El pasado 7 de abril, el Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen de la minuta por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.
Se trata de una nueva ley que busca establecer las bases y reglas para la coparticipación de la iniciativa privada en el sector público federal en proyectos de infraestructura. El dictamen incluye, también, reformas y adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para alcanzar el mismo propósito.
Esta nueva ley es una iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, necesaria para ejecutar el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar (PIIDB) 2026-2030, presentado en febrero pasado. En este plazo se estima realizar una inversión histórica, pública y mixta, de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
Te podría interesar
Para 2026, se busca alcanzar 722 mil millones de pesos adicionales en nuevos proyectos mediante esquemas de coinversión público-privada.
Además tiene como propósito regular los mecanismos que permitan desarrollar esquemas de inversión compartidos público-privado-social, que fomenten el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura claves para el país.
El fomento a la inversión en infraestructura estratégica es vital para el cumplimiento del PIIDB y por tanto se desarrollarán mecanismos de inversión que el Estado brindará o promoverá con respecto a proyectos que se consideren estratégicos, al amparo de las normas establecidas en esta nueva ley que, entre otras cosas, determina los esquemas de participación mixta posibles para la inversión y ejecución del proyecto en infraestructura específico.
Un instrumento contemplado en esta nueva ley son los llamados Vehículos de Propósito Específico (VPE) que podrán tratarse de sociedades, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica que permita una coordinación efectiva entre los sectores público, privado o social, encaminados a ejecutar un proyecto de infraestructura.
En los VPE se establecerán las condiciones de financiamiento, reglas de operación y mantenimiento, régimen de aportaciones, distribución de riesgos, gobernanza, recuperación de la inversión, destino de los activos y los mecanismos de supervisión y seguimiento. Cada VPE, según su naturaleza, estará sujeto al régimen jurídico que le corresponda sin que la nueva ley aprobada establezca excepción alguna.
A diferencia de los tiempos del neoliberalismo en México, cuando las participaciones mixtas con el sector público privilegiaron las ganancias del sector privado, la nueva ley deja claro que ahora se regirán por los principios de rectoría del Estado, estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mexicano, todo ello encaminado a obtener el bienestar de la población mexicana con el disfrute directo de los beneficios de los proyectos en infraestructura que se realicen, además de la derrama económica que se efectúe durante su ejecución.
En entidades como Guerrero, las necesidades en infraestructura son grandes y se requiere un impulso decisivo para el financiamiento de los proyectos. Valga un ejemplo tangible como es la reconstrucción del puerto de Acapulco tras el paso de los huracanes Otis y John, donde el gobierno federal destina una gran cantidad de recursos federales que ya ven sus frutos concretos, así como también los recursos privados, los incentivos y facilidades administrativas permitieron el resurgimiento del puerto como se vivió ya en esta Semana Santa.