Cuando las autoridades y los grupos de poder convierten la información en una amenaza, el silencio se convierte en una estrategia. En distintos países de América Latina, informar, cuestionar o simplemente documentar la realidad continúa siendo un riesgo para periodistas y medios de comunicación. El ejemplo más claro se encuentra en México, que, de acuerdo con ARTICLE 19, se mantiene como el país más letal para ejercer el periodismo en la región, con al menos siete asesinatos de periodistas documentados durante 2025.
“Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, un análisis integral elaborado por ARTICLE 19, expone los riesgos que enfrenta la libertad de expresión, el acceso a la información y la violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua.
El informe advierte que la tendencia en Latinoamérica es clara: los grupos de poder utilizan mecanismos cada vez más sofisticados para deslegitimar la crítica y convertir la información en una amenaza que debe ser eliminada.
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Los resultados muestran que el problema no se limita a un solo país. Como parte del análisis participaron representantes de organizaciones y medios de comunicación de Centroamérica, quienes coincidieron en que las agresiones contra periodistas tienen cada vez una mayor relación con estructuras gubernamentales.
En Honduras, dos de cada tres agresiones documentadas fueron cometidas por autoridades; en Guatemala, el 60 por ciento de los casos estuvo relacionado con bloqueos informativos en tribunales y ministerios públicos; mientras que, en El Salvador, la totalidad de las agresiones registradas durante el periodo analizado provino de estructuras estatales.
La situación tampoco es alentadora en Cuba y Nicaragua. De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, durante 2025 se documentaron mil 285 violaciones a la libertad de prensa en la isla. En Nicaragua, ARTICLE 19 reportó que al menos 19 personas permanecen privadas de su libertad bajo procesos judiciales arbitrarios sustentados en figuras ambiguas como “traición a la patria” o “difusión de noticias falsas”.
En el caso mexicano, la violencia contra la prensa continúa siendo una de las principales preocupaciones. En 2025, se documentaron 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En promedio, cada 20 horas una persona periodista o un medio fue víctima de algún tipo de agresión. Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentran el mayor número de casos registrados, consolidándose como los focos más preocupantes del país.
Las agresiones no son el único desafío que enfrenta la libertad de expresión. La opacidad, como una herramienta de control de la información, pone especial atención en la reciente reconfiguración del sistema de transparencia en México. Transparencia para el Pueblo, organismo encargado de resolver recursos de revisión, informó que durante 2025 se han desechado alrededor del 99.6 por ciento de los recursos presentados por la ciudadanía, una cifra alarmante que genera cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de acceso a la información pública.
A ello se suma una tendencia cada vez más visible en el país: la vigilancia institucionalizada instrumentada por varias instituciones de diversas maneras que destacaremos en otra Columna.
Asimismo, bajo el argumento de fortalecer la seguridad de la nación, se corre el riesgo de normalizar mecanismos de vigilancia cada vez más amplios mientras los contrapesos institucionales se debilitan. En un contexto de creciente opacidad, permitir que el Estado acumule más facultades de control sobre la información de los ciudadanos debería preocuparnos a todos. La seguridad no puede convertirse en el pretexto para sacrificar libertades que han tomado décadas construir. El derecho a la información y a la libertad de expresión son derechos fundamentales.
México no puede ser un país opaco en información ya que atenta contra la democracia, sus instituciones y la ciudadanía. Si queremos un sistema democrático sólido debe fortalecerse el libre ejercicio del periodismo.
El Estado principalmente, así como el Legislativo, tienen la última palabra.