La captura de Nicolás Maduro ha sido severamente criticada, por muchos países, en términos de la legalidad y legitimidad de la decisión. Salvo algunos personajes, no se defiende a la dictadura ni a las acusaciones de narcotráfico que se le están haciendo.
Entre los diversos cuestionamientos sobresalen los que se anteponen a los intereses económicos y electorales del presidente Donald Trump, pero también sobre la forma arbitraria en la que el mandatario ignora los principios y valores más elementales de la democracia.
La democracia tiene, entre otros objetivos, generar bienestar en la población y estabilidad política, económica y social duradera. Las intervenciones militares, los golpes de Estado y los ataques a la soberanía de las naciones apuntan, ciertamente, en sentido contrario.
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En cualquier escenario, queda claro que detrás de este tipo de acciones hay un abuso de poder. Muchas veces se hace en nombre de la democracia, el bien común, la seguridad y la justicia, entre otros. Pero en muy pocas ocasiones los argumentos son ciertos.
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Nadie puede negar que el poder es para ejercerse, con todos los recursos disponibles. Quien no procede de esta forma, no entiende la esencia de la política. El bienestar de la población no se logra sin un manejo eficaz del poder. El buen líder lo sabe.
Sin embargo, tan malo es el abuso como la inacción, la indolencia o la falta de preparación. Pero no sólo de quienes están en la posición de mayor fuerza. También de quienes lo permiten. Gracias a los equilibrios y contrapesos la democracia avanza y se consolida.
El problema radica en que, para que el sistema funcione mejor, es indispensable poner límites. Para eso están las constituciones, las leyes, las reglas que de ella emanan y los códigos de ética, porque es muy fácil que quien tiene un poder sin límites se convierta en una figura autoritaria, déspota o impune.
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Aún más. Los presidentes también deben estar acotados por los otros poderes del Estado; por los límites de tiempo que tienen para gobernar; por la alternancia en el poder (que sólo se puede dar cuando existen las condiciones para que hayan partidos de oposición); y por la supervisión de los órganos de control independientes y autónomos relacionados con la rendición de cuentas.
A partir de estas consideraciones básicas, se puede deducir que el abuso de poder va más allá de la imposición de la autoridad por medio de la fuerza física o las intervenciones militares. Quienes utilizan los recursos del Estado para perpetuarse en el poder vulneran las reglas de la democracia, atentan contra la población, debilitan la justicia y ponen en riesgo su legitimidad.
No importa si se trata de personas, grupos de interés o partidos políticos. Quienes así actúan, lo hacen afectando los derechos de la gente, distorsionando el marco jurídico e incrementando los abusos de muchas de las autoridades, porque si en las altas esferas del poder no se respeta la ley, ¿por qué tendrían que acatarse en los otros espacios institucionales?
Con base en estas consideraciones, la invasión de Venezuela y la aprehensión de Nicolás Maduro nos permiten recordar que:
- Nadie debe estar por encima de las leyes nacionales e internacionales.
- Ningún jefe de Estado debe someter o aniquilar a los otros poderes institucionales establecidos.
- Los jefes de Estado deberían ser juzgados y sancionados si violan la ley.
- Gobernar no es un privilegio vitalicio, sino una responsabilidad temporal que otorga la ciudadanía.
- Los jefes de Estado están obligados a explicar las decisiones que toman, pero con argumentos razonables, creíbles y justificados.
Sin límites, el poder político tiende al autoritarismo; con límites, la ciudadanía percibe a sus líderes como autoridades legítimas y confiables.
Si los principios son claros, ¿por qué se siguen dando este tipo de abusos? La explicación está en el exceso de poder que tienen algunos jefes de Estado. Está en el retorno del populismo y la polarización. Está en el debilitamiento de las ideologías. Está en la crisis de confianza social y en la crisis de los partidos políticos. Está en la corrupción y en la impunidad.
Supongamos, por un momento, que lo que están haciendo sea en beneficio de los pueblos que gobiernan. Sin embargo, con los giros, acciones y actitudes que estamos viendo, ¿qué pasará con estos líderes —y cómo afectarán a la población— si otros que lleguen en el futuro quisieran traspasar nuevos límites e ir todavía más lejos?
En el caso de Venezuela y en muchos otros, llama la atención que al autoritarismo se le destruya con más autoritarismo. Por supuesto que no parece lógico, pero sí es muy preocupante.
Recomendación editorial: Noam Chomsky. Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia. Barcelona, España: B. Ediciones, 2017.