Lo ocurrido en Chihuahua no es un incidente aislado ni un error administrativo menor. Es, en realidad, la expresión más cruda de una forma de gobernar que ha decidido relativizar la legalidad constitucional en nombre de una supuesta eficacia en materia de seguridad. La participación de agentes extranjeros -de la CIA- en operativos dentro del territorio estatal, sin conocimiento ni autorización del gobierno federal, no sólo es un hecho grave: es un síntoma de descomposición institucional que exige consecuencias políticas de alto nivel.
La administración encabezada por Maru Campos ha quedado atrapada en una red de contradicciones que, lejos de aclarar los hechos, los agrava. Primero se intentó minimizar la presencia de los agentes, reduciéndolos a simples “instructores”. Después, la evidencia fue empujando la narrativa hacia un terreno más incómodo: el de la colaboración operativa. En ese tránsito, lo que se desdibuja no es sólo la verdad, sino el respeto mismo al orden constitucional.
Porque no hay ambigüedad posible en el marco jurídico mexicano. La conducción de la política exterior corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal. Los estados no pueden, bajo ninguna circunstancia, establecer acuerdos o mecanismos de cooperación directa con potencias extranjeras en materia de seguridad. No es una recomendación: es una prohibición expresa. Cuando un gobierno estatal decide ignorarla, por acción o por omisión, no está innovando en política pública; está rompiendo el pacto federal.
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Lo más preocupante no es únicamente la presencia de agentes extranjeros en territorio chihuahuense, sino la posibilidad de que hayan participado en tareas que rebasan el intercambio de información: operaciones de campo, uso de tecnología, incluso coordinación táctica. De confirmarse, no estaríamos ante un error de procedimiento, sino ante una cesión de facto de funciones soberanas. Y eso, en cualquier Estado que se respete, tiene nombre: responsabilidad política grave.
En este contexto, el papel del Partido Acción Nacional resulta igualmente cuestionable. Lejos de asumir una postura de exigencia institucional, ha optado por cerrar filas en torno a una narrativa defensiva que evade el fondo del problema. No sorprende: el PAN ha construido históricamente una relación ambigua con la agenda de seguridad impulsada desde Estados Unidos, oscilando entre la subordinación pragmática y la retórica soberanista de ocasión. Chihuahua parece ser, hoy, la consecuencia lógica de esa ambivalencia.
Desde la perspectiva de quienes creemos en la vigencia del Estado constitucional, no se trata de un debate partidista menor, sino de una línea roja que ha sido cruzada. No se puede normalizar que gobiernos locales operen canales paralelos de cooperación con agencias extranjeras, mucho menos en áreas tan sensibles como la seguridad. Hacerlo equivale a fragmentar la soberanía nacional en parcelas discrecionales, donde cada entidad decide hasta dónde llega su obediencia a la Constitución.
La responsabilidad de Maru Campos no puede diluirse en la burocracia intermedia. En un sistema presidencialista a nivel estatal, la conducción política es indelegable. Si sabía, es responsable por autorizar o permitir. Si no sabía, lo es por no controlar. En ambos casos, la conclusión es la misma: hay una falla grave en el ejercicio del poder.
Por eso, la discusión no debe quedarse en el terreno de las explicaciones mediáticas ni en el intercambio de declaraciones entre niveles de gobierno. Debe trasladarse al ámbito que corresponde: el de las responsabilidades constitucionales. El juicio político no es una herramienta de revancha, sino un mecanismo institucional diseñado precisamente para estos casos, cuando las acciones u omisiones de un servidor público afectan de manera grave los intereses públicos fundamentales.
Aquí no está en juego únicamente la legalidad de un operativo, sino la integridad del orden constitucional mexicano. Permitir que este episodio se diluya sin consecuencias sentaría un precedente peligroso: el de la tolerancia frente a la injerencia extranjera gestionada desde lo local. Y ese es un lujo que el país no puede darse.
La conclusión es inevitable: existen elementos suficientes para iniciar un proceso de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua. No como acto de persecución, sino como afirmación del principio de que nadie -ni siquiera un gobierno estatal- está por encima de la Constitución. Porque cuando la soberanía se negocia en lo oscuro, la democracia se erosiona en lo profundo.