Diez meses después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, los mapas legislativos de los países que han mostrado preocupación por los daños que el ecosistema digital puede provocar sobre las niñas, los niños y los adolescentes (NNA), se han estado reorganizando a gran velocidad. En algunos casos, como el de Brasil que promulgó en marzo de este año su propio "ECA Digital" que es una ley con obligaciones directas para las plataformas, la protección de las NNA ha empezado a tomar formas concretas. En Francia, España, Chile y México se están discutiendo iniciativas similares.
La ley australiana —vigente desde el 10 de diciembre de 2025— exige a diez plataformas (entre ellas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube) tomar "medidas razonables" para impedir que menores de 16 años tengan una cuenta, bajo multas que hoy alcanzan 49.5 millones de dólares australianos y que el gobierno busca duplicar a 99 millones tras detectar fallas sistemáticas de cumplimiento. En marzo, el regulador eSafety abrió investigación formal contra cinco de las plataformas más usadas por señales de incumplimiento, pese a que ya se habían desactivado 4.7 millones de cuentas de menores.
El caso australiano se ha vuelto la referencia obligada: el Reino Unido anunció un modelo "Australia Plus" —con restricciones adicionales a las transmisiones en vivo y al contacto con desconocidos— para 2027; Francia aprobó en enero una prohibición para menores de 15 años que aún negocia su redacción final entre ambas cámaras, con entrada en vigor prevista para septiembre; y España, Dinamarca, Noruega, Grecia e Italia avanzan con propuestas propias, con edades mínimas que oscilan entre los 14 y los 16 años.
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Todo esto es relevante porque a estas alturas está muy claro que para las niñas, los niños y los adolescentes, crecer siendo parte del ecosistema digital conlleva una larga serie de riesgos cognitivos, de salud mental y emocional, de integridad física y sexual, de manipulación, de radicalización y de privacidad. Es de verdad, un problema muy serio.
El hito regional llegó en Brasil el 17 de marzo de 2026, cuando entró en vigor el Estatuto Digital da Criança e do Adolescente —bautizado informalmente "Lei Felca", en referencia al influencer cuyo video sobre la sexualización de menores en redes sociales detonó el debate público—. A diferencia del modelo australiano, Brasil no prohíbe las cuentas: exige que los perfiles de menores de 16 años estén vinculados a un adulto responsable, prohíbe el perfilamiento publicitario y la monetización de contenido que sexualice a menores, y crea un Centro Nacional de Protección adscrito a la Policía Federal. La fiscalización recae en la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), con sanciones que van de multas a la suspensión judicial del servicio en el país.
El concepto que atraviesa toda la ley brasileña es la "responsabilidad compartida" entre familia, sociedad, Estado y plataformas — la misma idea que, con matices, empieza a aparecer en las discusiones legislativas de México y Colombia.
En México, la protección digital de la infancia avanza por al menos tres vías legislativas paralelas, ninguna todavía convertida en ley. La más avanzada es un dictamen aprobado en comisión por la Cámara de Diputados en abril, que incorpora definiciones de violencia digital y ciberacoso, consentimiento parental y obligaciones a las plataformas para prevenir la difusión de contenido dañino; falta su discusión en el pleno y, después, en el Senado. En paralelo, hay una iniciativa en el Senado que reparte responsabilidades explícitas entre tres actores: consentimiento parental para menores de 16 años, privacidad por defecto y filtros efectivos a cargo de las plataformas, y la obligación del Estado de promover educación digital. A nivel local, el Congreso de Nuevo León aprobó en febrero su propia propuesta de control parental obligatorio.
Ninguna de estas iniciativas fija todavía una edad mínima de acceso al estilo australiano o francés, ni define con precisión el mecanismo de verificación de edad ni la autoridad que fiscalizará su cumplimiento — dos de los puntos donde Brasil y Australia sí lograron avanzar con reglas operativas.
El módulo de ciberacoso del INEGI (MOCIBA) documentó que 23% de los adolescentes de 12 a 17 años —tres millones de personas— fue víctima de ciberacoso en 2024, con mayor incidencia entre las mujeres (25%) que entre los hombres (21.1%); 4.2% recibió fotos o videos sexuales no solicitados. A escala regional, un estudio en 15 países de América Latina encontró que 60% de niñas, niños y adolescentes ha conversado con desconocidos en redes o videojuegos, y que 70% desconoce el significado de la palabra "grooming".
En cuanto al panorama de las opciones de protección, es importante recordar que no toda la protección tiene que pasar por el Congreso. Australia opera un modelo de corregulación: la propia industria redacta los códigos de conducta y el regulador eSafety los revisa y los hace exigibles. Alemania combina desde hace dos décadas la autorregulación de plataformas con la supervisión de una comisión estatal que puede multar hasta por 500,000 euros. En videojuegos, hay sistemas internacionales que llevan tres décadas clasificando contenidos por edad de forma autorregulada.
En América Latina, México y Colombia son los únicos países que usan explícitamente el concepto de corresponsabilidad en sus iniciativas legislativas en curso — una apuesta por repartir obligaciones entre familias, escuelas, Estado y plataformas, en lugar de concentrar el peso regulatorio en un límite de edad único, como hace Australia.
Pero independientemente del camino que se tome para poner en marcha sistemas de protección, hay que insistir en que los riesgos que enfrentan las NNA al formar parte inescapable del ecosistema digital son muchos, y son reales. Cuando esos riesgos confrontan el cúmulo de vulnerabilidades que presentan las niñas, los niños y los adolescentes, los daños son igualmente reales y pueden ser sumamente graves, pues ya se han materializado como acciones de autodaño e incluso suicidios. Este es otro tema urgente de salud pública en el que deberíamos apurarnos.