Como investigador, puedo afirmar que la búsqueda de información, de evidencia, es parte de nuestro ADN. Nos interesa todo tipo de datos fiables, que conecten hechos, que muestren contextos, que sean una pequeña pieza del gran rompecabezas. Muchas de esas piezas, aparentemente desasociadas, contribuyen a construir una imagen cada vez más clara de la realidad. Y al tenerla, es posible diseñar mejores políticas públicas, tomar mejores decisiones, o simplemente tener la materia prima indispensable para el análisis.
Las entidades públicas son quienes tienen responsabilidad e incluso autoridad para generar información, evidencia, datos fiables sobre lo que ocurre en su ámbito de competencia. Por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente debe producir evidencia de la calidad del aire, del estrés hídrico, de los mantos freáticos y la sobreexplotación de los acuíferos. La Secretaría de Hacienda, junto con la Dirección de Aduanas, debe construir información fiable sobre comercio exterior a partir de registros administrativos para conocer nuestras relaciones económicas con el exterior, de la misma forma que la Secretaría de Educación Pública debe hacer lo propio sobre el sistema educativo. Deben producir la información y ponerla a disposición del público, de manera accesible que pueda ser consultada y utilizada sin contratiempos.
Se espera que el INEGI, como cabeza de sector en el ámbito de la información del país, debe coordinar y asegurar que se producen datos con la calidad necesaria para la toma de decisiones. Si las entidades públicas no tienen la iniciativa para producir información relevante, o si dejan de producirla a pesar de ser mandatados por ley, uno como ciudadano esperaría que el INEGI intercediera por nosotros para que esas entidades no dejaran de cumplir con su obligación.
Te podría interesar
Existen ya muchos ejemplos de datos que no “cuadran”, que no son consistentes con otros y que el INEGI toma sin suficiente escrutinio y análisis crítico de la información que las entidades entregan. Causa en Común, Signos Vitales, Gerardo Leyva y Macario Schettino, entre otros, han hecho notar incongruencias de diversos datos que conducen a una imagen distorsionada de la situación del país. Tal es el caso de las cifras del PIB, de la pobreza, del comercio exterior, de las desapariciones y otras más. Esta compulsa la debe hacer el INEGI en comités técnicos interinstitucionales con las entidades que generan de primera mano la información, para asegurar que los datos que se presentan al público son fiables pues están debidamente “curados” y son consistentes con otra información.
Es verdad que, como dice Macario Schettino, el INEGI puede encontrar resistencia de algunas secretarías como la Defensa o la Marina para hacer el escrutinio correspondiente, especialmente cuando las cifras que les entregan no son claras (por ejemplo, la construcción del Tren Maya, del Transístmico o del AIFA). Si el INEGI hizo el escrutinio que debía, ¿cómo fue posible que el INEGI no detectara las incongruencias que existían en las cifras de comercio exterior de productos petrolíferos, especialmente cuando el propio SAT ya señalaba que más del 20% del mercado de hidrocarburos en el país era ilegal? ¿Se negó Aduanas, bajo el mando de la Marina, a explicar las incongruencias al INEGI? ¿O simplemente el INEGI prefirió voltear al otro lado? ¿Qué ocurrió? El huachicol fiscal era detectable desde hace tiempo en las cifras de comercio exterior.