A todo lugar donde voy, ya sean tribunales, juzgados, Juntas de Conciliación y Arbitraje, reuniones, negociaciones, o hasta en recónditos pasillos, los abogados laborales, representantes patronales, sindicatos, y hasta funcionarios de gobierno preguntan: ¿qué ya se va Alfredo Domínguez Marrufo?
La pregunta no deja de ser importante, porque este funcionario ha ocupado la Dirección General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCyRL) desde su creación, y es la autoridad más importante en materia de trabajo en México.
El Centro Federal es una especie de máquina laboral que hace de todo, atiende tanto las conciliaciones federales en las 32 entidades de la República, como también se encarga de los registros sindicales del apartado “A” del artículo 123 constitucional, desde los organismos pequeños de 20 agremiados, hasta organizaciones mayúsculas como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social que tiene cerca de medio millón de afiliados.
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En materia sindical es el encargado del registro de nuevos sindicatos, elección de dirigentes, reestructuraciones de los comités ejecutivos, estatutos y sus reformas, de los padrones de socios, y hasta de la rendición de cuentas.
También está a cargo de los asuntos colectivos laborales, desde el otorgamiento de Constancias de Representatividad, Contratos Colectivos de Trabajo iniciales, y el registro de los convenios de revisión salarial y contractual, sin dejar de lado lo relacionado a los Contratos Ley y los Reglamentos Interiores de Trabajo.
Todo esto a través de la vigilancia de la aprobación por medio del voto personal, libre, directo y secreto donde los trabajadores son quienes toman las decisiones para el registro de contratos y convenios, así como de la elección de dirigentes.
Con su Plataforma de enorme capacidad puede estar recibiendo y tramitando miles de solicitudes al día, hasta en altas horas de la noche llega a entregar Tomas de Nota, aun con las deficiencias presupuestales en las que opera. El personal que labora está en constante rotación dado los bajos salarios que enfrenta, lo que dificulta su profesionalización.
El primero de agosto de dos mil veintiséis nos encontraremos con la ratificación (o no) del actual Director General del CFCyRL, Alfredo Domínguez Marrufo, quien puede ser reelecto una sola vez, o con la designación de un nuevo funcionario.
En días siguientes se publicará la terna que será propuesta por la actual Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para la aprobación de al menos las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, en un plazo de 30 días. Si el cuerpo legislativo no resolviera en ese plazo, la Presidenta entonces podría designar a quién ocupará ese cargo.
Y para el caso de que la Cámara de Senadores rechace la primera terna, la mandataria someterá una nueva, que de ser rechazada nuevamente, la Doctora Sheinbaum podría designar libremente a quién deba fungir como Director General.
Es una decisión muy importante dada su trascendencia en el ámbito laboral ya que quienes designan al Director General, tendrán que tomar en cuenta la experiencia acumulada en los últimos seis años en la conformación de este Centro Federal, o bien apostar por un nuevo funcionario que tendrá que enfrentar retos inéditos en la composición de nuevos equipos de trabajo.
Estaremos atentos en los próximos días del devenir que enfrentará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus repercusiones en materia de trabajo ante un posible cambio de timón.
En otros avatares
Apareció un pronunciamiento público por parte del personal adscrito a los Tribunales Laborales Federales, tanto de asuntos individuales como colectivos, con sede en la Ciudad de México, expresando un rechazo absoluto a hechos atribuidos a la jueza electa Graciela Treviño Garza, y a la secretaria de instrucción Alma Karina Guevara Espinoza por conductas que constituyen violencia laboral, hostigamiento, abuso de poder y transgresión a la dignidad de las personas trabajadoras.
Se les ha exigido al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial que actúen de inmediato, abran una investigación y adopten medidas cautelares y de protección, la víctima directa es Víctor “N”, secretario instructor, e indirectas personas oficiales, actuarías, secretarías y diversas prácticas quienes están recibiendo amenazas de posibles represalias por no guardar silencio.