Como nunca antes en la historia de nuestro país, se ha emprendido una gran campaña para construir vivienda digna al alcance de las familias de menores ingresos. Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció la meta de construir más de 1.8 millones de viviendas, a través del programa “Vivienda para el Bienestar”, a las que puedan acceder derechohabientes y no derechohabientes.
El tema de la adquisición de una vivienda se ha convertido en un reto social de gran envergadura. El encarecimiento de éstas y las numerosas trabas para acceder a un crédito, han perpetuado la imposibilidad de hacerse de una casa o un departamento, para millones de mexicanos.
Diversos estudios del sector inmobiliario, por ejemplo, coinciden en que los pagos de una casa o un departamento, en una zona de mediana plusvalía, rondan entre los quince y veinte mil pesos mensuales. Ahora bien, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, solo el 3.6% de la población tiene ingresos superiores a los veinticinco mil pesos. Es decir que apenas 2.7 millones de mexicanos pueden pagar ese tipo de créditos, que comúnmente se fijan a veinte años.
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Desde la óptica del humanismo mexicano, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, el derecho a la vivienda (como el derecho a la salud y a la educación) se ha fijado como una meta inamovible de la administración pública. El punto es claro: el bienestar debe traducirse en mejores ingresos y en revertir las tendencias de pauperización que se auspiciaron bajo el modelo económico neoliberal. Esto incluye, por supuesto, cerrar las brechas de desigualdad en todos los sentidos, incluido el de la adquisición de una casa propia.
La adquisición de una vivienda, desafortunadamente, se ha inscrito durante décadas en una lógica que responde a la demanda del mercado financiero, pero no a las necesidades de la población. Es un hecho que muchas empresas del sector inmobiliario han concentrado sus modelos de negocio en la generación de plusvalía, a través de la microsegmentación de clientes, lo que ha provocado que millones de familias mexicanas queden excluidas de la posibilidad de comprar una vivienda.
De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, el valor promedio de una vivienda en México, ronda los 1.8 millones de pesos. Sin embargo, la propia Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) considera que para adquirir un crédito hipotecario que permita adquirir ese tipo de vivienda, un mexicano necesita ganar cerca de 64 mil pesos mensuales, para solventar ese y otros gastos básicos. El mismo INEGI señala que tan solo 1.2% de las familias en México supera esa cifra.
Como parte de una primera etapa, el programa “Vivienda para el Bienestar” se fijó la meta de construir 400 mil viviendas, entre 2025 y 2026. De manera reciente, la presidenta de la República entregó las primeras 96 viviendas, de un total de 280 que serán construidas en el desarrollo habitacional La Gloria, en Chiapas; una de las entidades con mayores niveles de desigualdad en todo el país.
En su mensaje, la presidenta Sheinbaum destacó que gracias a este programa se beneficiarán a más de 8 millones de familias en todo el país, con la construcción de viviendas, la reestructuración de créditos del INFONAVIT y con la entrega de apoyos para mejoramiento (Mejoravit).
“El acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México”, dijo nuestra Primera Mandataria con emoción. Y esa emoción, hay que decirlo, se ha contagiado a miles de servidores públicos que han transformado la lógica de la adquisición de vivienda en nuestro país, haciendo posible el sueño de millones de personas que trabajan todos los días para vivir mejor.