A la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), ya la tratan peor que a una sobrina adoptada. La lanzaron sin actuario de por medio, como a una vil desconocida. Tuvo que abandonar sus oficinas de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, para irse de arrimada con su tía más amolada: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), allá por Azcapotzalco.
El 13 de enero fue la fecha límite para que la PROFEDET desalojara. Como si fueran los mayores deudores del gobierno, los abogados públicos, defensores de trabajadores, se fueron a la calle como apestados. Los mandaron a sus casas, desconcertados preguntaban: ¿A dónde nos mandan? ¡A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que anda atestada de expedientes con almas rotas!
La JFCA, la tía amolada, arrastra la salida de 400 abogados, quienes fueron despedidos el año pasado por falta de presupuesto. ¿La acumulación de expedientes? ¿La tardanza en los juicios? Eso poco importa para quienes administran la justicia laboral. En esas instalaciones, todos cargan con jornadas excesivas y montañas de asuntos sin resolver. Ahora, además, tienen de arrimados a quienes defienden a los trabajadores.
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La PROFEDET llegó con sus muebles, expedientes y computadoras viejas, alejándose del Centro de Conciliación, de quien era vecino, y con quien atendía los casos de trabajadores despedidos que no llegaban a un acuerdo con sus patrones.
La llegada del año 2026 no fue buena noticia para los trabajadores en su defensa pública. Apenas llegó enero y la PROFEDET tenía ya una disminución en su presupuesto de casi una cuarta parte: el menos 27.1% real, y menos 24.5% nominal.
A la PROFEDET ya la venían tratando desde 2025 como a muchas dependencias públicas sometidas a la austeridad de piso raso. No había papelería básica. Regularmente proporcionaban por área un paquete de hojas cada dos meses. Los baños como de ciudad perdida, sin papel higiénico ni jabón para lavarse las manos.
Ahora, en casa ajena, la situación no es distinta. Las carencias siguen siendo las mismas, tan evidentes como deplorables. Solo cambió su código postal.
Es lamentable que las instituciones públicas se encuentren en condiciones deplorables, faltos de personal y recursos y boten a sus trabajadores como muebles viejos a lugares donde, en cambio, se requiere dignidad para atender a los trabajadores que se encuentran despedidos.
La reforma laboral puso al final de la fila a los abogados defensores, públicos y privados. Sus servicios no son obligatorios en los Centros de Conciliación. Los trabajadores pueden llegar o no acompañados, sin importar que no sean abogados, pero sí lo son, se les ve mal.
Ellos les dicen: “ustedes todo lo dificultan, hacen cuentas como si fueran a ganar”. En esos Centros de Conciliación prefieren que los trabajadores lleguen solos, sin asesoría especializada, para convencerlos con mayor facilidad.
Así no se construye justicia laboral: se administra la desigualdad y se disfraza de conciliación.
En las oficinas de gobierno presumen una “primavera laboral”.
Yo me pregunto: ¿dónde está?