En el marco de la colocación de la primera piedra de una planta de metanol, en Los Mochis, Sinaloa, con una inversión privada estadounidense de 3.300 millones de dólares, el embajador norteamericano Ronald Johnson, hizo declaraciones contundentes e inusuales contra la corrupción política, al referirse a las condiciones para garantizar inversiones prósperas.
Las declaraciones del embajador, el pasado 23 de abril, tuvieron texto, contexto y una repercusión importante en medios nacionales e internacionales, al grado que continúan los comentarios de los analistas y las respuestas de las autoridades mexicanas.
Si bien el diplomático utilizó un texto cuidado, que más tarde fue publicado en sus redes sociales, donde resalta la importancia de México como principal socio comercial de los Estados Unidos, con un intercambio comercial de 873,000 millones de dólares al año; y reconoce el esfuerzo de ambas naciones para alcanzar la seguridad energética, afirmando que la energía representa poder, seguridad y soberanía; el embajador también hizo,fuertes señalamientos contra la corrupción política.
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Entre las consideraciones conceptuales señaló que “La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción…que la corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona…que la inversión llega donde es respetada, protegida y donde puede prosperar. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”.
El mensaje fue claro: “donde la integridad es fuerte la inversión crece. Por eso el TMEC exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito”.
La advertencia de acciones próximas contra políticos corruptos y funcionarios ligados al crimen organizado, desató todo tipo de especulaciones y encendió alarmas a uno y otro lado de la frontera. Medios como Los Ángeles Times, interpretaron las declaraciones como el inicio de una campaña de la administración Trump para pasar, del retiro de visas, a procesos penales en tribunales federales de los Estados Unidos.
El contexto del mensaje del embajador Johnson no pasó desapercibido: el evento fue en Sinaloa, enclave de uno de los cárteles más poderosos; ocurrió al inicio de la revisión del TMEC, lo que seguramente aumentará las presiones y pretensiones en la negociación; y en la proximidad de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, con los efectos que pueda tener para la agenda electoral y del gobierno en temas de seguridad y comercio.
La posición del gobierno mexicano, anclada a la soberanía nacional, exige un doble esfuerzo para traducir la defensa del interés nacional en acciones unificadas: al interior, para preservar el territorio del poder de los grupos del crimen organizado; y al exterior, para hacer valer, entre otros, los esfuerzos de coordinación en materia de inteligencia financiera, para acotar el margen de maniobra de la red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, así como el intercambio de información para la ubicación y captura de los blancos prioritarios y el desmantelamiento de sus instalaciones criminales.