Con todo respeto para los y las jueces laborales, a la mitad de ellos, no importando su preparación, con el pretexto de la reforma judicial fueron tratados por el gobierno como objetos inservibles y los mandaron a la basura. A la otra mitad, junto con los nuevos electos, tanto juzgadores federales como locales, son considerados, no como personas, sino como objetos olvidados.
A propósito de la invitación que me hiciera el investigador y académico Alfredo Sánchez Castañeda para acudir este miércoles al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a debatir sobre el tema de la justicia laboral con el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, actual director de la Escuela Nacional de Formación Judicial, saco del cajón de pendientes el tema de los juzgadores federales y locales, así como parte de sus repercusiones.
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Con el magistrado Sergio Molina he tenido importantes coincidencias y también desacuerdos, pero nuestra relación ha sido de respeto por la preocupación común de encontrar caminos para enfrentar la crisis que vive actualmente el sistema de justicia, cada uno con diversas ópticas.
Las discrepancias se dieron en las discusiones con un grupo de juristas en el año de 2018 durante las reuniones en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con la anfitrionía de Darlene Rojas y en la Fundación Friedrich Ebert con el liderazgo de su entonces directora Inés González, actual Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para tener una propuesta de reforma laboral para los legisladores que así lo solicitaron.
En las discusiones, al proponerse el modelo de juicios orales advertí que se imitaba el formato de los juicios civiles y mercantiles en donde se exigía desde la presentación de la demanda a la parte actora, ofrecer pruebas sin conocer la controversia del juicio. La propuesta procesal trataba a los trabajadores, como si ellos tuvieran la carga de la prueba desde la demanda, y con ese formato los dejaba en desventaja, anulando el derecho social en la materia laboral.
En al menos tres reuniones se debatió el tema estando en la misma línea el magistrado Sergio Molina, en ese entonces encargado del seguimiento de la reforma laboral por parte del poder judicial, el abogado laboral Arturo Alcalde y Lorenzo Roel representante de la Coparmex. Ellos insistieron que debía incluirse de manera forzosa el ofrecimiento de pruebas desde el escrito inicial de demanda, argumentando que el procedimiento así sería más ágil.
Contrariando la posición de que se incluyeran las pruebas del trabajador desde el escrito inicial de demanda, y estas se ofrecieran por ambas partes posterior a la contestación de demanda, estaba el Director del Instituto de Posgrado en Derecho Gilberto Chávez Orozco, el entonces magistrado Héctor Mercado, el investigador Alfonso Bouzas, y el autor de esta columna.
Sin embargo, no fue aceptada nuestra propuesta y se consiguió que se incluyera que, ante hechos desconocidos expresados en la contestación de demanda, y en vía de réplica, se pudieran ofrecer nuevas pruebas por parte del trabajador.
Sin embargo, para la parte demandada quedó la figura de la prueba en contrario que le permite inequitativamente ofrecer pruebas, aun sin haber contestado la demanda, para acreditar que no existió el despido, que el actor no era trabajador o patrón, o que no fueron ciertos los hechos. Debo admitir que en estos debates siempre hubo respeto, prevaleciendo los argumentos de cada parte.
652 mil demandas presentadas
Estamos a punto de cumplir siete años de la reforma laboral este próximo 1º de mayo y ésta se encuentra en una enorme crisis por la falta de presupuesto y el abandono del Estado mexicano para el creciente número de casos que se acumulan. Con datos al mes de enero de 2026 obtenidos en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se han presentado 652 mil 849 demandas de las cuales 426 mil 838 (65.38%) son del ámbito local y 226 mil 011 (34.62%) son del ámbito federal.
Discrepancias salariales de juzgadores
Llama la atención la disparidad de los salarios de los jueces laborales en el ámbito local, que cabe señalar la obtención de la siguiente información es guardada en la mayoría de las entidades de la República como asunto de Estado. La compilación se obtuvo de fuentes oficiales y de diarios informativos locales, por lo que debe tomarse ésta con la reserva de su constatación oficial.
De esta manera me encontré con jueces que tienen un salario menor a 20 mil pesos mensuales: Veracruz con $14 mil 674 (el más bajo del país), Coahuila con $14 mil 819 y Morelos $19 mil 530.
Salarios mayores a 20 mil y menores a 30 mil pesos mensuales: Campeche con $26 mil 91 y Oaxaca con $27 mil 683.
Salarios superiores a los 30 mil e inferiores a 40 mil pesos mensuales: Tabasco con $30 mil, Zacatecas $30 mil 781, Sinaloa con $30 mil 880 y por último Tlaxcala con $37 mil 394.
Los estados que tienen salarios mayores a 40 mil y menores a los 50 mil pesos mensuales: Hidalgo con $40 mil 932, Puebla con $44 mil, Nuevo León con $46 mil 46, Quintana Roo $46 mil 750 y Tamaulipas $48 mil 425.
Son cinco estados los que superan los 50 mil pesos, pero no rebasan los 60 mil pesos mensuales: San Luis Potosí $50 mil 915, Michoacán $52 mil 849, Chiapas $53 mil 567, Guerrero $53 mil 989 y Baja California Sur con $56 mil.
En el caso de los estados en los que los salarios de los jueces reciben más de 60 mil y menos de 70 mil pesos mensuales son: Durango con $60 mil, le sigue Baja California con $61 mil 82, Aguascalientes con $62 mil 131, continuando con Nayarit $67 mil 600 y Guanajuato con $69 mil 320.
Los estados con un salario superior a los 70 mil pesos, pero inferior a 80 mil pesos mensuales son dos: Querétaro con $72 mil 299 y Chihuahua con $73 mil 123.
Los estados que superan los 80 mil pesos y no rebasan los 90 mil pesos mensuales son Sonora y Yucatán quienes reciben $80 mil y Estado de México con $80 mil 283.
Por último, los estados donde los jueces reciben salarios mayores a los 90 mil pesos mensuales son Jalisco con $97 mil 10, y Ciudad de México con $103 mil.
En la siguiente tabla se muestra lo aquí indicado:
En el ámbito federal se muestra también un escenario incongruente en materia salarial ya que los Secretarios Instructores tienen un ingreso mayor al de sus superiores jerárquicos, que son los jueces laborales, y que a estos se les redujeron en un 40% sus ingresos.
Entre las repercusiones que ha traído la reforma judicial está el caos en materia de salarios de los jueces laborales quienes ahora enfrentan excesivas cargas de trabajo en perjuicio de los justiciables, tanto patrones como trabajadores.
¿Hasta cuándo la federalización de los juzgados laborales?