En México, durante décadas, el acceso a los servicios de salud ha estado marcado por una fragmentación institucional que divide a la población según su condición laboral: quienes cotizan en el sector formal acceden a la seguridad social; quienes no, dependen de esquemas públicos con menor capacidad instalada. Este diseño, aunque funcional en su origen, ha resultado insuficiente frente a una realidad social cada vez más compleja y demandante.
El reciente decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum que crea el Servicio Universal de Salud (SUS) representa un punto de inflexión en esta historia. Se trata de una decisión de política pública que, sin desmontar las instituciones existentes, propone algo profundamente transformador: articularlas en una sola red funcional al servicio de las personas.
El SUS parte de una premisa sencilla pero poderosa: ningún mexicano debe ser rechazado de un servicio de salud por razones administrativas. En términos prácticos, esto significa que cualquier persona podrá ser atendida en la unidad médica disponible, independientemente de su afiliación institucional. Con ello, se rompe una de las barreras más persistentes del sistema: la segmentación del acceso.
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Este nuevo modelo no implica la desaparición del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar o de los servicios estatales de salud no incorporados al IMSS Bienestar. Por el contrario, reconoce su existencia y fortalece su articulación mediante mecanismos de coordinación, intercambio de servicios y compensación financiera. Es, en esencia, un modelo de integración operativa que busca aprovechar mejor la infraestructura, el personal médico y los recursos ya existentes.
Uno de los pilares del SUS es la construcción de un sistema interoperable, sustentado en herramientas como la credencial única de salud y el expediente clínico electrónico. Estos instrumentos no solo permitirán identificar a los pacientes de manera unificada, sino también dar continuidad a su atención médica en cualquier institución del país. La salud deja de ser un trámite fragmentado para convertirse en un proceso continuo centrado en la persona.
La implementación gradual del SUS, comenzando con la atención de urgencias y los embarazos de alto riesgo, refleja una estrategia responsable. Se priorizan los servicios donde la oportunidad de la atención es determinante para salvar vidas, al tiempo que se generan las condiciones para una expansión progresiva del modelo.
La importancia de este decreto radica en que materializa, en el ámbito operativo, el derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución. Durante años, este derecho ha sido más una aspiración que una realidad efectiva para millones de mexicanos. El SUS busca cerrar esa brecha, no desde la retórica, sino desde la reorganización concreta del sistema de atención.
Sin embargo, también es necesario reconocer que, al tratarse de un decreto administrativo, su alcance tiene límites jurídico estructurales. Su permanencia, consolidación y evolución dependen en gran medida de decisiones administrativas y de la voluntad política del momento. Por ello, el siguiente paso es ineludible.
Hoy el reto recae en el Congreso de la Unión, corresponde a las y los legisladores transformar este esfuerzo en una reforma legal de fondo que otorgue al SUS sustento jurídico pleno, estabilidad institucional y viabilidad de largo plazo. Solo mediante su incorporación en el marco legal se podrá garantizar que este modelo no sea una política transitoria, sino una política de Estado.
Legislar el Servicio Universal de Salud implica no solo reconocer su validez, sino también dotarlo de reglas claras de financiamiento, mecanismos de coordinación obligatorios y esquemas de rendición de cuentas. Significa, en última instancia, asumir que el derecho a la salud no puede depender de arreglos administrativos, sino que debe estar protegido por la ley.
El SUS abre una oportunidad histórica: por primera vez en mucho tiempo, México tiene la posibilidad real de transitar hacia un sistema de salud verdaderamente universal, donde la atención médica deje de ser un privilegio condicionado y se convierta en un derecho efectivo para todas y todos.
El decreto del Poder Ejecutivo Federal ha trazado la ruta, ahora corresponde al Poder Legislativo convertir ese trazo en una estructura sólida y permanente. De ello dependerá que el Servicio Universal de Salud sea recordado como un intento más de reforma o como el inicio de una nueva etapa en la garantía del derecho a la salud en México.