En política suele ocurrir algo curioso: las reformas se presentan por lo que dicen combatir, pero en realidad responden a lo que buscan construir. La narrativa oficial suele poner el énfasis en lo primero —en los abusos que se quieren corregir— mientras que el verdadero debate está en lo segundo: acabar con los contrapesos y equilibrios al poder .
Eso parece ocurrir con el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum. En el discurso público se ha presentado como una reforma para reducir privilegios y ampliar la participación ciudadana. Sin embargo, cuando se revisan con calma sus tres puntos centrales aparecen varias preguntas de fondo sobre el federalismo, la ingeniería constitucional y, sobre todo, la lógica política que hay detrás.
Los tres puntos que se han puesto sobre la mesa son relativamente simples: reducir recursos para congresos locales, reducir recursos para cabildos municipales y ampliar la consulta popular. Pero el diablo —como suele ocurrir en política— está en los detalles.
Te podría interesar
Algunos puntos para entender lo que realmente está en juego:
- La reforma se presenta como electoral, pero sus dos primeras medidas son locales. Reducir los recursos o los “privilegios” de los congresos locales y de los cabildos municipales puede ser una discusión legítima. Sin embargo, no es estrictamente una reforma electoral federal. Son temas que pertenecen al ámbito de los estados y los municipios, que forman parte de la lógica del federalismo mexicano. Plantearlos desde el centro abre inevitablemente una discusión sobre hasta qué punto el poder federal pretende reorganizar la vida política local y cómo es posible que los gobernadores, alcaldes, legisladores locales, síndicos y regidores del régimen no estén levantando la voz… y una vez más: no por lo que se dice, sino por quién lo dice.
- El federalismo no es concesión del centro, es pacto entre entidades. Como bien se ha señalado en el debate público, el federalismo no consiste en que la capital decida cómo deben organizarse los estados, sino en un acuerdo de voluntades entre entidades que comparten una constitución común. Si desde el poder federal se empiezan a definir la integración, los recursos o el funcionamiento de congresos y cabildos locales, la pregunta inevitable es si estamos frente a una reforma administrativa o frente a un proceso de recentralización política.
- La narrativa del “combate a privilegios” simplifica una discusión institucional más compleja. Como pasó con el Poder Judicial que hablaron de combatir privilegios y ahora además de privilegios hay total ineptitud y corrupción. Hablar de privilegios siempre es políticamente rentable. Nadie defiende privilegios. El problema es que en muchos casos lo que se etiqueta como privilegio forma parte de la arquitectura institucional de una democracia. Los congresos locales y los cabildos no son únicamente espacios de gasto público; son los órganos de representación política más cercanos a la ciudadanía. Debilitar su estructura financiera puede terminar debilitando también su capacidad de contrapeso.
- La ampliación de la consulta popular sí requiere una reforma constitucional. El tercer punto del llamado Plan B implica modificar el mecanismo de consulta popular, que actualmente está regulado en el artículo 35 constitucional. Ese artículo establece las condiciones, límites y procedimientos para que los ciudadanos participen en consultas nacionales. Ampliar su alcance o modificar sus tiempos necesariamente implica una reforma constitucional que debe ser aprobada en mayoría calificada por el Congreso de la Unión y por más de la mitad de las legislaturas de los estados.
- La consulta popular puede ser instrumento de participación… o de legitimación política. Las consultas son una herramienta interesante en democracia, pero también pueden convertirse en instrumentos plebiscitarios cuando se utilizan desde el poder para reforzar decisiones ya tomadas. La experiencia reciente en América Latina muestra que las consultas impulsadas desde los gobiernos suelen terminar funcionando más como mecanismos de ratificación política que como espacios reales de deliberación ciudadana.
- Además, hay otro tema ahí… Claudia Sheinbaum es quien la está convocando, es quien está poniendo el tema en la mesa y quizás no sea tan buena idea para ella… Así como ella le pidió en el “Plan A” la Verde y al PT que por lealtad “se suicidaran” (y no lo hicieron) quizás alguien le está pidiendo por lealtad “su suicidio” y al menos lo está proponiendo con gran posibilidad a que pase.
- Las reformas políticas o electorales desde el poder nunca son neutrales. Ninguna reforma política ocurre en el vacío. Siempre responde a un contexto, a un momento histórico y a un equilibrio de fuerzas determinado. En ese sentido, la discusión no debería centrarse únicamente en si los congresos o los cabildos gastan demasiado dinero, sino en cuál será el impacto de estas decisiones en el equilibrio entre poderes, en el federalismo y en la calidad de nuestra democracia.
Al final, lo más importante de una reforma política no es la narrativa que la acompaña, sino el sistema institucional que deja. Reducir privilegios siempre suena bien. Ampliar la participación ciudadana también. Pero la historia política está llena de reformas que comenzaron con esas promesas y terminaron debilitando los contrapesos que sostienen a una democracia.
Hoy tenemos el sistema más débil de los últimos 30 años justo por esos mismos racionales: austeridad, corrupción, privilegios. Irónicamente ahora hay más privilegios, más corrupción y además sale más caro, ahí está el AIFA, Mexicana, el Poder Judicial y tantas cosas y políticas públicas más.