imperceptible.
Nicaragua no despertó un día sin comicios competitivos. Fue el desenlace de una trayectoria: partidos suprimidos, opositores encarcelados o exiliados, jueces sin independencia, prensa perseguida... Cada decisión abarató el costo político de la siguiente, hasta volver rutina lo excepcional.
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El momento tampoco es casualidad: según el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), el mundo tiene hoy, por primera vez en dos décadas, más autocracias que democracias. Y de acuerdo con un informe reciente de ONU Mujeres, a nivel global las mujeres solo gozamos del 64% de los derechos jurídicos que tienen los hombres. Un indicio de una constante poco nombrada: la erosión institucional de las democracias y el retroceso en derechos de las mujeres no son procesos paralelos, son el mismo proceso.
Y Nicaragua lo demuestra con una precisión brutal. Desde 2018, el régimen de Ortega-Murillo ha eliminado arbitrariamente numerosas organizaciones de atención a mujeres. Los refugios para sobrevivientes de violencia fueron desmantelados y los pocos que quedan operan en clandestinidad para evitar la persecución. Desde 2014, por decreto, se redefinió el delito de feminicidio para reconocerlo únicamente cuando existía una relación sentimental entre víctima y agresor. El resto de los casos, simplemente, se archiva como otra cosa.
Ningún decreto dijo nunca "vamos a desproteger a las mujeres". Bastó con desmantelar, una por una, las organizaciones, las cortes y los contrapesos de los que depende esa protección. Los derechos de las mujeres no se derogan primero: se quedan sin la infraestructura institucional que los hace exigibles.
Aquí, la política pública se vuelve advertencia. Incluso investigaciones feministas muestran que el retroceso de derechos de las mujeres no acompaña el retroceso democrático más amplio, lo antecede. No hace falta una dictadura. Basta con vaciar de autonomía a los organismos que vigilan, sancionan y reparan, y confiar en que nadie note la diferencia hasta que ya sea demasiado tarde para revertirla.
Vale la pena preguntarnos qué tan lejos estamos de eso en México. No porque seamos Nicaragua, sino porque ciertos mecanismos resultan familiares. La reforma judicial de 2024, la desaparición de organismos autónomos y el debilitamiento de programas de apoyo y sostén para mujeres han sido documentados como parte de la misma lógica: contrapesos capturados o desmantelados. Mientras el país celebraba a su primera presidenta, el nuevo andamiaje institucional representó, en los hechos, una regresión frente a décadas de avances hacia la igualdad sustantiva.
He ahí la paradoja institucional: mientras mejor funcionan los contrapesos, menos se notan. Solemos advertir su importancia únicamente cuando su ausencia deja de ser hipótesis y se vuelve experiencia. Para las mujeres, esa experiencia llega, casi siempre, primero y en silencio.
Quizá por eso releer a Atwood es, además de un placer, una exigencia cívica: el problema nunca es el momento en que se advierte el gran cambio, sino la acumulación de todas las decisiones que lo hicieron posible.
Una democracia no se apaga de golpe. Se apaga política tras política, hasta que alguien anuncia lo obvio y el mundo lo llama noticia. Ortega no canceló las elecciones el domingo pasado. Las canceló hace años, una organización de mujeres a la vez.