La realidad es que puedo asegurar que la gobernadora no tenía ni idea de la presencia de agentes norteamericanos. Esos temas son eminentemente operativos y jamás se consultan con un gobernador. Mucho menos cuando se trata de estructuras de inteligencia cuya naturaleza gira alrededor de la discreción, la clandestinidad y el bajo perfil.
En todas mis responsabilidades como funcionario de seguridad nunca conocí a un agente de la CIA. Y eso que dos de esas responsabilidades implicaron relación constante y formal con agencias de seguridad y departamentos de policía de Estados Unidos. Hubo coordinación institucional e intercambio de información. Pero nunca apareció alguien diciendo “soy de la CIA”. Así no funcionan esas agencias.
Por eso resulta particularmente extraño que se haya instalado de manera pública la narrativa de que dos de las personas fallecidas eran agentes de esa agencia. Esa versión surgió desde medios de comunicación norteamericanos y terminó explotando políticamente en México como si existiera una confesión formal o una prueba definitiva.
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Y el régimen cayó redondito.
Porque en lugar de actuar con prudencia y seriedad institucional, decidió convertir un episodio lleno de zonas grises en una oportunidad para alimentar su vieja narrativa de soberanía selectiva. Esa que grita contra agencias extranjeras, mientras guarda un silencio sepulcral frente al crecimiento territorial y económico del crimen organizado.
Si yo fuera Maru Campos estaría profundamente preocupado. No solamente por la dimensión política del momento, sino por el mensaje devastador que esto manda hacia cualquier gobernador, funcionario o autoridad local que todavía tenga intención de confrontar seriamente al crimen organizado en México.
Durante las últimas cinco décadas el narcotráfico ha mutado, crecido y capturado regiones completas del país. En algunos lugares logró incluso infiltrarse profundamente en estructuras del propio Estado. Y una de las razones de ese crecimiento ha sido el miedo.
Muchos gobernantes saben perfectamente que su responsabilidad dura seis años, pero las organizaciones criminales permanecen décadas. Saben que cuando termine el cargo quedarán expuestos junto con sus familias. Esa percepción de abandono generó durante años un paradigma de inacción, simulación y cálculo político.
Pero sumarle a eso la posibilidad de que el propio Estado mexicano termine atacándote políticamente por episodios que ni siquiera controlaste resulta inédito y peligrosísimo.
Porque entonces el mensaje para cualquier autoridad es devastador. Si enfrentas al crimen te arriesgas a la reacción criminal; pero ahora también corres el riesgo de convertirte en objetivo político del propio régimen. Y así no hay estrategia de seguridad que sobreviva.
Ningún gobernador enfrentará con firmeza a estructuras criminales si además de preocuparse por los criminales, también tiene que preocuparse por sobrevivir políticamente al gobierno federal.