La península de Baja California es estratégica para el desarrollo de México… y para los cárteles criminales.
Los grupos políticos, económicos y criminales de esa región han buscado mantener un bajo perfil para ocultar la importancia de esta parte del territorio mexicano que abarca 145,359.4 kilómetros cuadrados, que representa el 7,4% de la superficie total nacional, considerando Baja California y Baja California Sur, que suman 3.7 millones de habitantes. Convirtiéndose en una de las regiones más extensas y menos densamente pobladas de México.
La riqueza de la región es enorme y no sólo es turismo. En energéticos y en minerales, sólo Baja California Sur es líder en yeso, fosforita y sal (teniendo la empresa del Estado, Exportadora de Sal, una de las salineras a cielo abierto más grandes del mundo, y desaprovechada por las autoridades que han permitido la corrupción), además tienen importantes yacimientos de titanio y litio, ambos minerales críticos.
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La región tiene un altísimo valor pesquero y acuícola, y en el equilibrio ecológico mundial, pues el Golfo de California (Mar de Cortés) alberga el 39% del total mundial de especies de mamíferos marinos y un tercio de los cetáceos del planeta, y es el santuario de reproducción de la ballena gris.
Por su posición geográfica, esta península es una ruta comercial sustancial, por ser frontera terrestre y marítima con Estados Unidos, y las rutas hacia Asia-Pacífico.
Sólo que los gobiernos federales no han puesto mucho interés en la región como uno de los polos estratégicos de desarrollo, y así la corrupción se ha mantenido intocada, primero operada por los panistas, luego perredista y ahora morenistas.
En el ámbito criminal, primero fue territorio de la familia Arellano Félix, luego se la arrebató la familia de Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”) y ahora se está convirtiendo en zona de la familia Zambada y sus aliados.
Para estos grupos la península significa conexión para la venta de drogas y trata y tráfico de personas hacia Estados Unidos; también para la llegada de insumos procedentes de Asia para producir drogas sintéticas y al mismo enviar el producto ya terminado a varios países, incluido Australia, por ejemplo.
Los documentos de investigación de Estados Unidos también mencionan la región como un espacio para el narcomenudeo, para el lavado de dinero —al invertir en servicios al turismo y en contratos con gobierno— y el apoderamiento del Estado a través de las extorsiones, especialmente en la administración del agua, un insumo escaso y vital en toda la península.
Después de “El Mayo”
Este lunes se conoció en Estados Unidos la condena a cadena perpetua de uno de los capos históricos y más poderosos de México: Ismael Zambada García (“El Mayo”), y esta acción da el banderazo final para que en nuestro país se dé la recomposición de la geografía criminal.
Aunque esta recomposición inició hace dos años con la extracción de Zambada García del país para llevarlo a territorio estadounidense, los cambios territoriales no han sido tan rápidos.
Al principio continuó la dinámica de la guerra que había iniciado tiempo atrás, por la alianza que existía entre los hijos de “El Chapo” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en contra de la familia Zambada que aglutina a por lo menos 14 líderes criminales regionales con alto poder, entre ellos: los hermanos Cabrera Sarabia; René Bastidas Mercado, alias “El 00”; Alexander Sánchez Félix, alias “El Ruso”; los hermanos Arzate García; Alfonso Limón Sánchez, alias “El Limón”; la familia de Los Salazar; el grupo de “Los Chukys”; la familia Caro Quintero, y Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.
Después se atizó y amplió esta confrontación a varios territorios, pero en muchos de los casos fueron ataques directos a líderes criminales que minaron la fuerza de los llamados “Los Chapitos”, además de las detenciones de personas cercanas a ellos y de líderes del CJNG, que incluyó la captura de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”).
En esta reestructuración uno de los territorios que prácticamente se ha redefinido a favor de la familia de “El Mayo”, y que está poniendo al descubierto a los grupos políticos vinculados a los grupos criminales, es precisamente la península de Baja California. Teniendo como epicentros del poder Tijuana y Los Cabos.
Ante el incremento de las extorsiones a empresas trasnacionales y tras el asesinato del exsuprocurador Bernardo Soriano, en marzo pasado agentes de la DEA se reunieron con funcionarios estatales de Baja California Sur y municipales. Las conversaciones fueron secretas, pero la presencia vistosa quería enviar un mensaje concreto: la agencia estadounidense sigue de cerca lo que ocurre e investiga, porque el exfuncionario asesinado era uno de sus enlaces confiables.
La violencia no cedió. Creció de diversas formas, todas ellas bien planificadas y sólo mostró la tensión dentro del gobierno y las posibles complicidades. Aparecieron mantas en varios puntos de la ciudad de Los Cabos y La Paz, acusando a funcionarios públicos de estar vinculados con el grupo de “Los Chapitos”; en las redes sociales se reportaron varias cuentas en donde detallaban esos vínculos desde la fiscalía, la autoridad municipal y el gobierno estatal.
Se dieron al mismo tiempo secuestros en los que familiares de las víctimas señalaban a la policía municipal de Los Cabos. En esas fechas el director operativo de esa policía, Edilberto M. asesinó a la agente Citlali, quien había estado denunciando corrupción interna.
Hace unos días, el reportero José Luis Montenegro dio a conocer en su podcast que hubo una reunión en mayo pasado ocurrida en Baja California Sur entre representantes de “El Chapo Isidro” con funcionarios del gobierno para exigir que “Los Chapitos” dejaran el estado y esa misma noche Iván Archivaldo Guzmán habría dejado la ciudad de Los Cabos, uno de sus últimos refugios. Las fuentes que he consultado me aseguran que sí se dio esa reunión, pero que ese ultimátum se dio por diferentes vías para que llegara el mensaje, y uno de los mensajeros para “Los Chapitos” habría sido el entonces oficial mayor del municipio Carlos Alberto Beltrán, quien renunció a su cargo el 25 de mayo y desapareció.
Beltrán, antes de ocupar el cargo, fue uno de los operadores financieros de la campaña del gobernador morenista y petista Víctor Castro, y tras su desaparición aparecieron diferentes acusaciones, incluso en video, sobre su relación con “Los Chapitos” y la relación del presidente municipal Christian Agúndez, del PT, con ese grupo criminal.
Hace unos días, se descubrió el cuerpo de una persona en esa ciudad, después de casi una semana no se ha querido confirmar que se trata del exoficial mayor, argumentando que faltan las pruebas de ADN, las cuales no había tramitado hasta el viernes pasado, de acuerdo con fuentes cercanas al caso; sin embargo, las oficinas de inteligencia estadounidenses que ya se encuentran desplegando investigaciones en la región, junto con autoridades mexicanas, tienen muchos datos que confirman que sí sería el cuerpo de Carlos Alberto Beltrán.
La relación política y de negocio de este personaje con al menos 10 morenistas destacados ya está siendo investigada e involucra a la municipalidad de Los Cabos, el gabinete del gobernador Víctor Castro, el poder legislativo local y el Senado de la República.
Los detalles y las razones las detallaré en la próxima columna, junto con los datos que han descubierto los investigadores de Estados Unidos contra funcionarios de Baja California, en especial cercanos a Marina del Pilar Ávila.
Este caso, es la primera muestra de la reconfiguración criminal en el país, que evidenciará la posible complicidad de políticos y empresarios, pero que adicionalmente está poniendo en jaque a Morena, al PT y al PAN, para las elecciones del próximo año en la península de Baja California.