En Baja California, donde la Fiscalía General de la República carga expedientes de alto impacto y una desconfianza pública crónica, el nombramiento del delegado federal no debería admitir dudas: tendría que ser un perfil incuestionable, con solvencia técnica, prestigio y autonomía. Por eso resulta difícil no ver como una provocación institucional que el exjuez Aníbal Castro Borbón —señalado públicamente por favorecer liberaciones de presuntos delincuentes— sea quien, según fuentes citadas por ZETA, llegue a encabezar la delegación de la FGR en el estado.
La primera pregunta no es si puede, sino por qué. Porque el dato político y el dato ético chocan de frente con el dato de conveniencia pública.
El 8 de mayo de 2025, nada menos que en la conferencia matutina presidencial, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, lo acusó de haber emitido 15 resoluciones que favorecieron el egreso de delincuentes. No fue una crítica de pasillo ni un rumor filtrado: fue un señalamiento desde el aparato de seguridad del Estado, en el foro más visible del país. Y ocurrió, además, en vísperas de la elección judicial en la que Castro Borbón buscaba reelegirse como juez; elección que finalmente perdió. Es decir: la propia narrativa pública del gobierno lo colocó como un problema, no como un activo.
Te podría interesar
A eso se añade un hecho aún más incómodo: la FGR ya lo había colocado en el foco. En su comunicado 288/24, fechado el 6 de junio de 2024, la Fiscalía señaló a Castro Borbón como uno de los jueces que concedieron libertad vigilada a dos exfuncionarios del IMSS vinculados al caso Guardería ABC, una herida que sigue abierta en Sonora y en el país entero: 49 niñas y niños muertos y decenas de heridos. La discusión jurídica puede matizarse, sí; pero el peso simbólico y social de esas decisiones es enorme. Si la propia FGR lo exhibió entonces como parte del problema, ¿con qué lógica lo convierte ahora en su representante máximo en Baja California?
El cuadro se agrava cuando aparece otro elemento: Castro Borbón figuró entre los aspirantes a quienes el Senado y la Cámara de Diputados debían retirar candidatura por no cumplir el requisito de “buena reputación”. Aunque el estándar de “reputación” pueda ser debatible, políticamente es devastador: un Estado que presume combate a la impunidad no puede, sin costo, colocar al frente de una fiscalía regional a alguien formalmente cuestionado por ese parámetro.
Lo que queda es la impresión de un nombramiento que no responde a mérito, sino a acomodos. Porque, además, su trayectoria —según los datos disponibles— es predominantemente judicial y administrativa: licenciado en Derecho (UVM Hermosillo), posgrado y doctorado en un instituto privado; años como secretario en tribunales y juzgados en Chihuahua y Tijuana; y juez federal en Sonora. Todo ello puede ser experiencia jurídica, pero no necesariamente perfil de delegado de FGR en un estado fronterizo atravesado por crimen organizado, trasiego, lavado, tráfico de personas y presión binacional. Ser delegado no es “ser abogado con toga”; es dirigir, coordinar, resistir presiones locales, administrar una agenda penal estratégica y sostener credibilidad pública. Y si el antecedente público del designado es precisamente la sospecha de beneficiar a imputados con resoluciones “cuestionables”, el nombramiento se vuelve contradictorio.
En ese contexto, la sustitución de Victorino Porcayo —tras casi ocho años— por un perfil polémico no se lee como renovación, sino como reacomodo. Y cuando un reacomodo llega con antecedentes de señalamientos desde Seguridad federal y desde la propia FGR, el ciudadano termina concluyendo lo obvio: que hay intereses de terceros empujando el tablero. No hace falta probar la mano invisible para ver el resultado: un puesto clave entregado a alguien que, por percepción pública y por antecedentes, debiera estar lejos de la representación institucional.
El costo no es menor. Si la FGR en Baja California pretende perseguir redes criminales y sostener casos sólidos, necesita algo elemental: confianza. Y la confianza no se decreta; se construye con coherencia. Nombrar delegado a alguien marcado por acusaciones de favorecer liberaciones manda el mensaje inverso: que las instituciones no se depuran, se reciclan.
Si este nombramiento se confirma, la FGR no sólo deberá explicar “por qué él”, sino responder la pregunta de fondo: ¿a quién sirve realmente este tipo de decisiones: a la justicia o a quienes necesitan un delegado complaciente?