A comienzo de este mes, el Gobierno de México emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que rechazaba el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, debido a que este era tendencioso, no tomaba en cuenta los avances institucionales en la materia a partir de 2019, sus premisas eran “ligeras”. Además, algunos integrantes del Comité habían participado con organizaciones de la sociedad civil demandantes del Estado mexicano, y no reflejaba la realidad de que en los últimos años la desaparición forzada de personas no era una práctica gubernamental ni que se había promulgado una ley en la materia en 2025.
Tras estas aseveraciones, como parte de un ejercicio de cotejo de información, se comparten algunas notas del documento aludido en el comunicado del gobierno mexicano, cuya versión preliminar ya es pública en la página de la Organización de las Naciones Unidas.
El documento fue emitido el 19 de marzo de 2026 por el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual, señaló varias fallas en la respuesta a la situación de la desaparición de personas en la República Mexicana. El contenido de este refiere que desde 2012 se han hecho recomendaciones en la materia, pero estas no se han cumplido o sólo de manera parcial hasta el día de hoy. Para argumentar lo anterior, el Comité elaboró una línea de tiempo sobre las recomendaciones hechas en la materia.
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En 2012, instó a adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, así como a buscar y localizar a las personas desaparecidas, y a promover los derechos de las víctimas. Tres años más tarde, refirió la existencia de un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano y las deficiencias existentes con respecto a la atención de la situación, comenzando con la falta de un registro único de personas desaparecidas, por lo que, la recomendación en ese momento fue la creación de este.
En 2018, un nuevo informe indicó la ausencia de datos confiables sobre las desapariciones forzadas en el país, el casi nulo número de sentencias y de condenas, el conocimiento de las autoridades de la existencia de un gran número de cadáveres sin identificación y fosas clandestinas sin resguardo y “la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”. Aunque también reconoció que ya se había tipificado el delito, instalado la Comisión Nacional de Búsqueda y creado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con aspectos por revisar.
Después de una visita en 2021 por parte del Comité, las conclusiones arrojaron que, según los datos estatales, solo entre 2 y 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y que, hasta ese momento, solo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional, advirtiendo una impunidad estructural. En aquel momento, el Comité advirtió que “los Estados son responsables de las desapariciones cometidas por sus servidores públicos y por las personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, incluso cuando se trate de organizaciones criminales o paramilitares”.
Por ello, recomendó “fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; garantizar la coordinación entre instituciones; remover los obstáculos que impiden la judicialización; atender las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio; facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data; atender la crisis forense; facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades; proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones; atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones”.
A dos años de distancia de la visita, otras observaciones en la materia lamentaron la persistencia de una situación generalizada de desapariciones, la falta de una política nacional e integral de prevención y erradicación de las mismas, la deficiencia de las investigaciones y señalaron la urgencia de solucionar esos vacíos, pero también, garantizar la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil en todas las etapas de la búsqueda, investigación y reparación, y de adoptar un enfoque diferencial para atender sus requerimientos.
Como conclusión del documento se determinó que era necesario solicitar al secretario general de las Naciones Unidas remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
A pesar del rechazo evidente al documento hasta este viernes 17 de abril, pues en la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación insistió en el cuestionamiento al mismo, esta próxima semana podría darse un encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, quien visitará nuestro país la próxima semana.
A partir de 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón, inició esta crisis de desaparición de personas, muchas de ellas, en manos de las propias autoridades, como consecuencia de una política de seguridad cuyos resultados han sido una mayor militarización del país, un incremento sustancial de la violencia en toda la República Mexicana y más de 130 mil desapariciones.