La semana pasada fue asesinado en La Paz, Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, a quien nueve días antes lo habían removido de su cargo como director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur.
El nombre de la persona, el lugar tan lejano y el que haya sido removido de su cargo y que hubo una campaña de mantas para tratar de vincularlo a grupos criminales, podría hacer pensar a cualquier persona que era un mal funcionario. Pero sería muy equivocado pensarlo. Incluso es tan grave este caso que ya tiene consecuencias y es posible que tenga repercusiones de muy alto nivel en el partido de Morena.
Soriano Castro es y era una persona respetada en Baja California Sur. Uno de los cargos que en esta historia es importante destacar es el haber sido, durante siete años, subprocurador de Delitos de Alto Impacto en la Procuraduría estatal, cargo del que fue removido en julio de 2025. Su salida fue extraña y se dio en medio de una conferencia de prensa donde mostraba las cifras de cómo habían disminuido los homicidios en la entidad y en general de su estrategia, en donde aprovechó para decir que no renunciaría a su cargo porque no le debía nada al crimen organizado.
Te podría interesar
Lo enviaron al Centro Interdisciplinario, en donde estuvo hasta el 12 de febrero pasado, cuando lo corrieron nuevamente, ahora argumentando “pérdida de confianza”, una supuesta pérdida de confianza derivada de sus declaraciones públicas sobre corrupción, extorsiones y cobro de piso.
El asesinato, no tienen dudas las autoridades federales que lo investigan, fue operado y consumado por un grupo criminal que tiene el control de La Paz, precisamente para hacerlo parecer como el cobro de cuentas pendientes. Pero la autoría intelectual que investigan es la probable participación de un grupo político de Morena en el estado con vínculos cercanos a nivel federal, y esta es la principal línea de investigación que siguen no sólo en México, sino también en Estados Unidos.
Cabe decir que Soriano Castro fue entrenado por agencias estadounidenses, y se ganó su confianza, así que tienen absoluta certeza de que no estaba coludido con alguna organización dentro o fuera del estado. Por ello lamentaron su muerte.
Tres hechos de mucha relevancia que han llamado la atención de las personas que investigan en ambos países este crimen:
Primero, a pesar del delicado trabajo que tuvo Bernardo Soriano como subprocurador, llevando a prisión a varios criminales importantes y colaborando con la federación en varias pesquisas, la Procuraduría le quitó la escolta y cualquier protección.
Segundo, cuando se cometió el asesinato, los elementos de la Procuraduría llegaron al lugar tan rápido, que se convirtieron en los primeros respondientes, por lo que han tenido acceso directo a todas las posibles pruebas. Suele ser extremadamente raro que las fiscalías sean las primeras en llegar al lugar de los hechos, porque normalmente lo hacen las policías que son las que mantienen la vigilancia de las calles, y por eso acordonan la zona y protegen las pruebas.
Tercero, el cuerpo, de acuerdo con los reportes en poder de las autoridades federales, se lo llevaron unos 15 minutos después de cometido el asesinato, demasiada velocidad para llevar a cabo todas las periciales.
Hay un hecho más que están indagando los agentes, y es que aparentemente se dio la orden de que no hubiera patrullaje de la policía en la zona ni cerca de allí en las horas cercanas al crimen.
En el intercambio de información entre México y Estados Unidos han planteado como un elemento sustancial el hecho de que Soriano Castro estaba construyendo una candidatura a la gubernatura del estado, y el que estaba colaborando en las investigaciones sobre corrupción que vinculan a personas dentro del gobierno local y líderes de Morena en el país.
El caso que las autoridades investigadoras han vinculado con este crimen es el presunto desvío de 55 millones de pesos (cifra que podría aumentar) en detrimento del el Instituto de Vivienda local (INVI) de Baja California Sur, dinero del que se habrían beneficiado varios funcionarios estatales.
Por este suceso, de parte de los investigadores estatales, tres personas han sido vinculadas a proceso y permanecen en prisión preventiva, y continúan las indagatorias contra otros presuntos responsables. Entre los nombres que han surgido en el expediente y que se investigan se encuentran: el entonces secretario de Gobierno del estado y actual senador, Homero Davis Castro; la exdirectora del Instituto, Fernanda Villarreal, y quien ahora labora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, y Juan Manuel Reyes, quien fungía como director de Finanzas del estado.
Adicionalmente, de acuerdo con el expediente federal, habrían sido enviados entre 7 y 10 millones de pesos, probablemente varias veces, para apoyar la precampaña a la presidencia de la República de Adán Augusto López Hernández. En las declaraciones del extesorero del organismo, Javier “N”, se establece que esas solicitudes de efectivo iniciaron en noviembre de 2022. Por cierto, ya hay varias grabaciones circulando con información relacionada a esto, las cuales me aseguran, son veraces.
¿Qué papel jugaba Soriano Castro en esta indagatoria? A pesar de no tener el caso en sus manos, se había convertido en un funcionario confiable para uno de los detenidos y gracias a esto estaba cooperando con información valiosa que involucraba a los personajes antes mencionados. Información que tienen las autoridades federales y conocen las agencias de Estados Unidos, ya que llevan varias pesquisas en la entidad sobre el grado de penetración de los grupos criminales en el gobierno local.
¿Hasta dónde llegarán estas indagatorias que pondrían en evidencia cómo consiguieron dinero algunas de las corcholatas y otros candidatos? Habrá que esperar, pero con la presión que está haciendo Estados Unidos, podría resolverse a fondo.
Mientras tanto, el procurador de justicia del estado será removido, el gabinete de seguridad federal no confía en él. En su lugar me dicen desde el gobierno federal, que se ha propuesto al abogado Cristhian Gilberto Rodríguez.