En nuestro país hay un problema muy serio en cuanto a la desaparición de personas. En un análisis realizado en 2025 se llegó a la conclusión de que desaparece una persona aproximadamente cada hora y media, lo que lleva a 40 personas desaparecidas por día, números que alarman, sobre todo considerando que muchos casos no se denuncian.
Sin duda, se trata de un asunto que debemos tomar muy en serio. Sobre todo considerando que de acuerdo con la información disponible, estos números están lejos de disminuir: aumentan cada vez más. De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, las cifras han crecido sostenidamente desde 2022, registrando incrementos anuales del 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y un aumento aún mayor del 12% en 2025, lo que confirma una tendencia al alza.
Y hablamos de personas. Por eso cada análisis, cada cifra es tan doloroso de procesar y de imaginar el estado anímico de las familias que sufren el dolor de no saber en dónde está un ser querido.
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Es innegable que en muchos aspectos el Estado Mexicano ha sido rebasado por la dolorosa realidad de la crisis de desapariciones. En prácticamente cada región de la geografía nacional hay colectivos de búsqueda, sobre todo fundados y sostenidos por familias que viven con la esperanza de encontrar a sus integrantes que un día partieron y no han vuelto.
Esa labor admirable de las familias evidencia la insuficiencia de las acciones institucionales y es un mensaje claro de que aún hay mucho por hacer. Por eso, junto con mi compañera diputada Anayeli Muñoz Moreno, presentamos una iniciativa de reforma a la Ley general en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de atención inmediata y sin dilación de las autoridades ante la desaparición de personas.
Suena redundante, incluso insólito, que haya que establecer específicamente en la Ley que las autoridades no deben dejar en espera a quien denuncia una desaparición, o que deben hacer una investigación de inmediato. Pero en nuestro país, con demasiada frecuencia es necesario levantar la voz y decir las cosas con una claridad milimétrica.
¿Existe una emergencia nacional en cuestión de personas desaparecidas? Las circunstancias que apuntan a esta condición incluyen una crisis forense, con la existencia de más de 72,100 cuerpos sin identificar y la localización de 5,696 fosas clandestinas. Y contando.
No menos importante es insistir en exigir una atención rápida a las denuncias, y a las personas que acuden a la autoridad a pedir la localización de un ser querido que no ha vuelto a casa. Hay criterios que exigen esperar 24, 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda, lo que contraviene el marco legal vigente y evidencia una falla estructural que lastima a quienes ya de inicio acuden con dolor a pedir ayuda.
Lo decimos claro: queremos que las autoridades que reciban una denuncia, reporte o noticia sobre desaparición de personas, deberán implementar, inmediatamente, las acciones de búsqueda correspondientes, sin requerir formalidad adicional alguna.
También agregamos que “ningún protocolo, disposición administrativa o práctica institucional podrá establecer plazos de espera, condiciones previas o requisitos adicionales para la activación de las acciones de búsqueda”.
Esperamos que haya empatía con las víctimas y con sus familias.