En México, las personas de entre 15 y 29 años representan una cuarta parte de la población total del país, y de ese grupo poblacional, más de la mitad son mujeres que enfrentan retos de una realidad para la cual las disposiciones legales deben estar preparadas.
Uno de estos grupos vulnerables son las estudiantes que se convierten en madres.
Hace unos días presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior con el objetivo de favorecer la permanencia y continuidad educativa de madres estudiantes.
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Estas disposiciones son propuestas en el entendido de que la educación y los cuidados deben ser compartidos entre la familia, la comunidad y el Estado, promoviendo la igualdad de género para no limitar el proyecto de vida de, en la mayoría de los casos, las mujeres.
La maternidad durante la etapa educativa constituye uno de los factores que inciden en la deserción o rezago de la trayectoria escolar de las mujeres jóvenes. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ocho de cada diez madres adolescentes presentan rezago educativo.
Alrededor del 60 por ciento de quienes se encontraban estudiando, abandonan la escuela como consecuencia del embarazo, mientras que aproximadamente 12 por ciento de las mujeres que interrumpen sus estudios en educación media superior lo hacen debido a la gestación o al nacimiento de un hijo.
Asimismo, datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) nos dicen que un porcentaje significativo de los nacimientos ocurre cuando la madre tiene entre 20 y 29 años, etapa que coincide con los años en que muchas mujeres continúan su formación educativa o buscan consolidar su desarrollo profesional.
Se estima que el 2 por ciento de las mujeres que maternan, no cuentan con formación académica; solo el 14 por ciento concluyó la educación primaria y un porcentaje similar logró cursar estudios universitarios, mientras que el 34 por ciento únicamente alcanzó el nivel de educación secundaria.
Con estas cifras es claro que las responsabilidades de cuidado y crianza inciden en la continuidad de las trayectorias educativas de las mujeres.
Varios países han implementado acciones para equilibrar las condiciones en que se desempeñan las mujeres que maternan y estudian.
Algunos ejemplos son: Chile donde se promulgó la ley “Yo Cuido, Yo Estudio”, que reconoce los derechos de estudiantes de educación superior que se encuentran en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que ejercen labores de cuidado. Por ejemplo, las instituciones de educación superior deben implementar políticas y acciones que permitan a tales estudiantes continuar su formación académica sin que las responsabilidades de cuidado se conviertan en un obstáculo.
En España, universidades públicas han implementado servicios de escuelas infantiles y centros de educación inicial dentro de los campus, con el objetivo de apoyar a estudiantes, docentes y personal con hijas e hijos pequeños.
En Argentina se han desarrollado programas universitarios que incluyen jardines maternales en instituciones de educación superior, así como políticas institucionales de apoyo para estudiantes con hijas o hijos. Y planteles universitarios cuentan con servicios de cuidado infantil dentro de sus instalaciones.
En Francia, el sistema de educación superior ha incorporado políticas que faciliten la conciliación entre la vida académica y las responsabilidades familiares. A través de los Centros Regionales de Obras Universitarias y Escolares (CROUS), se promueve el acceso a servicios de guarderías y centros de cuidado infantil destinados a estudiantes con hijas e hijos pequeños.
Por tanto, hay experiencia internacional que respalda las acciones en favor de estudiantes que maternan, lo que beneficia tanto a quienes estudian como a sus hijas e hijos. ¿Por qué no hacerlo en México formalmente?
Es importante actualizar nuestra legislación para responder a la realidad social y beneficiar el desarrollo de todas las personas en la sociedad, especialmente las más vulnerables. Y las estudiantes que maternan pertenecen a este grupo poblacional.
Garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre estudiar y maternar es más que una política de justicia social, es una inversión en el desarrollo del país. Reconocer y respaldar a las estudiantes que maternan es fortalecer su presente y ampliar las oportunidades de las siguientes generaciones. Porque cuando una mujer puede continuar su educación, no solo transforma su vida, también transforma el futuro de las siguientes generaciones en nuestro país.