Parece que, a pesar del rotundo éxito que representó para la Secretaría de la Defensa Nacional la neutralización del objetivo delincuencial más importante de los últimos años —Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”—, ello no parece ser suficiente para la administración del presidente Donald Trump.
Esto quedó claro luego de que, en primera instancia, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante la primera cumbre antidrogas celebrada en Florida con una decena de líderes sudamericanos, advirtiera que los cárteles de la droga representan una “crisis existencial” para el hemisferio. Posteriormente, el propio Trump escaló el tono de estas declaraciones al señalar que el epicentro del problema se encuentra en México, haciendo mímica incluso de algunas expresiones de la presidenta de México sobre la negativa a actuar con elementos armados extranjeros para tal propósito.
Ayer mismo, diversos medios reportaban que el Pentágono analizaba las implicaciones de desplegar “botas en suelo”, expresión que, en la jerga militar estadounidense, se refiere a la presencia directa de tropas en territorio extranjero. Pocas veces conocemos el verdadero trasfondo que se desarrolla entre ambos países —si es que llegan a trascender—, pero lo cierto es que el gobierno mexicano parece verse obligado a enfrentar el problema del narcotráfico desde una dimensión distinta a la que se ha utilizado hasta ahora.
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En el pasado se han realizado intentos por escalar el tratamiento del fenómeno criminal desde el ámbito de la seguridad pública hacia el de la seguridad interior, e incluso hacia acciones propias de la seguridad nacional. Sin embargo, dichos esfuerzos han encontrado resistencia académica, institucional y jurídica que los ha vuelto, en muchos casos, imposibles de materializar. En parte porque, doctrinalmente, no todo fenómeno de violencia organizada puede ni debe ser encuadrado exclusivamente en la seguridad pública, como con frecuencia se ha pretendido.
Bajo esa lógica, el entendimiento predominante reduce a estas organizaciones a simples actores criminales vinculados a la delincuencia organizada transnacional, abordándolas únicamente mediante instrumentos de procuración de justicia y de persecución penal. Si bien en otros países se han adoptado mecanismos como la designación de organizaciones criminales como entidades terroristas o como amenazas a la seguridad nacional, estas figuras no forman parte —ni previsiblemente formarán parte— del sistema jurídico mexicano en los mismos términos, lo que limita la adopción automática de marcos conceptuales desarrollados en otras jurisdicciones.
Sin embargo, ello no significa que el fenómeno deba permanecer confinado exclusivamente al ámbito de la seguridad pública. La evolución de estas organizaciones —su capacidad para ejercer control territorial, desafiar la autoridad del Estado y adoptar tecnologías y tácticas cada vez más sofisticadas, pero, sobre todo, su creciente militarización— configura ya una tipología de insurgencia criminal que obliga a repensar el marco desde el cual se les enfrenta.
El verdadero desafío para el Estado mexicano no consiste necesariamente en trasladar el problema a categorías jurídicas externas. Aunque algunos académicos —y quien escribe estas líneas— hemos planteado incluso la posibilidad de avanzar hacia un tratado hemisférico de seguridad que permita establecer jurisdicciones comunes, procesos penales simultáneos y capacidades conjuntas para enfrentar este fenómeno, el primer paso sigue siendo reconocer la naturaleza híbrida de estos actores y del conflicto que generan.
Porque el problema no puede seguir escondiéndose detrás de categorías que ya resultan insuficientes. Comprender esta realidad implica desarrollar respuestas institucionales que integren, de manera simultánea, capacidades de seguridad pública, de inteligencia, de seguridad interior y, cuando sea necesario, de los instrumentos propios de la seguridad nacional.
Además, hay un elemento que no puede ignorarse. Si el Estado mexicano no actúa con sus propios instrumentos para enfrentar este fenómeno, otros actores terminarán haciéndolo por él. Y eso implicaría consecuencias políticas, jurídicas y estratégicas mucho más complejas a mediano y largo plazo.
Esto no significa desconocer las acciones desarrolladas por el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano ni la refinada inteligencia con la que, en muchos casos, se han ejecutado operaciones recientes. Pero la nueva presión proveniente de Washington plantea un dilema para la presidenta de la República: escalar el conflicto que ya existe con las organizaciones criminales o aceptar que alguien más termine haciéndolo por ella, aunque ninguna de ellas parezcan idóneas
Moneda al aire
Tras lo que parece la liberación del estrecho de Ormuz en Irán, los precios del petróleo encontrarán una estabilidad inmediata, luego de que se anunciaran acciones que parecen determinantes en contra del régimen de los ayatolás, también parece cuestión de tiempo el futuro del nuevo sucesor; y mientras ello, parecería que no hay claridad en un liderazgo que pueda adecuarse a las nuevas condiciones de alineamiento con Israel y Estados Unidos.