Hace poco más de una década, un presidente llegó al poder con una promesa. Dijo que terminaría con la violencia del narcotráfico, que recuperaría las calles mexicanas. Se desataron operativos militares masivos. Se gastaron miles de millones. Y, mientras tanto, algo extraño sucedió: mientras el gobierno combatía a los cárteles, también comenzó a desaparecer gente. Primero fueron decenas. Luego cientos. Ahora hablamos de más de 115 mil personas.
Los números pueden ser abrumadores. Vuelven abstracto lo que debería ser concreto. Cada una de esas cifras es alguien. Es el padre que salió a trabajar y nunca volvió. Es la hija que fue al mercado. Es el hijo cuya foto pegaron en los postes. Pero, detrás de esos números, hay algo más grave: una sistemática y generalizada violación de derechos humanos que hemos permitido que se normalice.
Cuando comenzó lo que el gobierno llamó "guerra contra el narcotráfico" en 2007, México registraba desapariciones, sí, pero el fenómeno se aceleró exponencialmente. Entre 2007 y 2024, casi 452 mil personas han sido asesinadas. De ellas, 101,933 desaparecieron sin dejar rastro. El 88 por ciento de todos los reportes de desaparición en la historia moderna de México ocurrieron después de 2006.
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¿Coincidencia? No. Hay evidencia abrumadora de que, cuando las fuerzas armadas militares asumieron tareas de seguridad pública, las violaciones a derechos humanos se intensificaron. Y aquí viene lo incómodo: esto no fue un accidente. Fue una consecuencia directa de una estrategia que priorizó el uso de la fuerza por sobre la investigación, la protección y la rendición de cuentas.
La impunidad es el monstruo silencioso. De los casi 450 mil crímenes relacionados con la violencia, menos del uno por ciento ha llegado a una condena. Noventa por ciento de los delitos ni siquiera se denuncian. De los que se denuncian, la mitad simplemente desaparece de los archivos policiales. Un tercio de los delitos investigados termina en algún tipo de acuerdo, pero no en castigo real.
Pregúntale a cualquier periodista en México cuáles son sus probabilidades de obtener justicia si es amenazado. La respuesta es deprimente: 99.13 por ciento de los ataques contra la prensa quedan sin castigar. Desde 2018, diecisiete personas buscadoras —la mayoría mujeres que arriesgan sus vidas excavando en terrenos abandonados para encontrar a sus seres queridos— han sido asesinadas. Trece de ellas, por su trabajo.
Lo que ha sucedido en México durante estos años es algo que historiadores especializados en represión política reconocen: las desapariciones forzadas dejan de ser casos aislados para convertirse en una máquina. Desarrollan una lógica propia. Se normalizan.
El caso que salió a la luz en Jalisco lo ilustra perfectamente. En marzo de 2025, las autoridades descubrieron lo que parecía un sitio de pesadilla medieval: un campo de exterminio operado por un cártel donde, según testimonios, más de 1,500 personas fueron procesadas. Encontraron cientos de zapatos. Ropa. Crematorios. Lo que más impactó no fue lo excepcional del caso, sino lo ordinario que resultó, para muchos mexicanos, enterarse de ello.
Esto refleja una realidad más profunda. Los cárteles no están operando en un vacío. Operan en espacios donde el Estado ha perdido legitimidad, donde la corrupción ha alcanzado niveles sistémicos, donde los funcionarios se han convertido en facilitadores del crimen. Consuelo Morales, una defensora de derechos humanos que ha dedicado décadas a esta lucha, lo expresó con claridad brutal: "La desaparición no se puede dar sin la anuencia o complicidad de las autoridades".
A menudo, el tema de derechos humanos en México se presenta como un asunto general, nebuloso. Pero los números revelan patrones. Son las mujeres y las niñas las que desaparecen en proporción alarmante. En el rango de edad de 15 a 19 años, el 22 por ciento de todas las desapariciones de menores son niñas adolescentes. En algunos estados, como Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México, la cifra es aún más grave.
¿Por qué importa esto? Porque sugiere tráfico, esclavitud sexual, explotación. Porque no son simplemente asesinatos; son crímenes con un propósito. Los cárteles utilizan a menores como mano de obra forzada. Reclutan niños que crecen rodeados de violencia, sin opción real de elegir.
Y luego están los periodistas. Ciento cuarenta han sido asesinados desde que comenzó la "guerra". México es el país en paz más peligroso del planeta para los reporteros. Se pregunta al respecto: ¿qué clase de sociedad necesita matar a quienes simplemente intentan contar la verdad?
Mientras se perpetraba esta carnicería, algo más estaba ocurriendo. Los municipios violentos perdieron 4.5 veces más población que los no violentos. Familias enteras abandonaban sus hogares. Negocios cerraban. No porque no hubiera demanda, sino porque vivir se hizo demasiado costoso.
El narcotráfico no solo mata. Distorsiona toda la economía. Los cárteles no respetan las fronteras entre lo legal e ilegal. Extorsionan a productores de aguacate. Controlan la minería. Se infiltran en gobiernos locales. Cuando tu vecino es un cártel, tus opciones se reducen a tres: colaborar, huir o morir. Muchos han elegido huir.
Esto genera un círculo vicioso. Menos habitantes significa menos ingresos tributarios. Menos recursos para educación y salud. Más pobreza. Más desesperación. Y la desesperación es el mejor reclutador para los cárteles.
Aquí viene lo incómodo. A menudo, México habla de su "problema de narcotráfico" como si fuera un virus importado. Pero el tráfico de drogas no es clandestino porque sea invisible: es clandestino porque hay un mercado. El mercado está principalmente al otro lado de la frontera norte, donde la demanda es enorme y los precios son altos. Mientras Estados Unidos mantenga la prohibición sin reducir la demanda, México seguirá siendo la principal ruta de tránsito. Y seguiremos teniendo cárteles luchando por el control territorial.
Pero eso no exculpa a México. El gobierno mexicano ha permitido que las instituciones se corrompan hasta el punto del colapso. Ha militarizado la seguridad pública, a pesar de la evidencia de que esto empeora las cosas. Ha priorizado el combate por sobre la investigación forense. Ha dejado que los periodistas mueran en silencio.
Hace seis años, un presidente llegó al poder diciendo que cambiaría todo esto. Prometió resolver el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Prometió atender a las víctimas. Nombró gente capacitada. Y luego, gradualmente, los esfuerzos se disolvieron. En julio del año pasado, el grupo de expertos independientes que investigaba Ayotzinapa cerró su trabajo, diciendo que los militares les habían bloqueado acceso a información importante. Emails filtrados mostraron que altos mandos militares habían presionado al gobierno para retirar cargos contra soldados implicados.
Parecería un mal sueño, pero es más bien un patrón
Hay voces que sostienen que la legalización de drogas podría resolver esto. Es una propuesta seria, avalada por evidencia internacional. Pero, además de los desafíos políticos, hay una realidad que muchos olvidan: aunque mañana se legalizara toda la droga, seguiríamos teniendo una crisis de derechos humanos. Tenemos 115 mil personas desaparecidas cuyo paradero es desconocido. Tenemos familias destrozadas. Tenemos una generación de mexicanos que creció bajo la sombra de la violencia.
Lo que se necesita ahora es investigación seria. Justicia real. Reparación para las víctimas. Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas. Un Estado de derecho que funcione. Y una aceptación brutal de que el enfoque de los últimos dieciocho años ha fracasado.
El reflejo en el espejo
Hace poco escuché a una madre buscadora decir algo que no se puede olvidar. Dijo que, cuando arrestan a alguien por narcotráfico, la gente celebra. Que, cuando un periodista muere, algunos creen que "se lo merecía". Que, cuando desaparece un joven de un barrio pobre, nadie pregunta mucho.
Eso es lo que realmente se ha perdido en México. No solo gente. También la capacidad de indignarse. La expectativa de que vivir no debería ser un acto de resistencia.
Los números son grandes: 115 mil desaparecidos, 452 mil muertos, una economía destrozada en regiones enteras. Pero lo importante es que cada número es una puerta que se cerró, una historia que no se escribirá, una vida que no se vivirá. Y, mientras seguimos sumando números, algo fundamental se pregunta: ¿a quién le importa realmente?
Porque, si importara, las cosas serían distintas.