La fiscalización de los recursos empleados por las organizaciones para constituirse como partidos políticos son la parte final de un andamiaje institucional que tiene como objetivo asegurar que la voluntad ciudadana sea libre e independiente. El INE como ejecutor de esta tarea, la llevó a cabalidad cumpliendo con este compromiso.
De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, las organizaciones ciudadanas que buscan constituirse como partidos políticos nacionales tienen la obligación de informar mensualmente al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el origen y destino de sus recursos durante los primeros diez días de cada mes, toda vez que, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, se encarga de revisarlos y cotejarlos, haciendo uso incluso de procedimientos adicionales como solicitudes de información a autoridades y cruces con datos recabados en campo y en redes sociales.
El objetivo central de esta fiscalización es confirmar el origen, uso y destino lícito de los recursos empleados en sus actividades. Destacando que éstos no pueden provenir de personas no identificables y entes impedidos como lo son los Poderes de la Unión; entidades federativas; ayuntamientos; la Administración Pública Federal, estatal o municipal; los organismos autónomos federales y locales; partidos políticos; personas físicas o morales extranjeras; organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos y los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
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Si se registrase que alguna de las aportaciones a una asamblea proviniera de éstos, en un monto que permita considerar que incidió en la capacidad de realización de ésta, tiene carácter de no válida, descontándose las afiliaciones recabadas en ella.
Por cada informe entregado a lo largo del proceso de constitución, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE brinda garantía de audiencia a las organizaciones, a través de un oficio de errores y omisiones mediante el cual hace observaciones que deberán ser atendidas por las organizaciones y, en su caso, realizar las aclaraciones conducentes.
Ahora bien, durante el actual proceso constitutivo 2025-2026, la fiscalización se realizó en dos periodos. El primero, de enero de 2025 a febrero de 2026, en el cual todas las organizaciones a las que les fue aprobada la intención de convertirse en partido político presentaron los referidos informes mensuales durante las etapas preliminar y de constitución o formativa. En este caso, las organizaciones se dividieron en dos grupos, aquellas que solicitaron formalmente su registro y cuya fecha de resolución de fiscalización ante el Consejo General fue en junio, mientras que para las que no hicieron esta solicitud, será noviembre, ambos de 2026.
El segundo periodo corresponde de marzo a junio de 2026 y es solo para aquellas organizaciones que hicieron su solicitud formal de registro, las cuales tuvieron la obligación de presentar informes en la denominada etapa de registro, los cuales se resolverán en noviembre de 2026.
De esta forma, el pasado 19 de junio, el Consejo General del INE conoció los resultados del primer periodo de fiscalización, en el cual se señalaron las irregularidades encontradas en 70 informes mensuales presentados por cuatro organizaciones y una agrupación política. Información que sirvió de base para la resolución sobre el registro de los cincos entes referidos.
En total se reportaron ingresos por poco más de 52 millones de pesos (mdp). El origen de estos montos se concentró en las aportaciones de los afiliados, de tal forma que aquellas en efectivo representaron el 42% y en especie el 55.5%; mientras que los asociados aportaron el 1.5% del efectivo y la especie conjunta. El autofinanciamiento, es decir, préstamos concentró solo el 0.8%.
Los egresos rondaron más de 44 mdp; el 76% de éstos correspondió a servicios generales, mientras que el 19.9% fue de materiales de suministros, tan solo el 4% se destinó a servicios personales y menos del 1% a gastos por autofinanciamiento y financieros.
Se notificaron a las organizaciones 730 observaciones mediante 55 oficios de errores y omisiones. En promedio 146 por cada una de las organizaciones. Todas ellas estuvieron sujetas a aclaraciones o rectificaciones como parte de la debida garantía de audiencia.
Resultado de esta revisión se proyectaron poco más de cinco mdp en sanciones, las cuales oscilan entre los mil pesos hasta poco más de los tres mdp. Algunas de las conductas sancionadas fueron egresos no reportados o comprobados, aportaciones en especie y efectivo superiores a 90 UMAS sin acreditar el pago mediante cheque o transferencia del aportante, e ingresos no comprobados, entre otras.
Por otra parte, se ordenó la instauración de procedimientos administrativos sancionadores por la vía oficiosa, esto es, la implementación de procedimientos de investigación para allegarse de mayores elementos a fin de clarificar si existen conductas que incurren en opacidad en el origen y aplicación de los recursos; resultado de omisiones en la presentación de documentación comprobatoria por aportaciones y falta de atención o atención parcial a requerimientos de información realizados en la fase de revisión a los informes presentados.