Tras años de presiones públicas y legislativas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió el 30 de enero de 2026 cerca de tres millones de páginas de documentos, además de 180 mil imágenes y dos mil videos relacionados con la vida y crímenes del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Esta entrega constituye la mayor publicación oficial desde su sospechoso fallecimiento en prisión en 2019. Ya en diciembre de 2025 el Departamento ya había liberado unas cien mil páginas como parte de la primera fase de divulgación, además de múltiples filtraciones no oficiales que circularon durante años.
La reacción fue inmediata y los medios impresos y digitales se desbordaron en tinta y bytes, movidos por morbo y curiosidad, al difundir nombres que aparecían en documentos y fotografías. El escándalo sacudió gobiernos, monarquías europeas, partidos en el poder, instituciones financieras, escenarios del espectáculo y del deporte e incluso organismos internacionales. Ante la avalancha de acusaciones y la duda sembrada, varios optaron por abandonar sus cargos, demostrando el poder devastador de la sospecha.
Para algunos estas revelaciones confirmaron lo que durante años se había susurrado en voz baja, que las élites políticas, económicas, artísticas y culturales no solo convivían en los mismos círculos de poder, sino que también mantenían vínculos con enclaves oscuros donde se cometían crímenes atroces, actuando como cómplices o encubridores. Para otros lo que emergía era la silueta de un entramado internacional de complicidades, tráfico de influencias, chantaje y compra de voluntades que moldeaba el destino de las naciones, bautizado por muchos como el “deep state”.
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Sin embargo, en medio de este doloroso capítulo hay aspectos que han quedado relegados. El afán morboso por identificar nombres y señalar automáticamente a quienes aparecen como parte del entramado terminó por invisibilizar a las verdaderas protagonistas –las víctimas– quienes además fueron las primeras en dar visibilidad al caso con valentía, pese a haber sido silenciadas, canceladas o incluso desaparecidas. Los documentos confirman lo denunciado –la existencia de una compleja red internacional de tráfico de personas con fines sexuales, muchas de ellas menores de edad, de quienes aún se sabe poco–. Algunas, por miedo, trauma o convicción, no han podido salir públicamente a respaldar la evidencia y fortalecer los casos.
La ética periodística ha brillado por su ausencia en gran parte de los medios, que han preferido alimentar el escándalo antes que equilibrar la información y ofrecer espacios a quienes más lo merecen. Como siempre, se privilegió el morbo, el clickbait y hasta la teoría de la conspiración. Se optó por el exhibicionismo de nombres y la especulación antes que dar voz a las víctimas y afectados, o contribuir a la exigencia de justicia. Se perdió la oportunidad de centrar la narrativa en ellas y abrir el debate sobre cómo enfrentar crímenes en los que los involucrados parecen ser también quienes deberían impartir justicia.
Este enfoque era esencial, ya que las víctimas podrían encontrar en estos archivos una vía hacia la justicia, la reparación y la sanación. Pero la forma en que se ha tratado el asunto, con el morbo imponiéndose sobre la verdad, también las ha alejado. Todo confirma que esa red mantiene controles en múltiples ámbitos, lo que hace que la denuncia siga enfrentando el riesgo de ser infructuosa. Peor aún, los correos electrónicos de un hombre muerto parecen haber terminado valiendo más que las palabras y testimonios de centenares de mujeres víctimas.
Durante décadas se quiso creer que las bases de un sistema de justicia sólido y de controles y equilibrios bastaban para llevar ante la ley incluso a los políticos más poderosos. Lo que hoy se revela contradice esa ilusión, pues demuestra que la independencia de poderes no garantiza por sí sola la justicia. Lo que se constata es la existencia de una red de complicidad y chantaje que no solo refuerza la impunidad, sino que la convierte en norma. Así se perpetúa una estructura internacional que se alimenta de quienes buscan reconocimiento o pertenencia, o dar rienda suelta a sus deseos en impunidad, exhibiendo la miseria de una élite política, social y económica profundamente egoísta y hambrienta de atención.
Una vez más, este caso, por muy escandaloso que resulte, difícilmente cimbrará las bases políticas, económicas y sociales para crear instituciones que garanticen la impartición de justicia. Se quedará en los anales de la historia como una anécdota horrenda más; perdiendo la oportunidad para reconocer que, aunque no siempre sean visibles, existen redes internacionales que delinquen y otras tantas que las protegen sin sanción ni justicia.