La presencia y actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano ha sido, históricamente, una certeza que circula más en voz baja que en documentos. Particularmente por los hechos violentos que evidencian que su presencia no es, ni ha sido, un hecho aislado. Aún así, este tema pocas veces sale del debate popular para convertirse, de facto, en un tema a tratarse abiertamente en el debate público.
Por eso no es de sorprender que, tras los hechos ocurridos hace unos días en la sierra de Chihuahua que terminaron con la vida de dos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA), se evidencie que el actuar norteamericano es una dinámica, no sólo conocida, sino tolerada y, en muchos casos, asimétrica. La redacción oficial, sin embargo, suele moverse en sentido contrario: reafirmaciones categóricas de soberanía, rechazo discursivo a cualquier injerencia y un intento constante por sostener la ficción del control absoluto.
La contradicción es evidente. Estados Unidos ha tensionado la soberanía mexicana y hace que el país enfrente algo más complejo: una soberanía a modo, negociable, que sea administrable por interesados y, en muchos momentos, no represente nada más que una simulación.
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Desde hace décadas, la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha sido profunda. Desde intercambio de inteligencia, capacitación, coordinación operativa hasta la presencia de agencias estadounidenses que forman parte de una arquitectura poco visible, pero clave ante la magnitud del fenómeno criminal. Llegar a pensar que estas dinámicas son nuevas es ignorar totalmente la historia reciente.
El problema no radica en la existencia de una cooperación -a beneficio unilateral muchas veces-, sino en la forma en la que se gestiona políticamente. Mientras que en la práctica México permite márgenes de acción a actores extranjeros, muchas veces por las propias limitaciones institucionales, en el discurso público insiste en una defensa rígida de la soberanía, como si ambas dimensiones no coexistieran.
Esta dualidad responde a incentivos claros. Reconocer abiertamente el grado de penetración de las figuras extranjeras implicaría costos políticos internos: cuestionamientos sobre la capacidad de reacción del Estado, críticas desde sectores nacionalistas y la erosión de una narrativa de autonomía. Negarlo, en cambio, permite preservar una imagen de control, aunque sea mayormente ficticia.
El resultado es una soberanía negociada. Se invoca con firmeza en el discurso pero, en la práctica, se flexibiliza cuando las circunstancias lo exigen. Al no ser una renuncia total, esto representa una simulación funcional para un Estado que, en muchos momentos se ha visto debilitado y superado.
Sin embargo, esta simulación tiene costos. Al no transparentar los alcances de la presencia extranjera -incluso entre de los mismos dirigentes de Estado- se limita la posibilidad de un debate público serio sobre sus riesgos, límites y tiempos; por otro lado, se edifica una narrativa simplificada que oscila entre la negación e indignación.
Un país atravesado por una violencia que va de la epidermis a la médula no debería normalizar la intervención externa como la solución. Pero si la tolera, no puede ocultarla: porque una soberanía que se defiende en público y se negocia en privado se niega como principio y termina por afirmarse como simulación.
México no ha dejado de ser soberano, dentro de lo poco que ha sido históricamente. Pero la soberanía que queda no es absoluta ni uniforme. Es fragmentada, pragmática y, sobre todo, incómoda de reconocer, porque obliga a decir en voz alta lo que llevamos años fingiendo no ver.