Estados Unidos ha ido construyendo paso a paso, pieza a pieza, los escenarios de operaciones que le colocan en la posición perfecta para proteger y acrecentar sus intereses económicos y políticos en México; algo que les ha sido muy sencillo, ante la corrupción por parte de la clase política y sectores empresariales.
Al país del norte le interesa que México sea su socio y aliado incondicional, lo dicen insistentemente. Pero cómo se negocien los límites dependerá de la presidenta Claudia Sheinbaum y de sus próximas decisiones. En los análisis de las agencias estadounidenses, la mandataria es confiable sin relación con grupos criminales, pero no así todo su gabinete ni todo su círculo cercano, y no es por un tema ideológico, sino por actos de corrupción y en algunos casos por vínculos con el crimen organizado.
Comenzaron por Sinaloa porque es la hebra más evidente, fácil y del que tienen pruebas claras sobre uno de los principales ejes en el que han trabajado las oficinas estadounidenses en los últimos años y que, por primera vez, han sustentado penalmente: que el Estado mexicano ha sido capturado por grupos criminales.
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De acuerdo con la acusación contra el gobernador con licencia, Ruben Rocha Moya y nueve personas más, no se trata de que, en este caso, el Cártel de Sinaloa y políticos o funcionarios corruptos trabajen como socios; es mucho más profundo y grave, plantea que el grupo criminal se integró al gobierno estatal. El documento judicial muestra que "Los Chapitos" han transformado a su grupo en una estructura con niveles de control institucional sin precedentes.
Si bien la complicidad entre las personas gobernantes estatales y municipales en Sinaloa ha sido histórica, lo que identifican y sostienen las agencias estadounidenses es cómo políticos corruptos pactaron e integraron a gobernar a miembros de los cárteles.
Pero apenas es el principio. En la acusación se menciona cómo se operó en 2021 con “Los Chapitos” la elección en Sinaloa para que llegara Rocha Moya. Lo que aún no han destapado en el caso judicial estadounidense son los nombres de quienes participaron en ese pacto y colaboraron en el proceso: Ricardo Peralta (exsubsecretario de Gobernación), Américo Villarreal (entonces senador de Morena y hoy gobernador de Tamaulipas) y Mario Delgado (entonces presidente de Morena y ahora secretario de Educación Pública). Todos ellos aparecen en los documentos de investigación de Estados Unidos. Al menos el primero, aseguran que muy pronto será acusado penalmente.
Esa línea une otras gubernaturas en las que también operó Peralta en nombre de Morena y el Partido del Trabajo, a nivel estatal y municipal, y en las que las agencias americanas encontraron acuerdos similares: Baja California Sur, Baja California y Tamaulipas, por ejemplo.
La estructura del expediente, en cuanto a pruebas y narrativa, contra Rocha Moya, muestra claramente que sólo se judicializó una parte de todo el entramado que han construido y que tendrá más ramificaciones que irán sumando, que involucra a partidos políticos; funcionarios estatales y municipales; de las fiscalías y al Ejército.
En cuanto al mando castrense, la conexión entre el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez (acusado penalmente en la misma causa que Rocha Moya), y el exsecretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval González, también es un tema que las investigaciones estadounidenses incluyen en este caso.
Algunas de las pruebas y datos que conforman las investigaciones estadounidenses, ya las conoce la presidenta.