A poco más de un mes de aquel domingo 22 de febrero que sembró terror en buena parte del país, vale la pena hacer una revisión de fondo sobre lo ocurrido, sobre todo si de verdad existe interés en evitar su repetición. Aquello no fue solamente una reacción violenta por la caída de un líder criminal. Fue también la exhibición nacional de una realidad que México se ha resistido a entender. El terror criminal ya no siempre responde a una estructura única, compacta y centralizada. Muchas veces funciona como una franquicia. Se renta el nombre, se presta el prestigio, se facilita armamento, se entrega droga con sello de origen y se disemina miedo como mecanismo de control.
Esa distinción es fundamental. Una cosa es el núcleo duro de una organización criminal con capacidad real de fuego, disciplina táctica, recursos logísticos y control territorial efectivo. Otra muy distinta son grupos locales que utilizan unas siglas de alto impacto para multiplicar su influencia, paralizar autoridades y someter a la sociedad sin tener necesariamente la misma fuerza militar del centro de mando. En otras palabras, no todo lo que presume ser cártel tiene la dimensión real del cártel. Pero sí puede producir el mismo efecto psicológico.
Ahí está una de las claves de lo ocurrido aquel domingo. Incendiar vehículos, quemar negocios, bloquear carreteras y sembrar pánico en zonas muy alejadas del epicentro no sólo buscó afectar la movilidad o distraer a la autoridad. Buscó instalar una sensación de omnipresencia. Que la gente creyera que estaban en todos lados, que todo lo controlaban y que cualquier desafío al centro criminal tendría consecuencias nacionales. Esa es la verdadera rentabilidad del modelo. No sólo trafica droga. Trafica reputación criminal.
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Así operan estas franquicias. Un grupo delictivo local, asentado en una ciudad o en una región específica, establece contacto con la estructura criminal dominante y acuerda operar bajo sus siglas. Muchas de esas relaciones nacen en penales, en trayectorias compartidas o en redes criminales previamente construidas. El acuerdo suele incluir dos elementos centrales. El primero es el suministro de equipo, particularmente armas, para proyectar una imagen de pertenencia y poder. El segundo es el llamado material, es decir, droga con sello de origen que se entrega para su distribución local, con porcentajes ya pactados para la estructura que otorga la marca.
Lo más relevante es que este modelo no habría sido inventado por el Cártel de Jalisco. Todo apunta a que la Familia Michoacana ya lo había ensayado desde hace más de una década. Jalisco lo perfeccionó. Entendió que una marca criminal temida vale tanto como una plaza armada y que, en muchos municipios, basta con socializar videos de hombres encapuchados, armas largas y comunicados delirantes para que autoridades débiles y sociedades heridas sobrerreaccionen ante el puro nombre.
Por eso conviene separar el miedo de la realidad operativa. Hay regiones donde sí existe una capacidad letal brutal, profesionalizada y sostenida. Pero hay otras donde lo que opera es una célula local con poder limitado, envuelta en el prestigio ajeno de una gran marca criminal. Si el Estado no distingue una cosa de la otra, comete dos errores fatales. Sobredimensiona al enemigo en unas zonas y subestima su verdadera anatomía en otras.
México necesita inteligencia menos espectacular y mucho más fina. Menos fascinación por las siglas y más comprensión del tejido local que las sostiene. Porque cuando el crimen logra que una franquicia parezca un imperio, ya ganó media batalla sin disparar un solo tiro. Y cuando la autoridad no entiende eso, termina combatiendo fantasmas mientras el terror, bien administrado, sigue cobrando renta en nombre de otros.