De acuerdo con INEGI, la corrupción le cuesta al país cerca del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esto representa poco más de 500 mil millones de pesos anuales. Además del impacto económico, que por supuesto es brutal en agravio de la administración pública, las afectaciones de la corrupción alcanzan esferas tan sensibles como el tejido social, la confianza institucional, la democracia y el desarrollo.
Traigo esto a colación por el nuevo escándalo que involucra a la administración de la alcaldía de Cuauhtémoc y que hoy conocemos gracias a una investigación periodística. Y es que de acuerdo con un medio de circulación nacional, la alcaldía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, habría beneficiado a un grupo empresarial particular con 97 millones de pesos, mediante licitaciones simuladas.
Esto mientras la demarcación enfrenta graves problemas de falta de servicios públicos (alumbrado público deficiente, baches, etcétera) y siendo que esos importantes recursos tendrían que ser invertidos en las necesidades prioritarias de la población: salud, espacios públicos dignos y seguridad. Desafortunadamente, la investigación periodística, ampliamente documentada, señala que un prominente grupo empresarial de Jalisco se ha beneficiado con los recursos de las y los habitantes de la Alcaldía.
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En esta nota titulada “Da la Cuauhtémoc 97 mdp a firmas con las que tiene contratos simulados” (con fecha del 26 de enero del 2026); se exhibe el modus operandi de la Alcaldía encabezada por Rojo de la Vega, la cual habría simulado procesos de competencia, sancionados por el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, para beneficiar al Grupo Meor, ligado al desarrollo de inmuebles tipo Airbnb, que en la Alcaldía Cuauhtémoc han proliferado como en ninguna otra demarcación.
En total, concluye la investigación, la administración de Alessandra Rojo entregó, durante 2025, dieciséis contratos a empresas relacionadas con dicho grupo, sumando cerca de 100 millones de pesos en ganancias, con recursos de quienes habitamos en la Cuauhtémoc. Esto detrimento de la calidad de vida de las personas y por supuesto, en contra de los principios de transparencia y legalidad que deben guiar estos procesos, para permitir la competencia justa de empresas.
Lo cierto es que el velo de la corrupción ha rondado a la Alcaldía durante varios años. Primero bajo la tutela de Sandra Cuevas, hoy vinculada con toda clase de criminales (e impulsada por la misma alianza partidista) y actualmente con Alessandra Rojo de la Vega, quien en más de una ocasión ha sido evidenciada por prácticas irregulares al frente de la administración de la Alcaldía (como los sobrecostos en temas de bacheo o las supuestas donaciones de recursos privados para la instalación de tótems promocionales), dejando en un plano muy lejano la responsabilidad de cara a los ciudadanos.
Pero volviendo al tema del impacto, está comprobado que la corrupción es una de las principales afrentas del Estado de Derecho y el bienestar social. Por décadas, este flagelo ha impedido el desarrollo equitativo de la sociedad mexicana y ha mermado la capacidad de construir sistemas económicos competitivos, justos y transparentes.
Desde hace varios años, el INEGI se ha dado a la tarea de medir la percepción de corrupción en gobiernos locales, incluidos los de la Ciudad de México. Uno de los principales indicadores del impacto de las prácticas de corrupción, de acuerdo con las mediciones, es la afectación en dos vías principales: el patrimonio de las empresas y emprendedores, y en la calidad de vida de los ciudadanos.
En el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc, las extorsiones se volvieron el pan de cada día durante la gestión anterior. Esas mismas investigaciones periodísticas documentaron la complicidad entre autoridades de la Alcaldía y grupos criminales que cobraban “derecho de piso” a todo quien se podía.
Pero hoy, las prácticas de corrupción se han llevado a otro nivel. Y mientras los vecinos de la demarcación padecen las inclemencias de calles en mal estado, aumento de personas en situación de calle, jardines y parques en el abandono, y falta de seguridad en diferentes puntos; la autoridad hace negocios para beneficiar a unos cuantos.