Eran las 8 de la noche del día dos de junio de 1998, hace más de 27 años, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas entregó en una sala de juntas del Palacio de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en medio de mucha tensión, un laudo arbitral de 121 páginas a los representantes de Nacional Monte de Piedad y a la organización sindical, dando así por terminada una huelga que parecía irreconciliable, y que se prolongó por 5 meses y medio.
En ese tiempo yo ocupaba el puesto de Director General de Trabajo y Previsión Social, y Saúl Escobar el de Subsecretario de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal. En la sala de Juntas estaban tres representantes de cada parte escuchando al ingeniero Cárdenas en absoluto silencio, quien les dijo:
“Hago entrega de un laudo arbitral en el que se da por terminada la huelga en Nacional Monte de Piedad. Aquí se encuentran las obligaciones de cada parte y deben levantar el día de mañana miércoles 3 de junio a las 13 horas el movimiento de huelga y retirar las banderas rojinegras. Que tengan buenas noches”.
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Cada parte, todos nerviosos, con manos temblorosas, recibieron el documento que contenía el arbitraje, firmando de recibido, además de suscribir un documento en el que renunciaban a presentar un amparo y aceptando el laudo como si fuera cosa juzgada.
El ingeniero Cárdenas, una vez que entregó el arbitraje de la huelga, se retiró y todos los presentes hicimos lo mismo. Recuerdo que al bajar las escaleras del Palacio de Gobierno me encontré a los representantes de Nacional Monte de Piedad que buscaban, apresurados, cuál había sido la resolución.
Al día siguiente, a las trece horas del tres de junio, se levantó la huelga y se retiraron las banderas en todas y cada una de las instalaciones del país. Fue un hecho histórico sin precedentes.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tomó posesión como el primer Jefe de Gobierno el día 5 de diciembre de 1997, y la huelga estalló catorce días después de su llegada: el 19 de diciembre. Yo tenía unos días de haber sido designado Director General de Trabajo y Previsión Social, decisión difícil para mí, ya que toda mi vida me había dedicado a la defensa de trabajadores. Ahora puedo decir con esta clase de experiencias que ser funcionario público marcó mi vida en positivo.
La huelga de Nacional Monte de Piedad estalló en días muy difíciles para los trabajadores, cinco días antes de Nochebuena. Formalmente el gobierno que encabezaba el ingeniero Cárdenas no tenía competencia para conocer del caso por ser del orden federal. Sin embargo, iniciando el mes de enero de 1998, los representantes del sindicato se acercaron para que les ayudáramos a resolver el conflicto. Les comentamos que no era posible legalmente. Que deberían acudir a la Secretaría del Trabajo del ámbito federal, sin embargo, se quejaban de su falta de sensibilidad.
Recuerdo que en el mes de marzo de 1998 le comenté a Saúl Escobar que la Ley Federal del Trabajo permitía que un particular pudiera ser árbitro en el conflicto. Acudimos con el ingeniero Cárdenas para sugerirle que fuera el árbitro que diera por terminada la huelga de Monte de Piedad, que se prolongaba ante la imposibilidad de conciliarlos.
Él se quedó meditando y me pidió que consultara a su Consejero Jurídico, el licenciado Mauro González Luna. A él no lo conocía personalmente y le expuse la importancia de que el ingeniero Cárdenas fuera el árbitro del conflicto, le mostré la disposición en la ley laboral y, de inmediato, me dijo:
“El ingeniero Cárdenas no debe meterse en los conflictos laborales, no es su papel, ni como árbitro ni como conciliador, es un asunto de carácter federal”. A pesar de mi insistencia, me dijo: “no es posible”, se puso de pie y me pidió retirarme.
Desesperanzado y enojado fui a informarle al ingeniero Cárdenas de la opinión de su Consejero Jurídico. Sin embargo, la empresa y el sindicato me insistieron que sólo un personaje como el ingeniero tenía el peso moral para terminar con ese conflicto. Llegó el primero de mayo y la huelga más importante era la de Nacional Monte de Piedad, que se avizoraba desde el Palacio de Gobierno.
Le pedí de nueva cuenta a Saúl Escobar que insistiéramos con el ingeniero Cárdenas. Recuerdo que nos recibió en su oficina y le argumentamos que él era la única persona en quien confiaban las partes, que estaban ya muy desgastadas con la huelga.
Le mostramos los escritos que firmaban las dos partes, sindicato y empresa, con su petición de que aceptara ser el árbitro. Nos dijo:
¡De acuerdo, acepto ser el árbitro!
Saltamos de gusto, mientras él permanecía con mucha seriedad. Yo como abogado previsor ya llevaba el documento en el que aceptaba ser el árbitro, y le pedí que lo firmara, por cualquier cosa que ocurriera.
Me comprometí a elaborar lo más pronto posible el proyecto del laudo arbitral y me acerqué con cierta discreción con el ingeniero Cárdenas para preguntarle: ¿hacia dónde debería enfocar el laudo? Él me respondió de inmediato, sorprendido por mi pregunta:
“Que sea conforme a la ley”.
Su respuesta me dejó impactado y entendí que debería asumir una posición de absoluta imparcialidad. No favorecer a ninguna parte, sino resolver en justicia con base en los razonamientos de cada parte.
Llamamos de inmediato al sindicato y a la empresa e informamos la aceptación del ingeniero Cárdenas como árbitro del conflicto. Le pedimos a cada parte que elaborara un escrito y formulara propuestas de cómo resolverlo. Después de ello, le entregamos a cada parte el escrito de su contraparte para que manifestara sus observaciones. Después tuvimos por separado entrevistas para conocer el fondo del conflicto.
El tiempo apuraba. Ahora la solución estaba en nuestro espacio y esa presión era tremenda. De haberlo hecho ante una autoridad formal, el proceso se pudo haber prolongado por lo menos un par de años. Nosotros terminamos el laudo arbitral en menos de un mes.
El ingeniero Cárdenas pidió que me apoyara en José Altamirano, un abogado laboral de enorme experiencia, de gran cercanía y amistad con él. Me corrigió la redacción, me sugirió cómo escribir de manera clara el laudo y cómo fundamentarlo. Nunca opinó sobre lo que debía resolverse. Era impactante su personalidad, su sabiduría, su imparcialidad y afecto con el ingeniero Cárdenas.
Cuando terminamos el proyecto del laudo se lo dimos a conocer al árbitro. Después de hacer unas observaciones de forma y corregirlo, lo firmó y fue cuando llamamos a las partes para que lo conocieran y levantaran la huelga.
Esa fue una de mis mayores experiencias profesionales que me hizo respetar más a los jueces y a la función pública con sentido social.
En síntesis, el arbitraje ordenó la reinstalación del Secretario General del Sindicato en su modalidad de licencia sindical; otorgar un aumento global de 83% sobre el salario tabulado vigente, un 45% que debería cubrirse de manera retroactiva a partir del 18 de octubre de 1997; un incremento salarial de 20% con vigencia a partir del día siguiente de la emisión de ese laudo arbitral; un incremento de 18% a los salarios, con el cual se tendría por revisado de forma anticipada el Contrato Colectivo de Trabajo por el periodo correspondiente del 19 de octubre de 1998 al 18 de octubre de 1999.
Como parte de la revisión anticipada del Contrato Colectivo de Trabajo, hubo ajustes en vales, reajustes en personal de confianza y sindicalizados.
Ahora, en 2026, el primero de febrero cumplió 4 meses el más reciente conflicto de huelga en Nacional Monte de Piedad sin resolverse aún; y con posiciones encontradas, casi irreconciliables, me hace extrañar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano como árbitro y buen componedor de causas sociales. Un arbitraje como este, que solucionó una huelga, no se ha vuelto a repetir en la historia de México.