El 25 de marzo el Senado cerró una discusión que en días previos generó muchas especulaciones. Desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum lo resumió con claridad al señalar que se aprobó la parte de los privilegios, la que más importaba. Ahí está el punto central de lo ocurrido.
Durante semanas se alimentó la idea de que cualquier diferencia dentro de la coalición derivaría en una ruptura. Se dijo que el proyecto se frenaría, que no habría condiciones para sacarlo adelante y que el llamado Plan B acabaría diluido. El resultado fue otro. La reforma avanzó en su núcleo principal y dejó asentado algo fundamental. La mayoría legislativa sí logró convertir en norma una parte sustantiva de su agenda de austeridad republicana.
El cambio más importante tiene que ver con el uso del dinero público. A partir de esta reforma, los privilegios de alta burocracia encuentran un freno constitucional. Seguros privados, cajas de ahorro especiales y prestaciones de élite financiadas con recursos públicos quedan fuera de lugar en un nuevo diseño institucional que exige congruencia entre el servicio público y la responsabilidad republicana. En esa misma lógica, las remuneraciones de autoridades electorales deberán sujetarse a los límites del artículo 127 constitucional. Eso significa que consejeros del INE, magistrados electorales y titulares de áreas técnicas y ejecutivas de organismos locales ya no podrán colocarse por encima del tope salarial que marca la remuneración de la Presidenta de la República.
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Ese punto tiene una carga política evidente. Durante años, esos sueldos y beneficios se convirtieron en símbolo de distancia entre las instituciones y la ciudadanía. Por eso lo aprobado ayer tiene un valor que va más allá de la discusión presupuestal. Expresa una toma de postura sobre qué tipo de Estado se quiere construir y bajo qué principios debe ejercer su autoridad.
La reforma también alcanza al propio Poder Legislativo. El Senado deberá ajustar su presupuesto de forma progresiva durante cuatro años hasta acumular una reducción real del 15%, tomando como base el presupuesto de 2026. Se trata de una disposición relevante porque manda una señal de consistencia. La austeridad republicana gana fuerza cuando empieza por las propias instituciones que aprueban las leyes.
En el ámbito local, el ajuste también fue significativo. Los ayuntamientos tendrán un máximo de 15 regidurías y los congresos estatales deberán respetar un límite presupuestal de 0.70% del presupuesto de su entidad. Además, los recursos liberados por estas medidas tendrán un destino específico. Obra pública, infraestructura y servicios para la población. Es decir, el ahorro no queda como un dato administrativo. Se traduce en una definición sobre prioridades públicas.
Conviene también mencionar con serenidad lo que quedó fuera. En esta ocasión no prosperó la propuesta para abrir la posibilidad de que la revocación de mandato pudiera celebrarse también en el tercer año de gobierno. Esa modificación al artículo 35 será para otro momento. Pero el mecanismo sigue plenamente vigente, pues la ciudadanía conserva la facultad constitucional de solicitar ese ejercicio en el cuarto año, tal como ya estaba previsto. El derecho permanece intacto. Lo que no entró fue una vía adicional para ejercerlo antes.
Esa distinción importa mucho. Porque una cosa es posponer una variante en las condiciones temporales de ejecución del mecanismo y otra muy distinta es poner en entredicho su continuidad. Lo aprobado en el Senado dejó en pie la herramienta de participación ciudadana y, si se reúnen, las firmas necesarias, la consulta podrá convocarse en 2028. La revocación sigue siendo un instrumento del pueblo de México para evaluar el desempeño del Ejecutivo y decidir sobre su destino.
También vale la pena detenerse en la dimensión política de la votación. En tribuna, el senador Alberto Anaya expresó el respaldo del Partido del Trabajo a la coalición gobernante. Su intervención tuvo peso propio porque ayudó a despejar la narrativa de fractura que algunos intentaron instalar. Morena, el Verde y el PT mostraron coincidencias de fondo en una agenda social, en la defensa de la austeridad republicana y en el rechazo a los privilegios. A pesar de las interpretaciones contrarias, ahí quedó refrendado el eje central de su alianza.
Las coaliciones amplias funcionan así. Comparten una orientación general, procesan matices y ordenan diferencias a través de las instituciones. Eso forma parte de la vida democrática. La democracia no exige uniformidad. Exige cauces pacíficos para el desacuerdo y capacidad para construir mayorías en lo esencial. Justamente eso fue lo que ocurrió en esta votación.
Por eso el balance de la jornada resulta claro. El Plan B avanzó en su contenido más importante. Se aprobó el recorte a privilegios, se establecieron límites al gasto institucional y se fortaleció la idea de que el poder público debe actuar con mesura, con responsabilidad y con sentido social. Lo sustantivo quedó aprobado y, con ello, el combate a los excesos del poder dio un paso que ya tiene rango constitucional.