Ahora que en México hay una lista inicial de 10 funcionarios y exfuncionarios estatales que podrían ser extraditados a Estados Unidos por estar supuestamente vinculados al tráfico de drogas, es imposible no recordar a Los Extraditables, un grupo de narcotraficantes colombianos liderado por Pablo Escobar en los años 80 y 90, sobre los que pesaban solicitudes de extradición por parte de Washington. El mayor temor de Escobar y de Los Extraditables era enfrentar la justicia estadounidense, al punto de que el propio Escobar acuñó la frase “mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.
Recordar este episodio de la historia de Colombia, nos lleva a encontrar paralelismos entre Los Extraditables y los extraditables de México, en tres aspectos: 1) el uso faccioso del concepto de soberanía como estrategia de defensa; 2) el uso del sistema judicial local para aplacar a Estados Unidos; y 3) la falta de voluntad para hacer prevalecer el Estado de Derecho.
En Colombia quienes se pronunciaban contra las extradiciones argumentaban una defensa de la soberanía nacional, al menos así quedó plasmado en la proclama política que el M-19, grupo guerrillero instrumentalizado por Escobar, realizó durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985: “se entrega nuestra juridicidad, (…) es golpe mortal contra la soberanía nacional”.
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En México ante la petición de detención provisional de los 10 extraditables la presidenta Claudia Sheinbaum ha aludido la defensa de la soberanía nacional, que al igual que en Colombia se trata de una interpretación cuestionable, pues el Tratado de Extradición con Estados Unidos ha constituido un mecanismo de colaboración “sin subordinación”, que si bien es una herramienta judicial tienen tintes políticos a la hora de querer abordar la corrupción y la impunidad, cuyo impacto afecta directa o indirectamente no sólo a Estados Unidos y a México, sino a todo el mundo.
Por otra parte, en el caso colombiano, el miedo a la justicia estadounidense por parte de los capos de la droga se tradujo en una ola de actos terroristas y de homicidios de elementos de la fuerza pública, operadores jurídicos, líderes políticos y figuras públicas en general, todo con el propósito de presionar a la sociedad para que no se actuara en contra de los narcotraficantes requeridos por la justicia estadounidense. Por supuesto esto hace recordar más al culiacanazo en Sinaloa, un escenario latente en México en estos momentos.
El temor propagado entre los colombianos llevó a que en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente incluyera en la Constitución la prohibición de extraditar a nacionales colombianos. Este cambio jurídico hizo que Pablo Escobar lograra un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Cesar Gaviria Trujillo para entregarse y enfrentar la justicia en su país, a sabiendas que sería una situación favorable para él. Escobar pasó solo 13 meses recluido en una prisión hecha a la medida y con su seguridad personal garantizada, paradójicamente, por el Estado colombiano.
En México, la estratagema de Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, dos de los 10 extraditables mexicanos, ha sido pedir licencia de sus cargos para que la Fiscalía General de la República lleve a cabo las investigaciones correspondientes; ambos personajes se dicen inocentes pero, al igual que Escobar y Los Extraditables, buscan eludir la extradición, a sabiendas que la justicia mexicana será laxa con ellos; basta recordar el caso del general Salvador Cienfuegos, de quien el entonces canciller Marcelo Ebrard aseguró que sería “casi suicida” traerlo a México y luego no hacer nada, porque para eso “mejor se hubiera quedado en Estados Unidos”, ninguna de las dos cosas sucedió por la supuesta falta de elementos probatorios.
Es ingenuo pensar que los estadounidenses no han aprendido con el antecedente de Cienfuegos y con Los Extraditables colombianos. El hecho de que Estados Unidos haya solicitado la extradición del gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más no es un hecho improvisado, es un acto que está bien fraguado. Si uno le echa ojo a las acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, se infiere que hay suficientes pruebas para juzgar en Estados Unidos a los 10 extraditables mexicanos y también, la acusación formal parece una presunción de que Morena podría ser un partido político que protege y se beneficia del crimen organizado transnacional.
Si se retoma el paralelismo, a finales del siglo XX, Washington amenazó intensamente a Colombia; incluso exigió al gobierno de Ernesto Samper atender una lista de 20 puntos, en la que figuraban medidas antidrogas, temas diplomáticos y comerciales; entre los que destacaba el restablecimiento de la extradición de colombianos a Estados Unidos. Samper terminó accediendo a revivir la extradición en 1997.
Al igual que en Colombia, Estados Unidos está recurriendo a los mecanismos jurídicos y diplomáticos disponibles para hacer frente al crimen organizado y la impunidad en México.
Se tiene que reconocer que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha venido trabajando en contra del crimen organizado, pero a ojos de mexicanos y estadounidenses no es suficiente. Entregar resultados numéricos de decomisos de droga y armas, así como de detenciones de narcotraficantes y la entrega de 92 capos previamente encarcelados, por cierto, sin mediar un tratado de extradición, es un trabajo incompleto.
Es indudable que el crimen organizado necesita al Estado para continuar operando, de ahí que una de las grandes deficiencias en la lucha contra este flagelo en México es la ausencia del combate a la colusión de funcionarios mexicanos en actividades criminales transnacionales. En este sentido, Rocha, Insulza, Gámez, y demás imputados por Estados Unidos parecen ser unos eslabones intermedios en la estructura criminal.
El gobierno de Sheinbaum está en un callejón sin salida al que ella misma entró. Acorralada, sin muchos elementos para negociar y sin interlocutores diplomáticos, Sheinbaum tiene que atender en los mejores términos su relación con Estados Unidos y colaborar ante una amenaza para la seguridad nacional de ambos países, el narcotráfico y la corrupción.