La transformación digital ha cambiado nuestras vidas de manera profunda. Millones de personas en todo el mundo tienen acceso inmediato a información, educación, entretenimiento y otras actividades en línea que hace apenas unas décadas eran impensables.
México no es la excepción. Avanzamos con rapidez hacia una sociedad cada vez más conectada. Más del 80% de la población mexicana utiliza internet, y entre adolescentes la proporción supera el 95%.
Sin duda alguna, el acceso al internet ha sido indispensable para impulsar el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la hiperconectividad también implica riesgos que no podemos ignorar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
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Se estima que uno de cada cinco menores en el mundo, ha sufrido algún tipo de daño sexual en línea, mientras que redes internacionales han reportado incrementos exponenciales en este tipo de contenidos. En América Latina, el problema se agrava por falta de controles y políticas públicas efectivas de alfabetización digital. Una gran proporción de niñas y niños no sabe identificar los riesgos que corren en internet y fácilmente interactúan con desconocidos.
Lamentablemente, el entorno digital se ha convertido en un espacio propicio para nuevas formas de abuso y explotación infantil como el grooming, que se entiende como la serie de conductas de persuasión, engaño, manipulación o acoso ejercidas por una persona adulta hacia una niña, niño o adolescente a través de medios digitales, con el propósito de establecer un vínculo de confianza que derive en la obtención de contenido sexual, la realización de actos de carácter sexual o la captación con fines de explotación o trata.
No estamos hablando de un problema del futuro. Está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, en los teléfonos, tabletas y computadoras de nuestras hijas e hijos.
Por ello, es clave impulsar una estrategia integral que articule prevención, atención, detección y, en su caso, canalización institucional. En la Cámara de Diputados ya trabajamos para concretarla.
No basta con reconocer el problema: se requieren políticas públicas específicas, protocolos claros, coordinación entre instituciones y mecanismos eficaces que involucren también a las plataformas digitales. Es fundamental garantizar atención integral a las víctimas: desde su rescate hasta su recuperación emocional, la restitución de sus derechos y su reintegración social y educativa. Sin este acompañamiento, cualquier esfuerzo quedará incompleto.
Es momento de que los Poderes de la Unión trabajemos de manera coordinada y con firmeza para combatir el grooming y el abuso sexual infantil. Cada día que pasa, alguien más está manipulando, captando o explotando a un menor. De ese tamaño es nuestra responsabilidad.
El Estado tiene la obligación de responder con la misma contundencia con la que ha sabido regular otros ámbitos de la vida pública. Proteger a la niñez no puede quedar rezagado frente al avance tecnológico. Es un imperativo moral con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.