Mientras esta semana la conversación se centró en especulaciones sobre la vida íntima de figuras públicas pasadas, la Secretaría de las Mujeres continúa sin titular y permanecerá así hasta finales de agosto. Sería difícil imaginar algo semejante para Hacienda, Economía o Gobernación sin una crisis política inmediata. Sin embargo, desde Presidencia, se presume como un acierto.
Esta misma semana, Carmela Juárez, sobreviviente de violencia feminicida, volvió a exigir algo básico: que el Estado la reconozca como víctima. Pero esto no es solo un retraso procesal, es la confirmación de una costumbre institucional: reaccionar solo cuando la violencia es irreversible y abandonar a las víctimas cuando empieza la batalla más larga, la de sobrevivirla.
Así la fotografía del país: once mujeres asesinadas cada día. Dos de cada tres han vivido violencia. En más de la mitad de los casos, el agresor fue su pareja o expareja. Tan solo entre enero y abril de este año, el Secretariado Ejecutivo registró 228 presuntos feminicidios. A ello, se suman miles de llamadas de emergencia, denuncias por violencia familiar y lesiones dolosas que muestran algo elemental: la violencia feminicida casi nunca irrumpe de golpe. Escala. Se anuncia. Deja señales.
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Y este gobierno lo sabe. Tiene datos para anticipar trayectorias de riesgo y, sin embargo, sigue usándolos como archivo de tragedias consumadas. Sabemos cuántas mujeres mueren, pero seguimos sin saber cuántas sobreviven a un intento de feminicidio. Ese vacío es absolutamente político.
El caso de Carmela Juárez obliga a nombrarlo claramente: a las sobrevivientes es mejor ignorarlas. Porque somos testigas y prueba viva de la negligencia, del fraude institucional. Incomodamos, porque la violencia feminicida no solo busca matar, busca castigar, disciplinar, quebrar, instalar una batalla silenciosa que se libra todos los días: levantarse, comer, trabajar, volver a habitar el cuerpo sin sentirlo territorio tomado.
Y no existe política pública para este proceso. La Secretaría creada como emblema feminista de este gobierno, ni siquiera admite su propia corresponsabilidad: no ha logrado traducir su existencia en prevención o atención efectiva ni en rutas verificables para reconstruir autonomía.
Conozco esa realidad no solo por participar de la discusión pública del tema, sino por haberlo vivido en carne propia. Y eso me enseñó algo que ninguna estadística registra: sobrevivir no equivale a recuperar libertad.
Se espera que rehagamos nuestras vidas como si bastara con haber sobrevivido. Como si la supervivencia trajera consigo reparación material, acompañamiento psicológico o condiciones mínimas para empezar de nuevo. Tengo noticias, no las trae.
Ni siquiera saben cuántas somos... muchas no denunciamos. No porque la tentativa haya sido menor, sino porque sobrevivir exige administrar miedo, soledad y silencio al mismo tiempo.
Y, sin embargo, el Gobierno podría saberlo, si así lo quisiera. Con los datos que ya produce podría construir proxys, cruzar variables, anticipar trayectorias de tentativa y construir un registro nacional de sobrevivientes capaz de dar prevención, reparación y seguimiento especializado y efectivo.
No hacerlo no revela una falla metodológica, revela una decisión política: dejar fuera del diagnóstico a quienes sobrevivimos para no asumir el costo institucional de acompañarnos. Ese vacío no es un descuido administrativo. Es una forma deliberada de ausencia.
Reconocer a las sobrevivientes implicaría aceptar algo más incómodo que contar a las asesinadas: admitir que la violencia feminicida no está siendo atendida en todo su ciclo. Continúa después, en la precariedad, en el silencio, en el abandono institucional que convierte la supervivencia en una condena privada.
Y un gobierno que sólo aparece para contar a las mujeres cuando ya las mataron no está previniendo la violencia feminicida: está aprendiendo a administrar la muerte.