Las democracias no suelen morir de un solo golpe. No siempre cae primero el tanque ni entra primero el soldado. Muchas veces lo que entra antes es la trampa: la colonización del árbitro, la degradación de las reglas, la presión sobre los contrapesos, la propaganda que sustituye al derecho y la idea de que la mayoría electoral puede convertirse, por arte de voluntad, en patente de impunidad.
La literatura sobre erosión democrática insiste justamente en eso: cuando se debilitan las instituciones (árbitro) y se normaliza la manipulación de la información pública, lo que se erosiona no es sólo una norma, sino la posibilidad misma de una competencia libre y creíble.
Eso es, precisamente, lo que hemos visto en México desde la llegada de Morena al poder. No les ha bastado ganar elecciones; han querido rediseñar el terreno para que la competencia deje de ser competencia. Primero fue López Obrador con su ofensiva permanente contra el INE y contra el marco electoral que hizo posible la alternancia; ahora es Sheinbaum con una nueva reforma que insiste en mover piezas esenciales del sistema político desde la lógica del poder y no desde la lógica de la imparcialidad. No estamos frente a una reforma aislada, sino frente a una ruta: la de construir ventajas indebidas y luego llamarlas “voluntad popular”.
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Algunos puntos para entender la necedad de esta ventaja ilegal:
- Primero rompieron la legitimidad del árbitro para luego intentar romper al árbitro mismo. Durante años, López Obrador convirtió al INE en adversario político y no en autoridad electoral. Esa deslegitimación no era retórica inofensiva: preparó el terreno para justificar después una reforma regresiva que, según el propio INE, afectaba la autonomía del instituto, su estructura territorial, la capacitación electoral, la fiscalización, la protección de datos personales y hasta las acciones afirmativas. El método fue claro: desacreditar al juez para que, cuando llegara el momento de mutilarlo, pareciera un acto de justicia y no un abuso de poder.
- El llamado “Plan B” (el primer “plan b”, el de AMLO) no fue una modernización: fue un intento de desmantelamiento. El INE advirtió desde enero de 2023 que esa reforma abría una incertidumbre inédita para la elección de 2024 y que afectaba gravemente el voto libre, la equidad y la certeza. No era un cambio administrativo ni un ajuste técnico: era una poda deliberada de capacidades esenciales del sistema electoral, incluyendo el Servicio Profesional Electoral, la estructura desconcentrada, la integración de casillas y la fiscalización. La Suprema Corte terminó invalidando todo el “Plan B” por violaciones graves al procedimiento legislativo, es decir, además de malo en el fondo, nació torcido en la forma.
- La sobrerrepresentación fue la traducción parlamentaria de una trampa legalista. En agosto de 2024 el INE aprobó la asignación de diputaciones de representación proporcional aplicando la fórmula constitucional vigente, pero dentro del propio Consejo hubo consejeros que advirtieron que una lectura literal y aislada del artículo 54 podía apartarse de principios de representación verdaderamente democrática. El punto de fondo es brutal: una coalición terminó convertida en mayoría calificada con una interpretación que, siendo formalmente defendible para algunos, produjo un resultado materialmente desproporcionado frente a la pluralidad expresada en las urnas. No fue un fraude tradicional de urnas embarazadas; fue algo más sofisticado y por eso más peligroso: el fraude de hacer parecer legal una ventaja excesiva. Así, una ventaja de menos de 5% que tenía Morena sobre la oposición se convirtió en una ventaja de más de 20%.
- La reforma judicial terminó de confirmar la lógica del régimen: someter al árbitro, colonizar al juez y politizar la justicia. El decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 instauró la elección popular de ministras, ministros, magistrados y jueces, incluyendo cargos del propio Tribunal Electoral. Eso no fortalece la imparcialidad: la somete a la lógica de campaña, de movilización, de padrinazgo y de facción. Cuando el poder político decide que también los jueces deben entrar al mercado del aplauso y de la operación, lo que está haciendo no es democratizar la justicia, sino volverla dependiente de la popularidad, de la estructura y, eventualmente, de quien controle ambas.
- La desaparición de órganos autónomos forma parte del mismo libreto: menos contrapesos, más concentración. En diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional de “simplificación orgánica” que extingue órganos autónomos. Puede discutirse cada caso por separado, pero el patrón político es inequívoco: el morenismo no tolera espacios que no controle plenamente. Y una democracia deja de ser una democracia robusta cuando el gobierno ya no acepta ser vigilado por instancias que no dependan de su mayoría. La imparcialidad institucional no se destruye sólo atacando al INE; también se destruye eliminando ecosistemas completos de autonomía pública.
- Ahora Sheinbaum insiste en rehacer las reglas electorales desde la conveniencia del poder. El 4 de marzo de 2026 fue presentada en la Cámara de Diputados una nueva iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral que modificaba 11 artículos constitucionales y que tocaba cuestiones delicadísimas: la integración de la Cámara de Diputados, cambios en el Senado donde se plantea la eliminación de plurinominales, nuevas reglas de fiscalización y voto electrónico en participación ciudadana. Cuando apenas se ha tensado al máximo el sistema con la sobrerrepresentación, la elección judicial y el desgaste presupuestal del árbitro, intentaron acabar con todo pero fue el PT y el Verde, los aliados de Sheinbaum los que dijeron NO.
- Ahora un segundo “plan b” que no fue reforma electoral (porque el PT tumbó lo de la consulta popular) pero sí política porque se mete a la organización del Estado en su nivel estatal y municipal. Una mala reforma que demuestra tres cosas: 1) que no tienen los votos afuera y siguen intentando cambiar las reglas para no perder el poder, 2) que Sheinbaum no manda en el oficialismo y que cualquiera la puede frenar, y 3)la visión de Morena es 100% centralista.
Un gobierno que desacredita al árbitro, lo mata con recortes, obtiene una mayoría sobrerrepresentada, politiza al Poder Judicial, extingue órganos autónomos y luego vuelve a proponer una reforma electoral, no está corrigiendo imperfecciones del sistema: está rediseñando el sistema para competir con ventaja.
Ese es el corazón del problema. La democracia deja de existir de verdad cuando el gobierno no acepta jugar bajo reglas neutrales ni convivir con instituciones que no le pertenezcan. Y entonces el voto permanece, pero la democracia desaparece.