En la Ciudad de México hay dos tareas fundamentales que hoy no se están cumpliendo como deberían: hacer política y hacer leyes a partir de análisis objetivos. Ambas tendrían que recuperarse en los próximos años, porque de ellas depende que la ciudad pueda enfrentar sus problemas con seriedad y con visión de largo plazo.
Hacer política, en una ciudad como ésta, debería significar construir acuerdos entre actores distintos sobre el rumbo común, sin cancelar el conflicto, pero sí dándole cauces institucionales. La ciudad pertenece a todos los que la habitan, la gobiernan, la estudian y la disputan; se necesita tanto conducción como espacios reales de deliberación.
Lo que hoy vemos, en cambio, es una ciudad en la que quienes pensamos distinto hemos quedado marginados, mientras el Gobierno de la Ciudad de México no ofrece soluciones suficientes a muchos problemas públicos. En ese contexto, cada tragedia se politiza no porque se busque con rigor a los responsables, sino porque con demasiada frecuencia la prioridad deja de ser transformar la realidad para pasar al frenesí de quien escoge y se casa con un equipo deportivo y clama penalti, sin importar que haya sido un clavado.
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Casos como la caída de una estructura en el Axe Ceremonia o el derrumbe de un edificio en San Antonio Abad muestran esa lógica. Hay responsabilidades directas de las empresas involucradas, pero también responsabilidades indirectas de las autoridades, por acción o por omisión. Sin embargo, lejos de acercarnos a la justicia, estos episodios suelen alejarnos de ella: cada autoridad ofrece su propia versión, y creer en una u otra termina pareciéndose más a un acto de fe que a una confianza fundada en leyes e instituciones.
El problema de fondo no es sólo político, sino también institucional. La existencia de autoridades locales y federales que se acusan mutuamente es, en buena medida, efecto de una arquitectura normativa en la que los accidentes y tragedias no desembocan en auditorías meramente técnicas, sino en disputas dominadas por el cálculo político. Esto ocurre tanto en casos federales, como el descarrilamiento del Ferrocarril Interoceánico, como en tragedias locales, como el desplome de la Línea 12 del Metro.
En un escenario sin intereses políticos, una hipótesis irreal, pero útil, tendríamos que acordar entre todos cómo resolver los problemas comunes sin mirar primero a los aliados ni a los adversarios. Lo que hemos perdido es justamente esa capacidad: la de discutir si una decisión es buena para la ciudad, bajo qué condiciones podría funcionar y qué límites debería tener.
Esa pérdida se nota también en la discusión pública sobre asuntos como el agua, el espacio público o la vivienda. Se parte con frecuencia de consignas: que el agua no se privatiza, que el espacio público no se privatiza, que la vivienda se ha encarecido por las plataformas o por la voracidad de los desarrolladores. A partir de esas premisas, muchos actores del grupo gobernante reflexionan de manera subjetiva, sin indicadores claros, sobre cómo impedir esas supuestas amenazas o cómo restringir a ciertos actores. Pero, en la práctica, la ciudad convive con mafias de piperos, con comercio informal y mobiliario publicitario que ocupan el espacio público, y con niveles bajísimos de producción de vivienda, con o sin desarrolladores voraces.
Por eso, hacer política y hacer leyes exige un proceso más pausado, menos estridente y más orientado al estudio de soluciones posibles. En términos concretos, eso implicaría empoderar a los asesores de los diputados para que funcionen realmente como un brazo técnico, y procurar que la Secretaría de Gobierno esté encabezada por figuras capaces de construir acuerdos entre actores distintos y mantenerlos en la mesa, en vez de agravar la confrontación.
También exige reformular la manera en que enunciamos los problemas públicos. En materia de agua, por ejemplo, la discusión debería concentrarse en la disponibilidad, la calidad y el costo para la población. Puede haber responsabilidades parciales de ciertas industrias, como las embotelladoras, pero el centro del problema no está ahí. El punto esencial es qué tendría que ocurrir en esta ciudad para que cualquier persona, con sólo abrir la llave, tenga acceso a agua potable.
Lo mismo vale para el espacio público, la vivienda, el transporte, la salud o la educación. La meta deseable puede formularse con relativa claridad: acceso universal, asequibilidad y calidad. Pero en vez de construir el camino para alcanzar esa situación, lo que vemos con frecuencia es a los actores políticos distribuyéndose culpas entre sí.
Por ello, la Ciudad de México necesita un ejercicio de gobierno mucho más profesionalizado. Entre ineptitud y demagogia difícilmente vamos a resolver problemas complejos. Para avanzar, harían falta, además de voluntad política, procesos metódicos y repetibles.
Primero, definir con claridad las condiciones ideales del espacio público, del comercio informal, de la provisión de servicios, de los programas sociales y, en general, del alcance concreto del derecho a la ciudad establecido en la Constitución de la Ciudad de México, con un horizonte de treinta años. Esas definiciones deberían ser simples, objetivas y respaldadas por todas las fuerzas políticas. Un ejemplo de esa claridad sería un objetivo como éste: que toda persona habitante de la Ciudad de México tenga acceso expedito a servicios de salud, incluida la atención de alta especialidad.
Segundo, construir políticas públicas de largo plazo a partir de equipos técnicos propuestos por los partidos, pero integrados por personas con trayectoria acreditada. La idea no sería improvisar cada sexenio, sino perfilar políticas por materia con continuidad y horizonte estratégico.
Tercero, asegurar que cada riesgo relevante para la ciudad cuente con una política de gestión del riesgo, y que cada indicador crítico (por ejemplo, las muertes asociadas a ciertos riesgos) tenga una estrategia explícita para reducir tanto su probabilidad como la severidad de sus consecuencias.
Cuarto, garantizar que cada siniestro pueda ser objeto tanto de una investigación o peritaje independiente como de una auditoría libre de conflictos de interés sobre las responsabilidades legales correspondientes.
Quinto, redefinir la misión de la Secretaría de Gobierno para que su tarea principal sea construir acuerdos, consensos y políticas con visión de ciudad, no de partido, y establecer además que quienes la encabecen no asuman roles militantes mientras estén en el cargo.
Yo sí creo que la Ciudad de México puede dar un salto en la solución de sus problemas si adopta una perspectiva de largo plazo. Pero también creo que hoy casi nadie quiere hacer política en ese sentido, y mucho menos el Gobierno de la Ciudad de México, que tendría que ser el principal obligado a ello y que es, justo, quien podría acompañarnos en ese salto adelante.