El Instituto Nacional Electoral (INE), nuestra máxima autoridad electoral que naciera con la reforma político electoral de 2014 creció con las bases y el prestigio que el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) fue acumulando desde 1990. Desde entonces fue consolidando una importante confianza basada fundamentalmente en el profesionalismo de su actuar como árbitro electoral.
A más de 35 años de esta autoridad electoral (IFE-INE), ¿cuáles son los aspectos que durante muchos años la consolidaron con una confianza alta de parte de los actores políticos competidores de la contienda electoral, hayan ganado o no el acceso al poder público? ¿Cómo logró que el tan cuestionado padrón y listados nominales de personas electoras y la Credencial para Votar sean hoy instrumentos confiables? ¿Cómo obtuvo el reconocimiento internacional? ¿Cómo obtuvo la confianza de las y los ciudadanos quienes, al final, deciden el rumbo de la nación con su derecho al voto?
Muchas preguntas más podríamos formularnos, pero vayamos al análisis de algunas respuestas.
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La autoridad electoral, bajo el diseño legislativo desde su origen, creo un instituto basado en dos columnas vertebrales: la rama administrativa y el servicio profesional electoral; ambas con parámetros de acreditación de requisitos mínimos, evaluaciones e indicadores de desempeño que derivan en su continuidad o no en la institución. A lo largo de los años, estos componentes han demostrado que la estructura electoral nacional son personas, hombres y mujeres, con grandes capacidades y auténticos profesionales en su desempeño. Aun así, ante posibles desviaciones existen mecanismos de control que pueden derivar en la remoción del cargo.
El diseño de contar con áreas especializadas como: del registro federal de electores, de capacitación electoral y educación cívica, de organización electoral, del servicio profesional electoral (ahora nacional), de prerrogativas y partidos políticos, de fiscalización, de igualdad de género y no discriminación, entre otras, han sido torales para cumplir a cabalidad las atribuciones que le han sido conferidas, sobre todo las que el Legislativo le otorgó en 2014 que conformaron más de 70 en comparación con el otrora IFE, destacando el hacerse cargo de la fiscalización electoral nacional y local, la designación de las personas consejeras electorales de los institutos electorales locales, la emisión de criterios y lineamientos para la organización de elecciones federales y locales, entre muchas más.
Asimismo, que la autoridad cuente con un Consejo General como su máximo órgano de decisión en donde, con el auxilio de comisiones permanente y temporales, son discutidos de manera pública por las consejeras y consejeros, las y los representantes de los órganos legislativos y representantes de los partidos políticos todos los asuntos en torno a la planeación, presupuestación, organización y desarrollo de las elecciones en nuestro país ha sido un gran acierto.
Y, por si fuera poco, la norma electoral instituyó que todas las controversias serán dirimidas por un órgano jurisdiccional electoral que tendrá la última palabra.
Esto fue dejando un precedente que se materializó con porcentajes arriba del 60% de confianza ciudadana (IFE, 2009 y 2011), o del 73% (2022). Sin embargo, algunos medios han señalado que esta confianza va en disminución. La nota más reciente de febrero de este año de Excélsior ubica un 59%, es decir, 14 puntos porcentuales menos.
La explicación parecería sencilla. En últimas fechas muchos son los factores que pudieran sumarse a esta aparente pérdida de confianza: falta de transparencia del proceso más reciente en la designación de tres personas consejeras; múltiples notas, artículos y columnas de especialistas y periodistas que desacreditan decisiones del INE, sobre todo las relacionadas con nombramientos de personas titulares de sus áreas ejecutivas y técnicas, de decisiones tomadas en el Consejo General, de presunta falta de transparencia, de decisiones unilaterales que desarticulan al órgano colegiado, entre muchas más..
Es momento de hacer un alto, el INE no puede llegar así a una serie de procesos electorales federales y locales de tal magnitud como la que será la de 2027. El árbitro electoral debe reposicionarse, diagnosticarse y corregirse si es el caso. Los actores políticos deben de dejar de intervenir en las autoridades electorales, ya que, de lo contrario, el daño mayor puede repercutir en la confianza de la ciudadanía lo que dañaría nuestra democracia.
¡Queremos un INE fortalecido, no debilitado!