Líderes empresariales, inversionistas y especialistas coinciden en que para poner en movimiento la economía mexicana es preciso reducir el riesgo que produce la incertidumbre estructural, derivada de la falta de certeza jurídica, seguridad, infraestructura hidráulica y energética; así como las adversidades coyunturales derivadas de la crisis arancelaria y la revisión del tratado comercial.
La caída de la inversión fija anual, con datos preliminares del INEGI, es equivalente al 3.6%, el comportamiento negativo de este indicador en los últimos 18 meses, es significativo y explica en gran medida la caída del 0.8% del PIB en el primer trimestre del presente año. En todos los sondeos de opinión, hay expresiones de preocupación o reserva sobre el clima de negocios y las condiciones estructurales para la inversión.
En respuesta, el gobierno federal ha lanzado un programa de acciones inmediatas para favorecer la inversión y dar impulso al Plan México. Entre las acciones prioritarias está garantizar la transparencia en las licitaciones y el acceso a la energía eléctrica e hidráulica; simplificar y agilizar los trámites de autorización para el comercio exterior en dependencias regulatorias, estímulos fiscales y un programa especial de licitaciones para la inversión en sectores estratégicos como energía, agua, puertos, salud, carreteras, trenes, aeropuertos y educación. Todo esto, apoyado por la nueva Ley de Inversiones para el Bienestar, que abre las puertas a inversiones públicas y mixtas hasta por 5.6 billones de pesos.
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Las medidas anunciadas fueron interpretadas por la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del gobierno de México, Altagracia Gómez, como una solución definitiva a las reiteradas demandas del sector productivo, “el gobierno cumplió con eliminar obstáculos, ahora el sector privado tiene cero excusas para posponer o no realizar inversiones”.
La pregunta de diversos analistas es si estas medidas son la solución definitiva, o se requieren acciones adicionales para mejorar la confianza y el clima de negocios. La respuesta más extendida es que las medidas inmediatas ayudan, pero el verdadero obstáculo está en las condiciones estructurales: seguridad, certeza jurídica, educación, e inversión en infraestructura energética y movilidad logística.
Parece que está resultando muy difícil entender la diferencia entre lo urgente y lo importante. El verdadero obstáculo a la inversión está en la debilidad institucional y la anemia de capital productivo, físico y humano.
Las naciones que han despegado en las últimas décadas, aún en condiciones más adversas que la nuestra, han dado pasos decisivos en el establecimiento de reglas claras y certeza jurídica y social. El Plan México ha dado pasos en la identificación de las fortalezas regionales y en la promoción de un desarrollo sostenible. Sin embargo, poco se ha hecho por solucionar la debilidad del sistema de justicia y del sistema educativo.
Abatir la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia, y resolver el rezago educativo y la formación de capacidades pertinentes para responder a los retos del desarrollo integral son las grandes prioridades. Naciones como Alemania, en los tiempos de la reunificación, respondieron al reto económico con tres prioridades centradas en una sola acción: educación.