En mayo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una cifra récord de inversión extranjera directa –IED– en el primer trimestre de 2026. Fue enfático al señalar que es una buena señal que demuestra que los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México. El buen desempeño de la IED indica fortaleza económica y genera una perspectiva favorable para el crecimiento económico del país en este y los próximos años, dijo.
No obstante, a principios de junio el secretario Ebrard moderó su entusiasmo al señalar que vivimos la agonía del libre comercio y días más tarde señaló dificultades en la renegociación del TMC. Los aranceles son inevitables y la suerte de México dependerá de decisiones de Washington inspiradas en geopolítica y seguridad nacional en el trato a diversos países.
Lo más destacable es que atraer inversión extranjera es un objetivo central de la política económica mexicana. Así lo dan a entender los discursos de más alto nivel y se confirma por el manejo de incentivos fiscales, inversiones en estructura a modo, facilidades administrativas y misiones de promoción. La reciente renovación del tratado comercial con Europa incluso crea un mecanismo de resolución de conflictos expreso que evita transitar por el nuevo poder judicial.
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El objetivo es atraer IED en la mayor cantidad posible. Pero tratar la IED como un simple agregado cuantitativo —una cifra que sube o baja— oculta una pregunta más relevante: ¿de qué tipo de inversión se trata, y a quién beneficia? No toda la IED es igualmente conveniente para el país ni para la sociedad. Y cuando se le ve con criterios de calidad la historia reciente de México muestra que buena parte de la inversión extranjera no ha aportado los beneficios económicos y sociales relevantes.
México presume cifras récord de IED mientras la economía se estanca. Parte de la explicación es que no toda IED es igual. Hay una diferencia cualitativa entre la inversión que crea capacidad productiva nueva y la que simplemente cambia de dueño algo que ya existía —o desplaza producción nacional ya instalada—, y esa diferencia debería determinar qué trato le da el país a cada tipo de capital.
Comprar lo que ya existía
En 2001, Citigroup pagó 12,500 millones de dólares por Banamex-Accival, entonces la transacción financiera más grande jamás celebrada entre México y Estados Unidos. No se construyó un solo banco nuevo: uno de los dos grandes bancos mexicanos simplemente cambió de bandera. Veinticuatro años después, en 2025, Citi comenzó a venderlo de regreso —25% a un empresario mexicano por 2,300 millones de dólares, con salida a bolsa prevista para 2026—. El capital extranjero entró, operó durante dos décadas extrayendo utilidades, y luego se replegó parcialmente. En el balance, no hubo nueva capacidad por la transacción original; dos décadas de dividendos que salieron del país.
El patrón se repite en otros sectores insignia. En 2013, la belga AB InBev pagó 20,100 millones de dólares por el 50% de Grupo Modelo —la operación en efectivo más grande jamás pagada por una empresa surgida en México—. La cerveza más exportada del país, Corona, terminó siendo propiedad belgo-brasileña. En el acero, el grupo ítalo-argentino Techint compró Hylsamex en 2005 por 2,100 millones de dólares y, dos años después, IMSA por otros 3,200 millones: dos de los mayores productores siderúrgicos mexicanos consolidados bajo una controladora con sede en Luxemburgo. Ninguna de estas operaciones agregó una tonelada de acero, un litro de cerveza o una sucursal bancaria que no existiera ya. Todas cuentan, sin embargo, como IED en las estadísticas que se acostumbra celebrar.
Vista en reversa este tipo de IED lo que hace es facilitar la salida de capitales mexicanos de la producción, del mercado y, en ocasiones, del país.
Otras inversiones muy celebradas fallan la prueba de lo que el país necesita. La inversión de 6,000 millones de dólares que Coca-Cola anunció en febrero de 2026 —tras negociar con el gobierno una moderación del nuevo impuesto a refrescos— se dirige sobre todo a modernizar plantas embotelladoras que ya operaban. Pero elevar la producción para una de las poblaciones más consumidoras del refresco en el mundo y, en paralelo, con los mayores índices de obesidad no da para celebrar la inversión. ¿Qué pasó con el objetivo de disminuir el consumo de azúcar?
Substituir capacidades internas
En enero de 2026 Pilgrim's anunció una inversión de 1 mil 300 millones de dólares para producir en México pollo y huevo con el objetivo, señaló, de sustituir importaciones. En este caso el asunto es más de fondo y tal vez más relevante para el bienestar de la población mexicana cuya principal fuente de proteínas son estos alimentos.
Decenas de miles de unidades avícolas medianas, pequeñas y micro, incluyendo familiares y de traspatio, desaparecieron en las últimas décadas. Fueron sustituidas por integraciones verticales de gran escala …y por importaciones. Esta fase autodestructiva ha sido prácticamente terminada. Aún así el contexto económico, un peso caro y un país al que le entra contrabando de todo tipo, hace posible dudar que Pilgrim's vaya a sustituir importaciones y no a contribuir a dar un paso más en el proceso de substitución de los grandes productores de pollo y huevo existentes. Habrá que esperar el resultado.
Otros países condicionan la entrada de capital extranjero según lo que aporta, no solo según cuánto trae. China construyó su despegue tecnológico exigiendo, desde su Ley de Empresas Conjuntas de 1978, que buena parte de la inversión extranjera llegara asociada con capital nacional —lo que forzó transferencia de tecnología y capacidades administrativas que después el país replicó por su cuenta—. India endureció en 2020 el escrutinio a la IED proveniente de países vecinos, explícitamente para evitar adquisiciones oportunistas de empresas indias debilitadas. Y la propia Unión Europea aprobó en 2026 una ley que condiciona la aprobación de IED superior a 100 millones de euros en sectores estratégicos a que el proyecto se estructure como empresa conjunta con participación europea, incluya transferencia de tecnología e inversión en investigación y desarrollo local.
Ninguno de estos países rechaza la inversión extranjera. Todos distinguen entre la que construye capacidad propia y la que solo extrae valor, y condicionan el trato preferencial —fiscal, regulatorio, de acceso a mercado— a esa distinción.
México no tiene que cerrar la puerta a la inversión extranjera; pero sí necesita dejar de tratarla como una categoría uniforme que merece el mismo trato jurídico y fiscal sin importar si construye en rubros estratégicos o solo compra lo que ya existe, o viene a sustituir capacidades internas. Distinguir tipos de IED implica una decisión de política industrial explícita: qué sectores requieren capital nuevo que genere capacidad y empleo adicional, cuáles ya tienen suficiente capital instalado y no necesitan más incentivos para que cambie de dueño, y en qué condiciones —asociación con capital nacional, transferencia tecnológica, reinversión productiva verificable— se le otorga a la IED el trato preferencial que hoy recibe de manera indiscriminada. La pregunta relevante no es cuánta IED atrae México. Es qué tipo de IED necesita, y qué es lo que le exige a cambio.