Hace unas semanas señalábamos en esta columna cómo, tras años de presiones públicas y legislativas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América liberó un volumen sin precedentes de material vinculado al caso Jeffrey Epstein. La difusión de millones de páginas de documentos, junto con cientos de miles de imágenes y miles de vídeos, llevó a los medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos, a nombrar personas presuntamente involucradas en los atroces crímenes, más movidos por curiosidad y morbo que por un verdadero afán de esclarecer responsabilidades. Se esperaba que esta revelación tuviera efectos inmediatos sobre políticos sospechosos de nexos con el delincuente sexual convicto, especialmente en Estados Unidos de América, pero el escándalo se quedó en los medios, que difundieron nombres y fotografías sin profundizar en lo esencial, es decir, que la red de complicidades tejida en torno a Epstein muestra cómo estas élites fueron utilizadas y protegidas mediante mecanismos de chantaje y soborno, en un entramado internacional que delinque y se protege a sí mismo, perdiendo además la oportunidad de dar a las víctimas la razón y el cobijo que merecen.
Fue en Europa donde el escándalo adquirió mayor resonancia, afectando directamente a la élite política de varios países. En casos menores, involucrados en el escándalo se vieron forzados a abandonar patronatos y organizaciones benéficas, incluso aquellas dedicadas a apoyar a víctimas de violencia, dejando tras de sí un daño reputacional difícil de reparar y confirmando que la sombra de la sospecha puede ser tan devastadora como una condena judicial.
Pero en otros casos, la evidencia confirmó lo que por años se había sospechado, que no se trataba de episodios aislados sino de una larga historia de privilegios cuestionados. En los Países Bajos, la prensa local recogió denuncias contra miembros de la familia real neerlandesa por presuntos abusos sexuales, lo que se sumó a un clima de creciente escrutinio sobre la institución y reavivó testimonios históricos de víctimas que afirmaban haber sido agredidas por figuras de la realeza europea. En Noruega, este caso coincidió con las acusaciones contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, por violación y violencia doméstica, sacudieron profundamente a la familia real y pusieron en entredicho su imagen pública.
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Más evidente aún fue el caso de Andrew Mountbatten-Windsor –hermano del rey Carlos III, quien tras años de rumores y fotografías comprometedoras se vio obligado a renunciar a sus títulos nobiliarios y a retirarse de la vida pública– arrestado en febrero de 2026 bajo sospecha de misconduct in public office, un hecho sin precedentes en la historia moderna de la monarquía británica que obligó al actual monarca a emitir un comunicado comprometiéndose a respetar la ley y sus disposiciones. Esto confirmó también lo que durante años señalaron diversas informaciones periodísticas sobre el acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022 con Virginia Giuffre, que implicó un pago millonario y su salida definitiva de las funciones oficiales, y donde los fondos del acuerdo habrían presuntamente provenido de la propia familia real, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos de las monarquías.
Las monarquías europeas son vestigios del pasado medieval, convertidas en símbolos de tradición y poder. Aunque muchas se presentan hoy como instituciones constitucionales u ornamentales, siguen desempeñando un papel activo en la vida política y social y por ello son objeto de críticas constantes por su financiación pública. Más relevante aún es la observación de que los miembros de las familias reales han gozado históricamente de privilegios semejantes a los de las élites políticas y sociales, accediendo a información y espacios de decisión sin estar sujetos a las mismas consecuencias legales. Ese “velo invisible” que acompaña el título de “familia real” ha servido como escudo frente a la justicia y es momento de cuestionarlo y modificarlo.
Durante muchos años, salvo contadas excepciones, los integrantes de estas familias se han amparado en la impunidad y en el cobijo de la riqueza y el poder. El caso Epstein abre un espacio propicio para reflexionar sobre los alcances de la información y beneficios a los que acceden sin sanción y sobre la necesidad de reforzar marcos normativos que aseguren que nadie esté fuera del alcance de la justicia. Un comunicado de la cabeza de la familia real llamando a la rendición de cuentas puede ser simbólico, pero resulta insuficiente, y en unos momentos hasta resulta cómplice. En este escenario se abre la posibilidad de desmontar el blindaje histórico de las monarquías, de modo que en los países donde aún persisten sus estructuras los integrantes de estas familias no se refugien únicamente en el escarnio social, sino que enfrenten procesos judiciales reales que rompan con siglos de impunidad. Lo fundamental es garantizar seguridad, dignidad y reparación a las víctimas y demostrar que, sin importar el origen de la familia, cualquier persona puede ser llamada a responder ante la justicia.