En los últimos años el debate público en México ha comenzado a reconocer una realidad que durante mucho tiempo permaneció invisible: el trabajo de cuidados sostiene la vida cotidiana de nuestra sociedad. Cuidar a niñas y niños, acompañar a las personas mayores, atender a quienes viven con discapacidad o enfermedad, organizar la alimentación y el bienestar del hogar. Todo ello constituye una base silenciosa sin la cual ninguna economía ni ninguna comunidad podría existir.
Durante décadas este trabajo fue considerado un asunto estrictamente privado, una responsabilidad de las familias y, en la práctica, de las mujeres. Sin embargo, el México del siglo XXI exige una transformación profunda de esta lógica. El cuidado debe dejar de ser una carga invisible para convertirse en un derecho social garantizado por el Estado.
En ese contexto cobra especial relevancia la propuesta de construir un Sistema Nacional de Cuidados, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de una de las discusiones más importantes de la política social contemporánea, porque toca el núcleo mismo de cómo organizamos la vida colectiva.
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El planteamiento es claro: reconocer el derecho al cuidado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente mediante una reforma al artículo 4º, para establecer que todas las personas tienen derecho a recibir cuidados dignos a lo largo de su vida y que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para ello.
Este reconocimiento constitucional no sería un simple gesto simbólico. Implicaría construir una arquitectura institucional que permita articular políticas públicas dispersas en un Sistema Nacional de Cuidados, capaz de coordinar los esfuerzos de salud, educación, seguridad social y asistencia social en beneficio de la población.
El proyecto también supone la expedición de una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, así como ajustes en normas fundamentales como la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de mejorar las licencias parentales, facilitar la conciliación entre trabajo y vida familiar y reconocer la labor de quienes cuidan.
Este enfoque ha comenzado a reflejarse en la planeación nacional. El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 incorpora la construcción de un sistema de cuidados como parte de la estrategia de bienestar del Estado mexicano. No se trata solamente de ampliar programas sociales, sino de avanzar hacia una política pública integral que acompañe a las personas a lo largo de todo su ciclo de vida.
El desafío es enorme. Significa ampliar servicios de educación y cuidado infantil, fortalecer la atención a personas mayores, generar apoyos para quienes cuidan a familiares con discapacidad y desarrollar infraestructura social que permita compartir de manera más justa las responsabilidades del cuidado.
Pero también implica un cambio cultural profundo. Durante generaciones hemos naturalizado la idea de que el cuidado es una tarea doméstica, casi invisible en las estadísticas económicas y en la planeación pública. Reconocerlo como un derecho significa afirmar que sostener la vida es una responsabilidad colectiva.
México ha dado pasos importantes en la construcción de un Estado de bienestar en los últimos años. Programas sociales, pensiones para adultos mayores y apoyos a personas con discapacidad han ampliado derechos y reducido desigualdades. El Sistema Nacional de Cuidados puede convertirse en el siguiente gran paso en esa dirección.
Si logramos consolidarlo, no sólo estaremos reconociendo el valor del trabajo de millones de mujeres que durante décadas han sostenido silenciosamente la vida del país. Estaremos construyendo un México más justo, donde el bienestar no dependa únicamente del esfuerzo individual o familiar, sino de una política pública que coloque en el centro la dignidad de las personas.
El cuidado, en última instancia, es la forma más elemental de la solidaridad social. Convertirlo en política de Estado es, también, una forma de construir futuro.