El tema de la desaparición de personas en México sigue causando indignación, preocupación y temor en gran parte de la sociedad mexicana. Sobre todo entre quienes han perdido a un ser querido, como también en grupos y organizaciones de búsqueda de desaparecidos, entre los que está de forma relevante el grupo de madres buscadoras, a las que la presidente de México, Claudia Sheinbaum no ha querido recibir, pero quienes con su esfuerzo y tenacidad han contribuido a dar cara a este fenómeno social.
Luego de una larga insistencia pública, apenas el 27 de marzo de 2026, la presidente Sheinbaum presentó un informe sobre la búsqueda de personas desaparecidas en México.
Ese día dijo que el total de personas desaparecidas a la fecha es de 130,178. Y enseguida un desglose que registra como personas de las que se desconoce su paradero y no hay actividad reciente es de 43,128. Y de ahí 40,308 personas con registros de actividad posterior a su desaparición (trámites de INE, SAT), indicando posibles localizaciones con vida y por último 46,742 casos con datos incompletos o insuficientes para iniciar una búsqueda precisa.
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Enseguida grupos de rescate y búsqueda, de derechos humanos y de integración social reclamaron que estas cifras son engañosas y que no corresponden a la realidad.
Sin embargo el tema es de enorme preocupación no sólo dentro del país, sino que ha trascendido al exterior y ha generado gran preocupación en organizaciones mundiales de derechos humanos.
Una de ellas se expresó en el informe que dio a conocer el 1 de abril el “Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU” (CED) que alertaba sobre una "crisis" y "catástrofe humanitaria" de desapariciones en México.
El reporte señala omisiones en el combate a este delito, impunidad y participación de agentes estatales y, por tanto, pidió elevar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas debido a “la gravedad de la situación”.
Señala, además, una crisis forense y patrones de impunidad en las investigaciones. Y sobre todo que el alto número de desapariciones en México presenta “indicios fundamentados de constituir crímenes de lesa humanidad”.
El informe detonó tensiones entre las partes, tanto que el 2 de abril el gobierno de México decidió descalificar el informe de la CED-ONU, calificándolo de tendencioso, con datos no actualizados y que no reconoce los avances institucionales logrados desde 2018, argumenta que lo que ocurre nada tiene que ver con políticas de Estado y que es un informe que sugiere, falsamente, que las desapariciones son “generalizadas y sistemáticas” por agentes del Estado.
El rechazo oficial fue comunicado por la Cancillería y la Secretaría de Gobernación el 2 de abril de este año y de inmediato el coro morenista emitió sus descalificaciones a lo enviado por la ONU.
Pero el tema no quedó ahí, el hecho mismo es que luego se anunció la llegada a México del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Volker Türk, quien realiza una visita oficial para reunirse con la presidente Claudia Sheinbaum.
Pero también para evaluar –informaron- sobre la crisis de derechos humanos en México. Especialmente en lo que refiere a desapariciones y violencia. Se reúne, además, con víctimas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y representantes de la sociedad civil.
El objetivo –ha dicho Türk- es hacer una valoración y fortalecer una cooperación técnica en apoyo a los trabajos del gobierno, además de evaluar avances y pendientes tras la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.
El problema es grave en México. Pero lo es más si no se atiende en sus raíces sociales, si no se atiende en su fenómeno criminal y si no se abate la impunidad y la corrupción, que hacen que esta anomalía siga ocurriendo de forma cotidiana en todo el país.
El gobierno no quiere reconocer que en esta materia sí necesita ayuda, aun cuando sabe que esto que se vive en México es un tema excepcional que genera indignación, dolor, enojo, inconformidad y desafecto a un gobierno por el cual muchas de las víctimas pudieron haber votado a favor.
Se sabe que el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch es un funcionario eficiente y anticorruptible. En tanto el embate de la política mentirosa y desquiciada, que ha sido un síntoma de los gobiernos mexicanos, no lo contamine, podría ser un principio de solución.
Pero también requiere ayuda en uno más de los grandes problemas de seguridad que atiende: El tema de los y las desaparecidos que es de gran relevancia para todos los mexicanos, pero en particular para los miles de víctimas.
Y debe ser de interés prioritario, junto con otros asuntos que tienen que ver con los homicidios dolosos, la violencia criminal, el crimen organizado, el narcotráfico, los feminicidios, la delincuencia… y todos aquellos atentados a la integridad física y patrimonial de los mexicanos.
Recibir ayuda de la ONU no va en desdoro del trabajo que ya se realiza. Al contrario. Es un apoyo que conducirá a una más pronta solución del problema de los desaparecidos, de la corrupción, de la impunidad.
Recibir ayuda es propio de un gobierno transparente, democrático y preocupado por los habitantes de todo el país en su seguridad, que es vital para la convivencia productiva y pacífica… A menos que no se quiera solucionar el problema por extrañas razones.