México podría estar asomándose a una nueva fase de violencia criminal. No necesariamente porque el narcotráfico haya dejado de ser negocio, sino porque cuando ese negocio entra en tensión, las organizaciones no desaparecen. Se reacomodan. Buscan liquidez inmediata, nuevas formas de control y mecanismos más directos para sembrar miedo. En esa lógica, el secuestro, la privación ilegal de la libertad y otras modalidades de captura de personas vuelven a convertirse en rentas criminales altamente funcionales.
Las señales empiezan a aparecer. Empresarios agrícolas desaparecidos, colaboradores técnicos de empresas importantes privados de la libertad y una cadena de casos que circulan en notas periodísticas con mucha más fuerza de la que alcanzan a reflejar las cifras oficiales. Ahí está una de las claves del problema. En México, el secuestro no siempre baja. A veces sólo cambia de nombre en la estadística.
No sería la primera vez. En Baja California, a partir de 2005, la crisis de secuestros tuvo entre sus antecedentes la confrontación interna entre organizaciones del narcotráfico. Cuando esos grupos entraron en disputa por rutas, territorios, cargamentos y liderazgos, también ampliaron su portafolio criminal. El secuestro dejó de ser sólo un delito de alto impacto económico. Se volvió una herramienta de financiamiento, presión, control territorial y mensaje entre rivales. Lo que estaba en juego no era sólo dinero. Era poder.
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México entendió parcialmente esa amenaza. A partir de 2010 comenzaron a empujarse esfuerzos institucionales nacionales y locales más serios, con fiscalías y unidades especializadas en varios estados. En 2014 se dio un paso mayor con la creación de la Conase, que bajo el liderazgo de Renato Sales y después de Patricia Bugarín logró articular con las entidades una política nacional más consistente contra el secuestro. Esa experiencia dejó una lección elemental: este delito no se contiene con declaraciones, sino con inteligencia, coordinación, especialización y seguimiento permanente.
El contexto actual vuelve a encender focos rojos. El conflicto interno en el cártel de Sinaloa, la presión creciente sobre el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el reacomodo criminal tras lo ocurrido con el cártel de Jalisco y el endurecimiento del entorno internacional para ciertas estructuras del crimen organizado pueden estar empujando a varios grupos a buscar otras fuentes de ingreso y control. No hace falta ser adivino para entender lo que históricamente ocurre cuando se aprieta una economía criminal. Se diversifica la violencia.
Y ahí aparece el mayor riesgo. Esta posible nueva etapa encuentra a muchas instituciones locales en condiciones preocupantes. Policías débiles, ministerios públicos rebasados, inteligencia fragmentada y una resiliencia institucional cada vez más pobre para enfrentar delitos complejos. Eso vuelve todavía más peligrosa cualquier simulación estadística. Porque cuando el Estado deja de nombrar con precisión lo que está ocurriendo, también empieza a perder la capacidad de combatirlo.
México ya recorrió este camino y hoy tiene en Sinaloa su ejemplo más actualizado. Ahí está la prueba de cómo las fracturas del narcotráfico pueden detonar secuestros, desapariciones y nuevas formas de sometimiento social. El país ya comprobó que cuando el crimen cambia de negocio, las víctimas no tardan en aparecer. Lo verdaderamente grave sería que, teniendo memoria de sobra, México decidiera otra vez no mirar.
No hay duda, cuando el narco cambia de negocio, lo que está en juego no es sólo la libertad de algunas víctimas. Es la libertad de un país entero para no repetir lo peor de su propia historia.