Hace más de treinta años, Carlos Castillo Peraza advirtió que en México se confundía la soberanía nacional con la soberanía del Estado. La confusión, decía, venía de lejos, quizá de Hegel, para quien el Estado termina siendo el soberano absoluto, aquel que no reconoce autoridad por encima de la suya. Esa independencia total hacia el exterior lo convierte en absoluto hacia el interior: en centralizador, en devorador de asociaciones, en ejecutor de la sociedad en vez de servirla. "En nombre de esta supuesta superioridad estatal", escribía, "se han cometido innumerables crímenes." Nunca imaginé que esa advertencia describiría con tanta precisión lo que vivimos ahora, aunque con un giro que mi padre no alcanzó a prever: el Estado que hoy reclama su soberanía no sólo se impone sobre la sociedad, sino que ha cedido su territorio real a quien sí tiene el control del país en amplias regiones: el crimen organizado.
Hoy, Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum invocan la soberanía con una frecuencia directamente proporcional a su incapacidad para gobernar. La soberanía como respuesta a las presiones de Washington sobre los cárteles; la soberanía como escudo ante los reportes de agencias extranjeras sobre el narco en México; la soberanía como argumento cuando ya no hay argumento. Pero la soberanía que invocan no es la de la nación —la de los ciudadanos que mueren en Culiacán, en Zamora, en Matamoros, en Ciudad Juárez—; es la soberanía de un Estado que protege a quienes lo capturan, la soberanía de un partido que se ha confundido con el gobierno y que ha confundido el gobierno con el crimen. Es, en última instancia, la soberanía del cártel disfrazada de principio constitucional.
El mapa de la colusión en México es demasiado vasto, demasiado documentado, demasiado cínico para ser accidental. Lo que sigue no son especulaciones ni señalamientos de pasillo: son hechos, sentencias, escándalos que el propio poder no logró acallar, aunque lo intentó. Algunos puntos para entender lo que este gobierno llama "soberanía":
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- El gobernador que desapareció: Rubén Rocha en Sinaloa. Cuando la guerra entre los Chapitos y la facción de El Mayo Zambada estalló en agosto de 2024 y convirtió Culiacán en un campo de batalla, el gobernador de Sinaloa brilló por su ausencia. Rubén Rocha Moya —el hombre que debía garantizar la seguridad de los sinaloenses— se convirtió en el símbolo más descarnado de la evasión gubernamental ante el crimen. Después vendrían los señalamientos más graves: una reunión no explicada, vínculos documentados por instancias extranjeras, preguntas que el gobierno federal se negó sistemáticamente a responder. La soberanía que el régimen defiende en los discursos no alcanzó para defender a los ciudadanos de Sinaloa. Pero sí alcanzó para proteger al gobernador de las preguntas.
- La sentencia que nadie recordó: el crimen en Michoacán. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró evidencia de que el crimen organizado participó abiertamente en la elección del gobernador de Michoacán en 2021. Alfredo Ramírez Bedolla ganó. El Tribunal lo validó. Pero también lo dijo: el narco estuvo ahí, de manera abierta, durante la jornada electoral. Ese gobernador sigue su mandato, su partido sigue gobernando y la federación sigue sin explicar qué hizo al respecto. En México, la colusión con el crimen no descalifica; en Morena, a veces ni siquiera incomoda.
- Tamaulipas y Américo Villarreal: la frontera sin Estado. El gobernador de Tamaulipas ha presidido un estado en el que el Cártel del Golfo y sus facciones disidentes controlan una proporción significativa del territorio. Las acusaciones contra su entorno, los señalamientos sobre operaciones criminales en municipios bajo su administración y la impunidad con la que células del crimen organizado operan en la entidad configuran un cuadro que ninguna invocación a la soberanía puede maquillar. El gobierno federal mira hacia otro lado. La soberanía real —la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos en su propio suelo— simplemente no existe en amplias franjas de Tamaulipas.
- Cuauhtémoc Blanco: el escándalo que no bastó. Las grabaciones, los señalamientos sobre su entorno, la evidencia de nexos con el crimen organizado en Morelos no produjeron una sola investigación gubernamental seria. Blanco terminó su mandato como gobernador, llegó al legislativo y ninguna consecuencia institucional real llegó. El gobierno que invoca la soberanía para rechazar la presión externa sobre los cárteles no encontró energía institucional para investigar a uno de los suyos señalado de colusión con ellos. La soberanía, al parecer, protege al cártel y al político que lo cobija, pero no al ciudadano que los padece.
- Marina del Pilar, Adán Augusto, y la lista que no termina. El fenómeno no se agota en los casos más sonados. Se extiende a gobernadores y funcionarios que acumulan señalamientos y siguen en sus cargos o en posiciones de poder, porque el mecanismo de protección del régimen es el mismo: desacreditar al señalador, llamar "ataque político" a la evidencia y esperar que la opinión pública se canse. En un gobierno genuinamente comprometido con la soberanía nacional, la mínima decencia exigiría investigar, separar del cargo, responder. En este, el mecanismo de defensa es el agravio y el silencio.
Lo que describe cada uno de estos casos no es la excepción sino la regla. No son políticos que en lo individual fallaron; son la expresión de un partido que construyó su poder electoral en estados donde el crimen organizado tiene presencia dominante, y que no gobernó en contra de esa presencia sino como parte de ella. La confusión Estado-gobierno-partido que en los 80 y 90 se denunciaba en el priismo ha regresado con un ingrediente adicional: la fusión de ese triángulo con el crimen organizado como cuarto vértice. El resultado es un partido que no puede —y en muchos casos no quiere— combatir al narco porque el narco es parte de su coalición política.
La soberanía que reclama este gobierno es, en el lenguaje de Castillo Peraza, la soberanía del Estado hegeliano: la de un poder que no reconoce autoridad por encima de la suya, ni la del ciudadano que le da legitimidad, ni la de la ley que debería encuadrarlo. Es la soberanía que devora a la sociedad civil en vez de servirla; que convierte al ciudadano en súbdito cuyo valor depende de su utilidad para el sistema, no de su dignidad como persona. Y tiene un rasgo que Hegel no previó pero que el morenismo ha perfeccionado: puede coexistir perfectamente con un Estado capturado por el crimen organizado, porque lo que se defiende no es la nación sino la cúpula.
La soberanía nacional genuina —la que los mexicanos deberíamos poder reclamar— es otra: la que protege a los ciudadanos del crimen, la que garantiza que el Estado no negocia con quien lo amenaza, la que asegura que un gobernador responde ante la ley y no ante el cártel. Esa soberanía no se defiende gritando en la “mañanera” ni enviando notas diplomáticas a Washington. Se ejerce gobernando con honestidad, con valentía y, sobre todo, sin cómplices. La historia registrará que mientras este gobierno invocaba la soberanía en los discursos, la cedía en los territorios. Y los ciudadanos —en Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas, en Morelos— lo saben porque lo viven.