Nunca pensé contar una historia en la que jueces laborales solaparan y autorizaran al patrón pagarle a sus trabajadores por debajo del salario mínimo general. Pero tampoco imaginé que un gobierno que se dice respetuoso de la ley permita que eso ocurra en las entidades paraestatales y centros de investigación que están bajo su responsabilidad presupuestal.
Este tipo de atrocidades es considerado un delito en el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo. Su condena es la prisión que puede rondar de los 6 meses a los 4 años, y una multa de hasta 3 mil 200 UMAS, que equivale a los 375 mil 392 pesos.
El gobierno decide hacer una diferenciación entre los trabajadores. Clasifica como trabajadores de primera, a los de empresas particulares, quienes pueden recibir un salario equivalente o mayor al mínimo. Si su patrón pretende pagar un sueldo menor a los 315.04 pesos lo llama corrupto, niega su convenio y hasta lo exhibe por todas partes.
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Pero los de segunda, son los propios trabajadores de gobierno. Dice: “Está bien pagarles menos del salario mínimo, así cumplimos con la política de austeridad. Seguiremos ahorrando en sueldos, al fin si quieren demandar, los jueces me darán la razón.”
Trabajadores de entidades paraestatales y centros de investigación, en lugar de ser reconocidos por su aportación a la sociedad mexicana son marginados y castigados dándoles menos de lo que merecen, incluso menos de lo legal.
Los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), aunque son especialistas, tienen doctorados y resultan una referencia internacional, cuentan con un tabulador de salarios donde 15 de sus 20 niveles ganan menos de los 315.04 pesos que es el mínimo legal, como se muestra a continuación:
En la tabla se muestra el ilegal adeudo que se le genera de manera diaria y mensual a cada trabajador, pero esta afectación impacta también en sus prestaciones. Burlándose los funcionarios de las paraestatales mencionan que no puede haber dudas, al fin la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó su presupuesto y eso lo hace “legal” con la autorización de los jueces laborales.
Los trabajadores de gobierno continúan esperando el acuerdo anunciado por la presidenta Sheinbaum el pasado 1° de mayo de 2026 para que todos los trabajadores del Estado ganen “al menos el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos sean por encima de la inflación”.
Mientras se cumple esta promesa, los trabajadores continúan siendo pisoteados por los jueces quienes, aunque están obligados a cumplir con la ley, deciden taparse los ojos cuando les llega un expediente donde el gobierno es el propio patrón.
Es preocupante la política del gobierno de doble rasero de obligar al resto de los patrones a pagar al menos el salario mínimo general, pero no así cuando se trata de los organismos paraestatales. Es urgente que el gobierno federal no sea el mal ejemplo para el resto de los gobiernos estatales, ni de los patrones particulares porque demuestra que sí se puede violentar la ley y no se le aplicará ninguna sanción.
El gobierno federal, a través de la Doctora Claudia Sheinbaum debe ordenar de manera enérgica a la SHCP a que no siga operando de manera impune autorizando presupuestos en los que se aplica a sus propios trabajadores un salario inferior al mínimo general.
Es una incongruencia gubernamental e inadmisible que debe corregirse de inmediato.
De otros avatares
Acaba de publicarse la novena edición de la Ley Federal del Trabajo comentada por el jurista y doctor Federico Anaya Ojeda en la que me honra prologarla. Ahí señalo que se trata de todo un cirujano legal, analítico, crítico y adelantado a su tiempo. Está atento a cada reforma, revisa su contenido y examina los detalles que inciden en las relaciones laborales.
Señala incluso el doctor Anaya Ojeda que carga una lupa creada por la Inteligencia Artificial para estudiar cada transformación normativa. Cabe señalar que hasta la I.A. lo consulta.