En México, las enfermedades graves no afectan únicamente al paciente. Detrás de cada diagnóstico tardío existe una cadena de consecuencias que llegan a alcanzar a familias enteras. Los trabajadores que deben abandonar temporal o permanentemente su empleo para atenderse un padecimiento pierden ingresos; una madre o padre que requiere cuidados constantemente, en un sistema basado en la hiperproductividad, reduce la capacidad de generar recursos. Además los catastróficos gastos médicos, muchas veces inesperados, comprometen la estabilidad financiera de muchos hogares. En la mayoría de los casos los hijos son quienes terminan absorbiendo parte de las consecuencias mediante el abandono escolar, incorporación temprana al mercado laboral, deteriorando las condiciones de vida y la posibilidad a futuro de mejorarlas.
Históricamente el debate de la salud pública ha estado enfocado en problemas presupuestales y de infraestructura: cuántos hospitales se construyen, existe escasez de medicamentos, y los tiempos de atención son demasiado largos. Estos son problemas reales y urgentes, pero reducen el debate de salud a una visión reactiva: atender únicamente a quién ya tiene que ser atendido, opacando un punto fundamental: la salud pública como herramienta de desarrollo económico y prevención social, como una herramienta humana para mejorar las condiciones de vida.
Las consecuencias son el día a día de millones de mexicanos: de acuerdo con las mediciones de pobreza multidimensional del INEGI, para 2024 existían 44.5 millones de personas con carencia al acceso a los servicios de salud, aunados o integrados a otros 18.8 millones de personas con carencia al acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. La pobreza y la enfermedad mantienen, en todo momento, una relación de desgaste circular: las personas con menores ingresos suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a una alimentación adecuada, encontrar espacios seguros para la actividad física, atención preventiva y servicios médicos oportunos. A su vez, una mala salud limita la capacidad para generar ingresos y perpetúa condiciones de vulnerabilidad. El resultado es grave: un ciclo de pobreza difícil de romper. (INEGI. 2025. “Pobreza Multidimensional”).
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Una de las claves para enfrentar esto está en la atención preventiva y primaria, siendo las herramientas más eficientes para combatir este fenómeno. Una atención preventiva eficiente puede evitar, en el largo plazo, afectaciones relacionadas a la salud cardiovascular y pulmonar por medio del mejoramiento de los hábitos de vida de los individuos, asimismo, una atención primaria fuerte puede cubrir la mayoría de las necesidades sanitarias de la población y reducir significativamente muertes evitables. Recordando que en México es necesario mejorar los mecanismos de detección y atención de diabetes, hipertensión, obesidad o problemas cardiovasculares en etapas tempranas, lo que resulta menos costoso que atender sus complicaciones y consecuencias a futuro.
Pero los beneficios no son únicamente sanitarios. Una población más sana presenta menores niveles de ausentismo laboral, mejores resultados académicos y menos ausentismo escolar, una mejora en la salud pública representa un ahorro en costos tanto para las familias como para el propio Estado.
Esta perspectiva resulta relevante sobre todo en entidades con elevados niveles de informalidad laboral y desigualdad territorial. Cuando una parte importante de la población carece de acceso efectivo a la seguridad social, la prevención se convierte en la primera línea de defensa frente al empobrecimiento derivado de la enfermedad.
La salud pública guarda, al mismo tiempo, relación indirecta con la seguridad. Comunidades donde las familias conservan la estabilidad económica, los jóvenes permanecen en la escuela y las personas mantienen acceso a servicios básicos presentan mayores capacidades de resistencia frente a dinámicas de exclusión social y violencia. Ninguna estrategia sanitaria sustituye a una estrategia de seguridad, pero sí pueden trabajar en conjunto para reducir algunos factores estructurales que alimentan dichas problemáticas.
Por ello el debate sobre salud no debería centrarse únicamente en cuántos hospitales se construyen o cuántos pacientes se atienden. Debe cuestionarse cuántas enfermedades se previnieron, cuántas familias conservaron su ingreso y empleo gracias a la detección temprana y cuántos jóvenes pudieron permanecer en las aulas porque sus hogares no fueron arrastrados por una emergencia médica.
La salud pública salva vidas, pero su verdadero alcance va mucho más allá: ayuda a romper ciclos de pobreza, reducir vulnerabilidades sociales y ofrecer algo que cada día es más escaso en México: la posibilidad de construir un futuro con mayor certidumbre.