Las y los miembros del PRIAN celebran la intervención de los Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela. Quisieran que esta acción unilateral y condenable se repitiera en otras latitudes del continente americano, incluso algunos ansían que ocurriese en nuestro país pensando que con ello lo “salvan” de quién sabe cuántos males que ellos inventan. Pero lo único que incuban con sus dichos y deseos, es una potencial traición a la patria, actúan como lobos que quieren ponerse piel de oveja, pero el pueblo lo sabe y por eso no cree sus mentiras ni les da su respaldo.
Es indispensable reivindicar en estos momentos dos principios que han dado coherencia, dignidad y reconocimiento internacional a México: el de no intervención en asuntos propios de otras naciones y la autodeterminación de los pueblos. No se trata de una consigna coyuntural ni de una postura ideológica pasajera, sino de una convicción histórica que ha permitido a nuestro país conducirse con respeto frente a las demás naciones y exigir ese mismo respeto en el ámbito internacional.
Los hechos recientes en Venezuela obligan a recordar el origen y la fuerza jurídica de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pilares de la diplomacia mexicana. Estos no emanan de ocurrencias políticas, sino de nuestra Constitución Política, particularmente del artículo 89, fracción X, que establece con claridad los principios normativos que deben regir la política exterior del Estado mexicano. Ahí se consagran, además de los principios ya mencionados, la solución pacífica de controversias, la proscripción del uso de la fuerza y la igualdad jurídica entre los Estados.
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Con base en este mandato constitucional y en los tratados internacionales suscritos por México, no puede más que resultar inaceptable y condenable la reciente intervención militar en Venezuela. La intromisión extraterritorial, la extracción forzada de un mandatario en funciones y la amenaza de tutelaje externo, constituyen actos que vulneran de manera directa la voluntad soberana de un pueblo. Guardar silencio o justificar estos hechos equivale a abrir la puerta para que mañana se repitan en otros territorios, incluso en el nuestro.
Ser omisos ante estas agresiones sería, en los hechos, una forma de complicidad. Por ello es necesario ser claros y firmes: la defensa de la soberanía no admite ambigüedades. Como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: más allá de cualquier opinión sobre un régimen de gobierno, no se puede consentir el uso de la fuerza militar para imponer decisiones políticas o judiciales. Esa práctica viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional vigente.
La historia del continente americano demuestra que la injerencia de Estados Unidos en la región no ha traído democracia ni estabilidad, sino conflictos, despojo y sufrimiento. Pensar lo contrario es ignorar una memoria colectiva marcada por intervenciones que respondieron siempre a intereses económicos y geopolíticos, nunca al bienestar de los pueblos.
Resulta además cínico que desde el PRIAN se pretenda dar lecciones de derechos humanos. Los herederos políticos de Gustavo Díaz Ordaz, de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa no pueden borrar la historia de represión, violencia y autoritarismo que marcó a sus gobiernos. El pueblo de México tiene memoria y no olvida el 68 ni los crímenes cometidos contra quienes exigían respeto al voto y a la dignidad humana.
Hoy, más que nunca, la defensa de la soberanía es un deber colectivo. No es patrimonio de un partido ni de un gobierno, sino una responsabilidad histórica frente a la nación. La célebre frase del Benemérito de la Américas, Benito Juárez, lo resume: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Este principio sigue siendo la mejor guía para construir buenas relaciones con la comunidad internacional.